El gobierno federal se declaró anoche dispuesto a alcanzar, junto con todas las fuerzas políticas del país, un "pacto de neutralidad electoral" para las elecciones del próximo año, e incluso para los comicios presidenciales de 2012.
El objetivo será favorecer la competencia electoral en un marco de respeto a las reglas democráticas, la no intervención de autoridades locales y federales, el impulso a una mayor participación ciudadana, y evitar por todos los medios que dinero de procedencia ilícita se incorpore a las campañas políticas.
La Secretaría de Gobernación, que encabeza Francisco Blake Mora, dio a conocer lo anterior a nombre del gobierno de la república, y subrayó que se requiere que los procesos electorales se den en condiciones de transparencia, legalidad y equidad financiera, operativa y mediática, de modo tal que sean aceptados en su desarrollo y resultados para todos los contendientes.
En un comunicado de prensa, la dependencia añadió que está preparada "para la instalación inmediata de la mesa correspondiente con todos los partidos, a fin de establecer los mecanismos para cumplir con los fines planteados".
Recordó que durante la comparecencia del secretario de Gobernación en la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados, el pasado viernes, el PRI, en voz de la legisladora Claudia Ruiz Massieu, preguntó acerca de la disposición del gobierno federal para firmar un pacto de neutralidad política, a fin de garantizar la realización de elecciones legales y tranquilas.
"Ante tal cuestionamiento el secretario de Gobernación enfatiza que el gobierno federal, con pleno respeto a la autonomía de los órganos electorales, federales y locales, está comprometido a favorecer el desarrollo político del país, con procesos electorales equitativos, transparentes, competitivos y seguros", añadió.
Advirtió, sin embargo, que "la eficacia de dicho pacto sólo será posible con la participación decidida en el mismo de todos los gobernadores del país".
Añadió la dependencia que dicho pacto "puede ser un buen indicio para la posterior discusión de la reforma política que el Ejecutivo federal presentó al Congreso y que busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El objetivo será favorecer la competencia electoral en un marco de respeto a las reglas democráticas, la no intervención de autoridades locales y federales, el impulso a una mayor participación ciudadana, y evitar por todos los medios que dinero de procedencia ilícita se incorpore a las campañas políticas.
La Secretaría de Gobernación, que encabeza Francisco Blake Mora, dio a conocer lo anterior a nombre del gobierno de la república, y subrayó que se requiere que los procesos electorales se den en condiciones de transparencia, legalidad y equidad financiera, operativa y mediática, de modo tal que sean aceptados en su desarrollo y resultados para todos los contendientes.
En un comunicado de prensa, la dependencia añadió que está preparada "para la instalación inmediata de la mesa correspondiente con todos los partidos, a fin de establecer los mecanismos para cumplir con los fines planteados".
Recordó que durante la comparecencia del secretario de Gobernación en la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados, el pasado viernes, el PRI, en voz de la legisladora Claudia Ruiz Massieu, preguntó acerca de la disposición del gobierno federal para firmar un pacto de neutralidad política, a fin de garantizar la realización de elecciones legales y tranquilas.
"Ante tal cuestionamiento el secretario de Gobernación enfatiza que el gobierno federal, con pleno respeto a la autonomía de los órganos electorales, federales y locales, está comprometido a favorecer el desarrollo político del país, con procesos electorales equitativos, transparentes, competitivos y seguros", añadió.
Advirtió, sin embargo, que "la eficacia de dicho pacto sólo será posible con la participación decidida en el mismo de todos los gobernadores del país".
Añadió la dependencia que dicho pacto "puede ser un buen indicio para la posterior discusión de la reforma política que el Ejecutivo federal presentó al Congreso y que busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Luciano Franco, La Crónica, 27 de septiembre.
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