La salida de Cecilia Romero Castillo del Instituto Nacional de Migración (INM) marcará el nuevo rumbo de la dependencia, pues en adelante se buscará una sinergia de la institución con las diversas agencias de seguridad federales.
Dado que en los últimos años el crimen organizado ha encontrado una importante fuente de ingresos en el tráfico de migrantes, el INM debe operar con una mayor coordinación con agencias policiales, militares y de inteligencia que están encargadas de combatir a las bandas de delincuentes que trafican, extorsionan e incluso asesinan a los trabajadores indocumentados que cruzan por México en busca de llegara Estados Unidos, comentó un alto funcionario del gobierno federal.
Dijo que el INM también deberá tener una mayor coordinación, tanto con las autoridades de los estados por los que entran y cruzan los migrantes, como con los gobiernos de las naciones expulsoras.
El posible sustituto
El funcionario aclaró que aunque el instituto trabajará con las agencias de seguridad, nunca se criminalizará a los trabajadores indocumentados, “pues el combate es contra los delincuentes que lucran con el fenómeno migratorio”.
Debido al perfil que el gobierno federal busca dar al INM, el nuevo comisionado deberá tener experiencia en temas de seguridad, añadió. Aunque aún no se ha tomado la decisión acerca de quién suplirá a Romero, fuentes del gobierno aseguran que entre los candidatos se encuentra Edgardo Flores Campbell, un funcionario cercano al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Francisco Blake, y quien ha trabajado en labores policiales y de inteligencia.
Flores Campbell, oriundo de Baja California, trabajó como coordinador de giras en la campaña presidencial Calderón.
Buscarán mayor coordinación
El 25 de agosto, durante la conferencia en la que el vocero de la Estrategia de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, informó sobre el asesinato de 72 migrantes a manos de presuntos zetas, el funcionario habló sobre la necesidad de que el INM trabaje en coordinación con autoridades estatales y de gobiernos extranjeros.
“La Secretaría de Gobernación ha presentado un informe al respecto, que describe las tareas del Instituto Nacional de Migración en la materia y la necesidad de un combate coordinado con las entidades federativas en este tema y, también, con los países de origen desde donde los migrantes se enganchan con las redes de tráfico de personas”, dijo.
Comentó que “el hecho de que la delincuencia organizada esté recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento, y en ocasiones de reclutamiento, sugiere, como lo han señalado algunos expertos, que algunas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar personas que voluntariamente quieran participar en estas bandas criminales.
“Por ello la acción del Estado debe hacerse aún más firme en contra de las organizaciones, a fin de poder reducir al máximo sus capacidades para evitar eventos lamentables y construir con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes, las instituciones policíacas, ministeriales y judiciales que garanticen la seguridad de los mexicanos”, afirmó.
Dado que en los últimos años el crimen organizado ha encontrado una importante fuente de ingresos en el tráfico de migrantes, el INM debe operar con una mayor coordinación con agencias policiales, militares y de inteligencia que están encargadas de combatir a las bandas de delincuentes que trafican, extorsionan e incluso asesinan a los trabajadores indocumentados que cruzan por México en busca de llegara Estados Unidos, comentó un alto funcionario del gobierno federal.
Dijo que el INM también deberá tener una mayor coordinación, tanto con las autoridades de los estados por los que entran y cruzan los migrantes, como con los gobiernos de las naciones expulsoras.
El posible sustituto
El funcionario aclaró que aunque el instituto trabajará con las agencias de seguridad, nunca se criminalizará a los trabajadores indocumentados, “pues el combate es contra los delincuentes que lucran con el fenómeno migratorio”.
Debido al perfil que el gobierno federal busca dar al INM, el nuevo comisionado deberá tener experiencia en temas de seguridad, añadió. Aunque aún no se ha tomado la decisión acerca de quién suplirá a Romero, fuentes del gobierno aseguran que entre los candidatos se encuentra Edgardo Flores Campbell, un funcionario cercano al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Francisco Blake, y quien ha trabajado en labores policiales y de inteligencia.
Flores Campbell, oriundo de Baja California, trabajó como coordinador de giras en la campaña presidencial Calderón.
Buscarán mayor coordinación
El 25 de agosto, durante la conferencia en la que el vocero de la Estrategia de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, informó sobre el asesinato de 72 migrantes a manos de presuntos zetas, el funcionario habló sobre la necesidad de que el INM trabaje en coordinación con autoridades estatales y de gobiernos extranjeros.
“La Secretaría de Gobernación ha presentado un informe al respecto, que describe las tareas del Instituto Nacional de Migración en la materia y la necesidad de un combate coordinado con las entidades federativas en este tema y, también, con los países de origen desde donde los migrantes se enganchan con las redes de tráfico de personas”, dijo.
Comentó que “el hecho de que la delincuencia organizada esté recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento, y en ocasiones de reclutamiento, sugiere, como lo han señalado algunos expertos, que algunas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar personas que voluntariamente quieran participar en estas bandas criminales.
“Por ello la acción del Estado debe hacerse aún más firme en contra de las organizaciones, a fin de poder reducir al máximo sus capacidades para evitar eventos lamentables y construir con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes, las instituciones policíacas, ministeriales y judiciales que garanticen la seguridad de los mexicanos”, afirmó.
José Gerardo Mejía, EL Universal, 15 de septiembre.
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