La guerra contra el crimen ha fracasado: investigador

Debilidad institucional, descoordinación entre federación y estados, rezago social y un sistema de procuración de justicia dependiente del Poder Ejecutivo son las cuatro causas estructurales de la inseguridad en nuestro país, según Pedro Salazar Ugarte, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Antes de desmenuzar estos factores y más allá de especular si en el 2006 Felipe Calderón tenía o no otra alternativa para enfrentar al crimen, el investigador asegura que en el 2010 hay evidencia de que su estrategia ha fracasado.

“Calderón declaró erradamente una guerra a la delincuencia, sobre todo en el tramo militar, y abandonó la ruta de los procedimientos institucionales ordinarios, pero hasta ahora no ha sido una maniobra eficaz para dar seguridad, sino que además ha tenido consecuencias negativas”.

¿Cuáles?, la cuestión.

“Hoy es más fácil contar los muertos que los detenidos y procesados judicialmente; las autoridades, el Ejército en primera plana, han incurrido en graves excesos y con ello han perdido credibilidad, lo que anuncia una crisis de legitimidad del Estado frente a su ciudadanía y supone un duro golpe a la imagen de una de las instituciones, la milicia, que gozaba de amplia aceptación”.

Sin embargo, señala, la responsabilidad no es sólo del gobierno federal: “Líderes partidistas, legisladores y gobernadores, lejos de asumir que la amenaza de la seguridad exige acciones coordinadas, han optado por sacar ventaja política de la situación”.

Causas: fragilidad institucional. “La transición democrática en México, en la cual se pasó de un sistema de partido hegemónico a uno pluripartidista tuvo efectos no deseados ni previstos: aumentó la vulnerabilidad de la sociedad y del Estado frente al crimen organizado, porque detrás del régimen autoritario no existían instituciones fuertes, sino arreglos políticos eficientes”, dice Salazar.

Y apunta que “un Estado débil que enfrenta una criminalidad organizada; al no encontrar interlocutores para negociar, ha tenido que optar por estrategias que no son las de un estado constitucional y democrático, como el debido proceso legal, persecución e investigación, sino por el enfrentamiento frontal y militar”.

Descoordinación. “Durante décadas, el federalismo mexicano fue simulado, porque el presidente operaba desde el centro a todos los niveles de gobierno, con el arribo de la pluralidad política, la autonomía de los estados frente a los poderes federales cobró una dinámica inusitada, pero ésta no se ha traducido en un federalismo creado bajo una lógica de coordinación nacional”.

La desorganización, en el tema de seguridad pública, afirma, tiene secuelas importantes, “aunque en teoría el combate es tarea de autoridades federales y para que sea exitoso es indispensable la coordinación con todos los niveles y poner encima de las políticas de gobierno, las políticas de estado. Sin embargo, en tiempos electorales el tema se ha convertido en un frente más de disputa; el reto que impone la delincuencia no es para el gobierno en turno, sino para el estado en su conjunto”.

Si se dispersan los esfuerzos institucionales en la lucha anticrimen, “se abren puertas para que sean cooptados funcionarios públicos en cargos estratégicos y se infiltren campañas políticas con recursos ilícitos”.

Dependencia. “El principal déficit del sistema de administración de justicia es que depende política y estructuralmente de los titulares de los poderes ejecutivos; así, la justicia se somete a la política”.

Este esquema“anula los mecanismos de control y rendición de cuentas en el desempeño de funcionarios públicos y frena la creación de un servicio ministerial que permita la profesionalización en labores de investigación”.

Fragmentación social. “El rezago social se traduce en una sociedad fragmentada y desigual que no es capaz de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones, cada año 500 mil jóvenes que alcanzan la edad de trabajar o que han terminado sus estudios no encuentran empleo, por lo cual quedan relegados al subempleo o al trabajo precario”.

Aunque hoy México cuenta con la masa de jóvenes más grande de su historia, “ya comienza a diluirse sin que hayamos producido el empleo necesario para aprovecharla, y tampoco existe oferta educativa: 3 de 4 jóvenes en edad universitaria no acceden a ella, hablamos de 7 millones 250 mil”.

—¿Hay una relación directa entre la ausencia de oportunidades para el sector juvenil y la delincuencia?

—No la pretendo encontrar, pero la cohesión social es una condición necesaria para blindar a los estados contra poderes salvajes. La exclusión y la fragmentación social abonan en el terreno de la inseguridad., porque el narco ejerce atracción sobre los jóvenes: ¿por qué no enrolarse en las filas de una organización que ofrece identidad, sentido de pertenencia y salario en un contexto en el que Estado, gobierno y sociedad han dado la espalda?

Pese al fracaso de la formula calderonista, Pedro Salazar opta por el optimismo: “El crimen organizado no es una catástrofe natural, sino una calamidad producto de decisiones y acciones humanas y, por ello, a pesar de su virulencia y mortandad contagiosa, sí puede ser derrotado”.

Afirma que, a la larga, “la ruta del estado constitucional y democrático de derecho es la mejor apuesta para lograrlo”.

—¿Cuál debería ser el primer paso?

—Colocar la agenda social como prioridad nacional, porque sólo con políticas sociales incluyentes y universales, la sociedad mexicana se verá representada por sus instituciones y podrá proyectar un plan de vida digno dentro del orden estatal.

Lo contrario, es decir, las políticas represivas, “sólo seguirán expulsando a las nuevas generaciones hacia alternativas de pertenencia y acción anti-institucional; una política social constituye también una política de seguridad y es el blanco en el que más se ha fallado”.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 19 de septiembre.