A dos semanas de la masacre en Tamaulipas, el Senado de la República aprobó ayer una reforma para que los migrantes que en su paso por México sean víctimas de un abuso o delito, puedan presentar una denuncia penal o una queja en materia de derechos humanos sin que tengan que ser deportados a su país.
Actualmente, cualquier extranjero puede interponer una queja o denuncia, pero las autoridades mexicanas le exigen su documentación y si son ilegales son remitidos inmediatamente al Instituto Nacional de Migración.
En consecuencia, los migrantes no ejercen ese derecho por el temor a ser deportados, dijeron los senadores del PRD, Rubén Velázquez, y del PAN, Guillermo Tamborrel.
"Con esta reforma, un migrante que es víctima de algún abuso o delito puede recurrir a la autoridad correspondiente con la garantía de que no será deportado, pues tendrá que permanecer en el País mientras se resuelve su solicitud", explicó el panista.
Los legisladores afirman que esto ayudará a documentar qué delitos y abusos se cometen contra los migrantes, así como las rutas de las bandas del crimen organizado, incluyendo a los tratantes de personas.
"No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles", indica la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población.
El cambio, que fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación, establece que aquellos empleados de la Secretaría de Gobernación que cometan actos u omisiones que violen los derechos de los migrantes serán suspendidos 30 días en su trabajo o destituidos definitivamente de sus cargos.
En la reforma se agregó un artículo transitorio para que la Cámara de Diputados asigne el presupuesto necesario para garantizar la factibilidad técnica de esta reforma.
Tamborrel añadió que las dependencias involucradas deberán adecuar sus reglamentos para darle operatividad a esta nueva norma general.
En la tribuna, senadores del PRD, PRI, PAN y PT celebraron la reforma aprobada, pues explicaron que está encaminada principalmente a los transmigrantes que se dirigen a Estados Unidos, y que es una manera de protegerlos.
Incluso, lamentaron la masacre de 72 migrantes indocumentados en Tamaulipas y aseguraron que la CNDH ha reportado que existen 10 mil migrantes o transmigrantes que han sido o asesinados, secuestrados, violentados en su persona y en su patrimonio.
"Ese corredor de la muerte es lo que nos tiene que venir a explicar la señora (Cecilia) Romero, (titular de Migración) porque transporta órganos, indocumentados, prostitutas en potencia.
"Y no es posible que no tengamos como País... la decencia de garantizar que mexicanos y extranjeros, que protegidos por el artículo 11 Constitucional cruzan el territorio nacional, no puedan ser protegidos en sus pertenencias y en su integridad física", recriminó la senadora priista Rosario Green.
Actualmente, cualquier extranjero puede interponer una queja o denuncia, pero las autoridades mexicanas le exigen su documentación y si son ilegales son remitidos inmediatamente al Instituto Nacional de Migración.
En consecuencia, los migrantes no ejercen ese derecho por el temor a ser deportados, dijeron los senadores del PRD, Rubén Velázquez, y del PAN, Guillermo Tamborrel.
"Con esta reforma, un migrante que es víctima de algún abuso o delito puede recurrir a la autoridad correspondiente con la garantía de que no será deportado, pues tendrá que permanecer en el País mientras se resuelve su solicitud", explicó el panista.
Los legisladores afirman que esto ayudará a documentar qué delitos y abusos se cometen contra los migrantes, así como las rutas de las bandas del crimen organizado, incluyendo a los tratantes de personas.
"No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles", indica la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población.
El cambio, que fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación, establece que aquellos empleados de la Secretaría de Gobernación que cometan actos u omisiones que violen los derechos de los migrantes serán suspendidos 30 días en su trabajo o destituidos definitivamente de sus cargos.
En la reforma se agregó un artículo transitorio para que la Cámara de Diputados asigne el presupuesto necesario para garantizar la factibilidad técnica de esta reforma.
Tamborrel añadió que las dependencias involucradas deberán adecuar sus reglamentos para darle operatividad a esta nueva norma general.
En la tribuna, senadores del PRD, PRI, PAN y PT celebraron la reforma aprobada, pues explicaron que está encaminada principalmente a los transmigrantes que se dirigen a Estados Unidos, y que es una manera de protegerlos.
Incluso, lamentaron la masacre de 72 migrantes indocumentados en Tamaulipas y aseguraron que la CNDH ha reportado que existen 10 mil migrantes o transmigrantes que han sido o asesinados, secuestrados, violentados en su persona y en su patrimonio.
"Ese corredor de la muerte es lo que nos tiene que venir a explicar la señora (Cecilia) Romero, (titular de Migración) porque transporta órganos, indocumentados, prostitutas en potencia.
"Y no es posible que no tengamos como País... la decencia de garantizar que mexicanos y extranjeros, que protegidos por el artículo 11 Constitucional cruzan el territorio nacional, no puedan ser protegidos en sus pertenencias y en su integridad física", recriminó la senadora priista Rosario Green.
Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 10 de septiembre.
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