La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) está obligada a hacer cumplir las medidas cautelares que disponga el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) a los concesionarios
La Segunda Sala del Alto Tribunal subrayó que al ser juicios administrativos sobre actos realizados por concesionarios de las redes de telecomunicaciones, las autoridades administrativas son las obligadas a vigilar que estas disposiciones se cumplan.
En este sentido, puntualizó que el Tribunal no puede exigir a los particulares el cumplimiento de dichas medidas cautelares ni imponerles sanciones por desacato, pues sus acciones derivan de actos de alguna autoridad.
Añadió que el TFJFA sí puede ordenar a la Cofetel la debida vigilancia de los títulos de concesión para que provean lo necesario para su debido acatamiento. De esta forma, los ministros de la Segunda Sala resolvieron una contradicción de tesis que se suscitó entre dos tribunales colegiados de circuito; estaban en desacuerdo respecto a qué órgano debía exigir el cumplimiento de medidas cautelares a los concesionarios.
PRESIóN. Grupo Iusacell extendió una denuncia penal contra los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Francisco Molinar Horcasitas y de la Cofetel, Mony de Swaan por el uso indebido de sus facultades y atribuciones en el proceso de licitación de la banda 1.7 Gigahertz (Ghz)
El representante legal de la telefónica, Rafael Rodríguez, dijo que el documento presentado ante la Unidad Especializada para Delitos de Servidores Públicos de la PGR expone que la autoridad ha llevado a cabo actos y omisiones que afectan gravemente al erario federal.
La Segunda Sala del Alto Tribunal subrayó que al ser juicios administrativos sobre actos realizados por concesionarios de las redes de telecomunicaciones, las autoridades administrativas son las obligadas a vigilar que estas disposiciones se cumplan.
En este sentido, puntualizó que el Tribunal no puede exigir a los particulares el cumplimiento de dichas medidas cautelares ni imponerles sanciones por desacato, pues sus acciones derivan de actos de alguna autoridad.
Añadió que el TFJFA sí puede ordenar a la Cofetel la debida vigilancia de los títulos de concesión para que provean lo necesario para su debido acatamiento. De esta forma, los ministros de la Segunda Sala resolvieron una contradicción de tesis que se suscitó entre dos tribunales colegiados de circuito; estaban en desacuerdo respecto a qué órgano debía exigir el cumplimiento de medidas cautelares a los concesionarios.
PRESIóN. Grupo Iusacell extendió una denuncia penal contra los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Francisco Molinar Horcasitas y de la Cofetel, Mony de Swaan por el uso indebido de sus facultades y atribuciones en el proceso de licitación de la banda 1.7 Gigahertz (Ghz)
El representante legal de la telefónica, Rafael Rodríguez, dijo que el documento presentado ante la Unidad Especializada para Delitos de Servidores Públicos de la PGR expone que la autoridad ha llevado a cabo actos y omisiones que afectan gravemente al erario federal.
La Crónica, 23 de septiembre.
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