Al dar el triunfo definitivo al candidato del PRI a la elección de Durango el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “valida la irrupción de comandos armados que abrieron fuego en las casillas ahuyentando a los votantes” en los comicios locales, aseguró anoche el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Al conocer la decisión del TEPJF, el Partido Acción Nacional lamentó la resolución y acusó al tribunal de validar “graves irregularidades”.
Por una diferencia de 15 mil 514 votos frente a la coalición Durango nos Une, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio ayer el triunfo definitivo al priísta Jorge Herrera Caldera, porque las pruebas en su contra “no cumplen los requisitos legales”.
Los magistrados avalaron el proyecto que determinó que el 4 de julio en Durango, el robo de seis urnas electorales con violencia y disparos no fueron determinantes para anular los comicios, porque “fueron los de mayor participación en la historia de la entidad”.
“En el estado de Durango tenemos acreditado el robo de seis urnas de la elección para gobernador; el disparo de armas al aire en 18 casillas ubicadas en un centro receptor de la votación; aun cuando no fue generalizado, todo hecho de violencia es reprochable”, afirmó la magistrada presidenta María del Carmen Alanís.
Tras su fallo, la votación final quedó: para el PRI, 293 mil 806 votos; para la coalición Durango Nos Une, 278 mil 292 votos con José Rosas Aispuro como candidato; para el PT, 25 mil 366; para el PVEM, 5 mil 595, y para el Partido Duranguense, 3 mil 653 sufragios.
El magistrado Esteban Penagos afirmó que en un estado democrático es reprochable cualquier acto de violencia, pero tratándose de la pretensión de que se anule la elección, es necesario que los hechos se prueben de manera generalizada.
Alanís, quien presentó el proyecto, admitió que el país atraviesa por una situación de inseguridad, donde las instituciones del Estado, así como los partidos, deben de proteger y salvaguardar la integridad de los procesos democráticos.
“Es una responsabilidad compartida entre autoridades y actores políticos el que la competencia democrática mantenga estándares de seguridad que haga que la ciudadanía ejerza su derecho de votar y de ser votado en condiciones de seguridad, civilidad y respeto”.
Pese a las criticas al fallo, el PAN aseguró que aceptará la resolución del Tribunal Electoral, y reiteró su respeto a la democracia y las instituciones.
Al conocer la decisión del TEPJF, el Partido Acción Nacional lamentó la resolución y acusó al tribunal de validar “graves irregularidades”.
Por una diferencia de 15 mil 514 votos frente a la coalición Durango nos Une, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio ayer el triunfo definitivo al priísta Jorge Herrera Caldera, porque las pruebas en su contra “no cumplen los requisitos legales”.
Los magistrados avalaron el proyecto que determinó que el 4 de julio en Durango, el robo de seis urnas electorales con violencia y disparos no fueron determinantes para anular los comicios, porque “fueron los de mayor participación en la historia de la entidad”.
“En el estado de Durango tenemos acreditado el robo de seis urnas de la elección para gobernador; el disparo de armas al aire en 18 casillas ubicadas en un centro receptor de la votación; aun cuando no fue generalizado, todo hecho de violencia es reprochable”, afirmó la magistrada presidenta María del Carmen Alanís.
Tras su fallo, la votación final quedó: para el PRI, 293 mil 806 votos; para la coalición Durango Nos Une, 278 mil 292 votos con José Rosas Aispuro como candidato; para el PT, 25 mil 366; para el PVEM, 5 mil 595, y para el Partido Duranguense, 3 mil 653 sufragios.
El magistrado Esteban Penagos afirmó que en un estado democrático es reprochable cualquier acto de violencia, pero tratándose de la pretensión de que se anule la elección, es necesario que los hechos se prueben de manera generalizada.
Alanís, quien presentó el proyecto, admitió que el país atraviesa por una situación de inseguridad, donde las instituciones del Estado, así como los partidos, deben de proteger y salvaguardar la integridad de los procesos democráticos.
“Es una responsabilidad compartida entre autoridades y actores políticos el que la competencia democrática mantenga estándares de seguridad que haga que la ciudadanía ejerza su derecho de votar y de ser votado en condiciones de seguridad, civilidad y respeto”.
Pese a las criticas al fallo, el PAN aseguró que aceptará la resolución del Tribunal Electoral, y reiteró su respeto a la democracia y las instituciones.
José Gerardo Mejía, El Universal, 13 de septiembre.
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