La cobertura periodística sobre la violencia del narcotráfico en México es dictada cada vez más por los cárteles de la droga, que imponen a los medios de comunicación la disyuntiva "silencio o muerte".
Así lo advirtió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un informe especial.
Ante asesinatos, secuestros, amenazas o sobornos a periodistas, aseveró la organización no gubernamental, los medios se autocensuran sin que el Gobierno federal intervenga.
Calificó la problemática como devastadora, pues pone en riesgo el periodismo de primera línea, con el cual se informa la sociedad.
En el informe "Silencio o muerte en la prensa mexicana", el CPJ señaló que el País se ha convertido en una de las naciones más peligrosas para la profesión desde que el Presidente Felipe Calderón lanzó su combate contra el crimen organizado, en 2006.
Desde entonces, indicó, han sido asesinados 22 periodistas y tres repartidores, y en ocho casos está confirmado que se trató de represalias por exponer crímenes y corrupción.
Otros siete periodistas están desaparecidos y es muy probable que estén muertos, señaló.
"La realidad es que el Gobierno está perdiendo tanto la guerra de la información como la guerra en las calles.
Tal y como describe este informe, la batalla por el libre flujo de la información en México ha llegado a una fase crucial.
"A menos que el Gobierno de México emprenda acciones enérgicas, los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es. Y esa no es la forma de ganar la guerra contra el narcotráfico", advirtió Joel Simon, director ejecutivo de CPJ.
Resultado de cuatro años de investigaciones, según señaló, el informe retrata la problemática que enfrentan reporteros en Tamaulipas, quienes ante el asesinato de compañeros, o las amenazas, han dejado de cubrir situaciones de violencia.
Inclusive, pone como ejemplo, no son publicados conflictos en los que se sospecha que está involucrado el narcotráfico, como corrupción en oficinas de trámites municipales.
El informe enfatizó que el Cártel del Golfo domina a las autoridades del municipio de Reynosa, pero que no se difunde en los medios porque están cooptados o bajo amenaza.
La situación se agrava, agregó, porque 90 por ciento de los casos contra periodistas no han sido esclarecidos, factor que coloca al País detrás de Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán, Nepal y Rusia.
Así lo advirtió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un informe especial.
Ante asesinatos, secuestros, amenazas o sobornos a periodistas, aseveró la organización no gubernamental, los medios se autocensuran sin que el Gobierno federal intervenga.
Calificó la problemática como devastadora, pues pone en riesgo el periodismo de primera línea, con el cual se informa la sociedad.
En el informe "Silencio o muerte en la prensa mexicana", el CPJ señaló que el País se ha convertido en una de las naciones más peligrosas para la profesión desde que el Presidente Felipe Calderón lanzó su combate contra el crimen organizado, en 2006.
Desde entonces, indicó, han sido asesinados 22 periodistas y tres repartidores, y en ocho casos está confirmado que se trató de represalias por exponer crímenes y corrupción.
Otros siete periodistas están desaparecidos y es muy probable que estén muertos, señaló.
"La realidad es que el Gobierno está perdiendo tanto la guerra de la información como la guerra en las calles.
Tal y como describe este informe, la batalla por el libre flujo de la información en México ha llegado a una fase crucial.
"A menos que el Gobierno de México emprenda acciones enérgicas, los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es. Y esa no es la forma de ganar la guerra contra el narcotráfico", advirtió Joel Simon, director ejecutivo de CPJ.
Resultado de cuatro años de investigaciones, según señaló, el informe retrata la problemática que enfrentan reporteros en Tamaulipas, quienes ante el asesinato de compañeros, o las amenazas, han dejado de cubrir situaciones de violencia.
Inclusive, pone como ejemplo, no son publicados conflictos en los que se sospecha que está involucrado el narcotráfico, como corrupción en oficinas de trámites municipales.
El informe enfatizó que el Cártel del Golfo domina a las autoridades del municipio de Reynosa, pero que no se difunde en los medios porque están cooptados o bajo amenaza.
La situación se agrava, agregó, porque 90 por ciento de los casos contra periodistas no han sido esclarecidos, factor que coloca al País detrás de Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán, Nepal y Rusia.
Luis Brito, Reforma, 9 de septiembre.
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