CIUDAD DE MÉXICO. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mediante su presidente Alejandro Aguirre, consideró que la violencia en México contra la prensa obedece a un proceso global y regional ligado con la proliferación del crimen organizado, por lo que es necesario “pedir la responsabilidad regional y multilateral” para brindar protección a los periodistas.
Al condenar el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco y las lesiones a Carlos Manuel Sánchez Colunga, ambos del periódico “El Diario” de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció desde Miami en un comunicado que en la reunión del 22 de septiembre con el presidente Felipe Calderón se abordará el tema de seguridad y violencia contra la prensa en México.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) condenaron el crimen, que se convierte en el décimo primer periodista asesinado del año en el país.
RSF pidió a Calderón revisar su plan de lucha contra el crimen organizado por su alto nivel de impunidad, ya “que continúa siendo ineficaz, como lo prueba una vez más esta tragedia”.
En el mensaje “La violencia contra los periodistas no tiene fin”, la organización internacional indicó que en México “la violencia extrema afecta a los profesionales de la prensa, como a la población en general”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Ejecutivo aplicar de “inmediato” acciones que impidan más crímenes y que “protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo”.
La CNDH pide investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades esclarecer el atentado, ya que se vulnera el derecho a la información de toda la sociedad. El ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendáriz, dijo que coadyuvará en las indagatorias.
“El Diario de Juárez” se cuestionó en su editorial del viernes a quién recurrir o pedir justicia, cuando las demandas por anteriores pérdidas, ataques e intimidaciones contra la libertad de expresión han llegado a oídos sordos.
“En un país en el que las autoridades han demostrado su incompetencia, ¿a quién pedir cuentas? (...) Si los poderes fácticos que pretenden callarnos cuentan con la anuencia por omisión de los poderes establecidos, ¿entonces quién le dará voz a los miles que a diario son subyugados en medio de esta absurda guerra que no pedimos?”.
Al condenar el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco y las lesiones a Carlos Manuel Sánchez Colunga, ambos del periódico “El Diario” de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció desde Miami en un comunicado que en la reunión del 22 de septiembre con el presidente Felipe Calderón se abordará el tema de seguridad y violencia contra la prensa en México.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) condenaron el crimen, que se convierte en el décimo primer periodista asesinado del año en el país.
RSF pidió a Calderón revisar su plan de lucha contra el crimen organizado por su alto nivel de impunidad, ya “que continúa siendo ineficaz, como lo prueba una vez más esta tragedia”.
En el mensaje “La violencia contra los periodistas no tiene fin”, la organización internacional indicó que en México “la violencia extrema afecta a los profesionales de la prensa, como a la población en general”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Ejecutivo aplicar de “inmediato” acciones que impidan más crímenes y que “protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo”.
La CNDH pide investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades esclarecer el atentado, ya que se vulnera el derecho a la información de toda la sociedad. El ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendáriz, dijo que coadyuvará en las indagatorias.
“El Diario de Juárez” se cuestionó en su editorial del viernes a quién recurrir o pedir justicia, cuando las demandas por anteriores pérdidas, ataques e intimidaciones contra la libertad de expresión han llegado a oídos sordos.
“En un país en el que las autoridades han demostrado su incompetencia, ¿a quién pedir cuentas? (...) Si los poderes fácticos que pretenden callarnos cuentan con la anuencia por omisión de los poderes establecidos, ¿entonces quién le dará voz a los miles que a diario son subyugados en medio de esta absurda guerra que no pedimos?”.
Silvia Otero, REforma, 18 de septiembre.
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