En contrapropuesta al proyecto presidencial, la bancada del PRI en el Senado prepara una reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer con claridad las responsabilidades y funciones de los cuerpos policiacos federal, estatal y municipal.
De acuerdo con un documento interno de la bancada, los cambios permitirán definir las funciones que estarán bajo la responsabilidad de cada tipo de Policía.
Los priistas reconocen que las facultades y distribución de competencias de las corporaciones no están definidas explícitamente en la Constitución.
"La Constitución no fija con claridad las competencias de la Policía federal y estatales. Éstas se resuelven mediante la interpretación. La propuesta es que la Ley las especifique", señala.
"El modelo flexible se construye a partir de cambios mínimos al marco constitucional y no considera la creación de una policía nacional ni la desaparición de las municipales", señala.
El planteamiento, que aún no ha sido formalizado como iniciativa, establece que el nuevo sistema se basará en tres niveles de Policía, cada uno con funciones, competencias y recursos específicos y determinados claramente.
"Las diferencias se basan en funciones y no en la adscripción territorial", detalla.
La propuesta se articula sobre sistemas de información y certificación y reconoce la diversidad de los municipios.
El planteamiento busca dejar en claro los recursos que requerirá cada corporación y hasta los casos en los que se permitirá la intervención del nivel superior de Policía, por el incumplimiento de otra corporación.
Los legisladores del PRI sostienen que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente, se percibe una marcada influencia de la federación, los incentivos para la participación de los estados y municipios no son claros, y la coordinación enfrenta problemas muy serios.
"El flujo de información es limitado, los órganos técnicos no son operativos, persiste el uso ineficiente de recursos y los órganos colegiados no toman decisiones ni asumen responsabilidades", se enumera en el análisis.
Según el PRI, la reforma es necesaria porque actualmente no existen mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y las policías municipales no tienen una función definida con claridad, como política pública en materia de seguridad.
Los legisladores del PRI también presentan un diagnóstico sobre la situación de los cuerpos policiacos en el País.
Reconocen que el desempeño es insatisfactorio, que los ciudadanos tienen desconfianza y que los mandos enfrentan problemas recurrentes de corrupción y hasta la captura por la delincuencia organizada.
Según el tricolor, las Policías operan en condiciones precarias, sin protección, sin recursos humanos, técnicos y materiales, sin coordinación, sin objetivos claros, con muchas demandas de servicios y sin prestigio.
De acuerdo con un documento interno de la bancada, los cambios permitirán definir las funciones que estarán bajo la responsabilidad de cada tipo de Policía.
Los priistas reconocen que las facultades y distribución de competencias de las corporaciones no están definidas explícitamente en la Constitución.
"La Constitución no fija con claridad las competencias de la Policía federal y estatales. Éstas se resuelven mediante la interpretación. La propuesta es que la Ley las especifique", señala.
"El modelo flexible se construye a partir de cambios mínimos al marco constitucional y no considera la creación de una policía nacional ni la desaparición de las municipales", señala.
El planteamiento, que aún no ha sido formalizado como iniciativa, establece que el nuevo sistema se basará en tres niveles de Policía, cada uno con funciones, competencias y recursos específicos y determinados claramente.
"Las diferencias se basan en funciones y no en la adscripción territorial", detalla.
La propuesta se articula sobre sistemas de información y certificación y reconoce la diversidad de los municipios.
El planteamiento busca dejar en claro los recursos que requerirá cada corporación y hasta los casos en los que se permitirá la intervención del nivel superior de Policía, por el incumplimiento de otra corporación.
Los legisladores del PRI sostienen que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente, se percibe una marcada influencia de la federación, los incentivos para la participación de los estados y municipios no son claros, y la coordinación enfrenta problemas muy serios.
"El flujo de información es limitado, los órganos técnicos no son operativos, persiste el uso ineficiente de recursos y los órganos colegiados no toman decisiones ni asumen responsabilidades", se enumera en el análisis.
Según el PRI, la reforma es necesaria porque actualmente no existen mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y las policías municipales no tienen una función definida con claridad, como política pública en materia de seguridad.
Los legisladores del PRI también presentan un diagnóstico sobre la situación de los cuerpos policiacos en el País.
Reconocen que el desempeño es insatisfactorio, que los ciudadanos tienen desconfianza y que los mandos enfrentan problemas recurrentes de corrupción y hasta la captura por la delincuencia organizada.
Según el tricolor, las Policías operan en condiciones precarias, sin protección, sin recursos humanos, técnicos y materiales, sin coordinación, sin objetivos claros, con muchas demandas de servicios y sin prestigio.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 21 de octubre.
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