El presidente de la comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, el panista Javier Corral Jurado, aseguró que el Congreso debe actuar penal y administrativamente en contra de quienes entregaron la concesión de espectro —vía licitación 21— a Televisa y Nextel.
Delineó las vías de acción penal y juicio político en contra de los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Función Pública, Juan Molinar Horcasitas y Salvador Vega Casillas; de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Federal de Competencia (Cofeco).
La entrega de la concesión del espectro a Nextel y Televisa significa que los concesionarios no pagarán derechos por 15 meses, equivalentes a alrededor de 2 mil millones de pesos.
“Esta operación se inscribe en la dinámica de claudicación que los poderes constitucionales del Estado han hecho de sus deberes, frente a las componendas y chantajes con que los poderes fácticos, específicamente Televisa, han hecho avanzar sus intereses particulares, por encima del interés general”.
“En la entrega irregular de franjas del espectro radioeléctrico a consorcios de reconocido poder comunicacional a título de ganga política y no a su valor real, los servidores públicos han declarado públicamente que se entregaría el título de concesión, por lo que el reproche legal debe ser contundente, pues se trata de una ilegalidad que bien pudiera constituir responsabilidad política, administrativa y penal”, dijo.
El viernes pasado, un juez dejó sin efecto el asunto de la licitación 21, lo que fue aprovechado para entregar la concesión, a pesar de que se debía esperar a otras instancias judiciales.
La secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que no violaron ninguna ley, y que “no hay vuelta atrás”.
Corral insistió en que las partes interesadas, del gobierno y de particulares, ejercieron un intenso cabildeo en el Congreso, y en todas las instancias para “amarrar” la licitación.
“Cabildearon operadores, especialmente de Grupo Televisa, así como de la misma SCT, la Cofetel y la Cofeco. El Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para exentar del pago de derechos a los ganadores de la licitación 21, con base en la adición del artículo 244-E en la Ley Federal de Derechos”.
Explicó el panista que “la iniciativa, en su versión original presentada por legisladores del PRI, proponía que la exención fuera exclusivamente para los nuevos operadores en telefonía móvil, pero ante la evidente parcialidad hacia Televisa —desde entonces se advertía que esta empresa sería el único nuevo operador— y la posibilidad de que se impugnara la medida y se declarara inconstitucional, el incentivo se amplió a todos los operadores que resultaran ganadores de alguna porción del espectro dentro de la licitación 21”.
Añadió que también gozarán de este beneficio las empresas de mayor importancia en la industria de América Latina (Telefónica y Telcel)”.
Insistió en que el Congreso debe alzar la voz en este caso y asumir un papel de Estado ante decisiones del gobierno que privilegia a particulares.
Delineó las vías de acción penal y juicio político en contra de los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Función Pública, Juan Molinar Horcasitas y Salvador Vega Casillas; de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Federal de Competencia (Cofeco).
La entrega de la concesión del espectro a Nextel y Televisa significa que los concesionarios no pagarán derechos por 15 meses, equivalentes a alrededor de 2 mil millones de pesos.
“Esta operación se inscribe en la dinámica de claudicación que los poderes constitucionales del Estado han hecho de sus deberes, frente a las componendas y chantajes con que los poderes fácticos, específicamente Televisa, han hecho avanzar sus intereses particulares, por encima del interés general”.
“En la entrega irregular de franjas del espectro radioeléctrico a consorcios de reconocido poder comunicacional a título de ganga política y no a su valor real, los servidores públicos han declarado públicamente que se entregaría el título de concesión, por lo que el reproche legal debe ser contundente, pues se trata de una ilegalidad que bien pudiera constituir responsabilidad política, administrativa y penal”, dijo.
El viernes pasado, un juez dejó sin efecto el asunto de la licitación 21, lo que fue aprovechado para entregar la concesión, a pesar de que se debía esperar a otras instancias judiciales.
La secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que no violaron ninguna ley, y que “no hay vuelta atrás”.
Corral insistió en que las partes interesadas, del gobierno y de particulares, ejercieron un intenso cabildeo en el Congreso, y en todas las instancias para “amarrar” la licitación.
“Cabildearon operadores, especialmente de Grupo Televisa, así como de la misma SCT, la Cofetel y la Cofeco. El Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para exentar del pago de derechos a los ganadores de la licitación 21, con base en la adición del artículo 244-E en la Ley Federal de Derechos”.
Explicó el panista que “la iniciativa, en su versión original presentada por legisladores del PRI, proponía que la exención fuera exclusivamente para los nuevos operadores en telefonía móvil, pero ante la evidente parcialidad hacia Televisa —desde entonces se advertía que esta empresa sería el único nuevo operador— y la posibilidad de que se impugnara la medida y se declarara inconstitucional, el incentivo se amplió a todos los operadores que resultaran ganadores de alguna porción del espectro dentro de la licitación 21”.
Añadió que también gozarán de este beneficio las empresas de mayor importancia en la industria de América Latina (Telefónica y Telcel)”.
Insistió en que el Congreso debe alzar la voz en este caso y asumir un papel de Estado ante decisiones del gobierno que privilegia a particulares.
Andrea Merlos, El Universal, 3 de octubre.
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