Salvador Rocha Díaz, abogado de Grupo Salinas, afirmó tras conocer la entrega del título de concesión de la licitación 21 a Nextel-Televisa, que a partir de este lunes se procederá legalmente en contra de esta decisión a todas luces ilegal.
Dijo que el argumento esgrimido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que no había recibido las notificaciones judiciales para suspender la entrega de los títulos que permitirán la explotación de una frecuencia de 30 megahercios por sólo 180 millones de pesos, es un discurso falso, porque “están claramente notificados y eso lo tendrá que determinar un juez cuando analice la responsabilidad en que incurre Juan Molinar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en desacato a dos órdenes judiciales manifiestamente notificadas”.
En entrevista con La Jornada explicó que con esta decisión Molinar Horcasitas incurre en al menos tres tipos de responsabilidades que tendrá que desahogar en estas circunstancias.
La primera, dijo, es de carácter administrativo y consiste básicamente en que la autoridad judicial le ordene al secretario de Comunicaciones y Transportes que deje sin efecto el suscrito porque los títulos se entregaron en contra de los mandatos judiciales, que fueron ordenados por jueces federales.
En segundo término, abundó, hay una responsabilidad penal, por lo que habrá que presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que el agente del Ministerio Público federal determine si se cometió algún delito al desacatarse el mandato judicial federal.
Mencionó que el Código Penal Federal establece los diversos delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos federales y sus posibles sanciones.
Dijo que se tendría que presentar la denuncia correspondiente y la analizaría la Cámara de Diputados, como jurado de acusación y luego la turnará al Senado para determinar las sanciones correspondientes.
Si se confirma que hay una responsabilidad política de Molinar Horcasitas será destituido e inhabilitado y eso es lo que va a suceder.
“De principio actuaremos con la mayor rapidez posible”, anticipó.
Este proceso ha sido cuestionado por la comunidad académica, el Congreso y algunos ex funcionarios porque se estima que el daño al erario al entregar una concesión a precio de ganga es de al menos 5 mil millones de pesos,
Rocha Díaz destacó que no cabe duda que el señor Molinar ha estado empeñado en lograr que no haya respeto al principio de libre competencia y un respeto a la legalidad.
Eso, dijo, es lo que nos ha mantenido activos y lo hemos hecho con toda la diligencia que el caso requiere y esto igualmente lo haremos con la misma diligencia.
Sin embargo, aclaró que en principio ahora corresponde a un juez tomar la decisión después de que analice la responsabilidad del secretario Molinar Horcasitas, al entregar los títulos de concesión en desacato a dos órdenes judiciales clara y manifiestamente notificadas.
Dijo que el argumento esgrimido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que no había recibido las notificaciones judiciales para suspender la entrega de los títulos que permitirán la explotación de una frecuencia de 30 megahercios por sólo 180 millones de pesos, es un discurso falso, porque “están claramente notificados y eso lo tendrá que determinar un juez cuando analice la responsabilidad en que incurre Juan Molinar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en desacato a dos órdenes judiciales manifiestamente notificadas”.
En entrevista con La Jornada explicó que con esta decisión Molinar Horcasitas incurre en al menos tres tipos de responsabilidades que tendrá que desahogar en estas circunstancias.
La primera, dijo, es de carácter administrativo y consiste básicamente en que la autoridad judicial le ordene al secretario de Comunicaciones y Transportes que deje sin efecto el suscrito porque los títulos se entregaron en contra de los mandatos judiciales, que fueron ordenados por jueces federales.
En segundo término, abundó, hay una responsabilidad penal, por lo que habrá que presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que el agente del Ministerio Público federal determine si se cometió algún delito al desacatarse el mandato judicial federal.
Mencionó que el Código Penal Federal establece los diversos delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos federales y sus posibles sanciones.
Dijo que se tendría que presentar la denuncia correspondiente y la analizaría la Cámara de Diputados, como jurado de acusación y luego la turnará al Senado para determinar las sanciones correspondientes.
Si se confirma que hay una responsabilidad política de Molinar Horcasitas será destituido e inhabilitado y eso es lo que va a suceder.
“De principio actuaremos con la mayor rapidez posible”, anticipó.
Este proceso ha sido cuestionado por la comunidad académica, el Congreso y algunos ex funcionarios porque se estima que el daño al erario al entregar una concesión a precio de ganga es de al menos 5 mil millones de pesos,
Rocha Díaz destacó que no cabe duda que el señor Molinar ha estado empeñado en lograr que no haya respeto al principio de libre competencia y un respeto a la legalidad.
Eso, dijo, es lo que nos ha mantenido activos y lo hemos hecho con toda la diligencia que el caso requiere y esto igualmente lo haremos con la misma diligencia.
Sin embargo, aclaró que en principio ahora corresponde a un juez tomar la decisión después de que analice la responsabilidad del secretario Molinar Horcasitas, al entregar los títulos de concesión en desacato a dos órdenes judiciales clara y manifiestamente notificadas.
Israel Rodríguez, La Jornada, 3 de octubre.
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