El PAN en la Cámara de Diputados hizo un llamado a las demás fuerzas políticas a “entrarle ya” a los pendientes y deficiencias que tiene la reforma electoral 2007-2008, para disipar riesgos y cerrar espacios a la impunidad en los comicios federales de 2012, cuando se pondrá en juego la Presidencia de la República.
El diputado Agustín Castilla Marroquín, consejero del PAN ante el IFE, señaló la falta de una legislación secundaria al artículo 134 constitucional, lo cual ha propiciado que actores políticos “eludan la observancia de la ley o incumplan con la misma y consecuentemente se fomente la impunidad”, porque no se han definido las sanciones.
En entrevista, destacó la certeza en los resultados que proporciona el actual sistema electoral, pero “es muy caro”, por lo que reafirmó la decisión de Acción Nacional de disminuir los costos de los comicios, por lo que insistirá en reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos, que es de unos tres mil millones de pesos en año no electoral, entre otras modificaciones legales.
Aclaró que para el IFE, en cambio, se buscará asignarle los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos del año próximo, que ese instituto ha calculado en unos 10 mil millones de pesos.
“No podemos recortarle el presupuesto de manera arbitraria o discrecional, porque estaríamos complicando todo este proceso de preparación de la elección presidencial de 2012”, expuso.
El diputado panista destacó la designación en puerta de tres consejeros electorales, la cual a su juicio tiene que basarse en los perfiles de los aspirantes y no en “cuotas” partidistas o como “moneda de cambio”, porque se pone en riesgo la legitimidad de los resultados de los próximos comicios presidenciales y “hasta la estabilidad política del país”.
Castilla Marroquín explicó que el Legislativo tiene hasta antes de julio de 2011 para hacer reformas electorales y que éstas se apliquen para la elección presidencial del año siguiente; “es decir, ya tenemos el tiempo encima y hay muchos temas pendientes en la materia”.
El diputado federal panista urgió también a precisar en el cuerpo normativo las definiciones de calumnia y denigración, las cuales están prohibidas en las campañas y en la propaganda electoral a fin de evitar la guerra sucia.
México. Daniel Venegas, Milenio, 3 de octubre.
El diputado Agustín Castilla Marroquín, consejero del PAN ante el IFE, señaló la falta de una legislación secundaria al artículo 134 constitucional, lo cual ha propiciado que actores políticos “eludan la observancia de la ley o incumplan con la misma y consecuentemente se fomente la impunidad”, porque no se han definido las sanciones.
En entrevista, destacó la certeza en los resultados que proporciona el actual sistema electoral, pero “es muy caro”, por lo que reafirmó la decisión de Acción Nacional de disminuir los costos de los comicios, por lo que insistirá en reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos, que es de unos tres mil millones de pesos en año no electoral, entre otras modificaciones legales.
Aclaró que para el IFE, en cambio, se buscará asignarle los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos del año próximo, que ese instituto ha calculado en unos 10 mil millones de pesos.
“No podemos recortarle el presupuesto de manera arbitraria o discrecional, porque estaríamos complicando todo este proceso de preparación de la elección presidencial de 2012”, expuso.
El diputado panista destacó la designación en puerta de tres consejeros electorales, la cual a su juicio tiene que basarse en los perfiles de los aspirantes y no en “cuotas” partidistas o como “moneda de cambio”, porque se pone en riesgo la legitimidad de los resultados de los próximos comicios presidenciales y “hasta la estabilidad política del país”.
Castilla Marroquín explicó que el Legislativo tiene hasta antes de julio de 2011 para hacer reformas electorales y que éstas se apliquen para la elección presidencial del año siguiente; “es decir, ya tenemos el tiempo encima y hay muchos temas pendientes en la materia”.
El diputado federal panista urgió también a precisar en el cuerpo normativo las definiciones de calumnia y denigración, las cuales están prohibidas en las campañas y en la propaganda electoral a fin de evitar la guerra sucia.
México. Daniel Venegas, Milenio, 3 de octubre.
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