El Presidente Felipe Calderón acató la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió al Senado reformar el fuero militar para que los soldados y marinos sean juzgados en tribunales civiles cuando cometan los delitos de tortura, violación y desaparición forzada.
De acuerdo con el paquete de reformas, que modifica un total de cinco ordenamientos, los elementos de las fuerzas armadas que incurran en esos crímenes serán encerrados en cárceles militares, con el objetivo proteger su vida y de que no sean corrompidos por integrantes de la delincuencia organizada que purgan condenas en los penales federales.
La única excepción aplicará con los militares que estén acusados de participar en actividades del narcotráfico, ya que en ese caso tendrán que ser recluidos en penales de máxima seguridad.
En la exposición de motivos el titular del Ejecutivo propone que el delito de desaparición forzada prescriba hasta los 35 años.
Los elementos de las tropas castrenses o funcionarios públicos que sean juzgados y sentenciados por ese delito no tendrán acceso al indulto, amnistía o beneficio preliberacional alguno.
Calderón plantea que este crimen sea castigado con una sanción de entre 20 y 50 años de cárcel, cuando se trate de un funcionario público.
La pena disminuirá a entre 10 y 25 años, cuando la desaparición sea cometida por un civil.
"Se considera que los delitos objeto de esta reforma bajo ninguna circunstancia justifican la intervención de la jurisdicción militar, pues dichos delitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense", afirma Calderón en el documento en el que propone modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La reforma contempla otorgar nuevas facultades a los jueces penales para conocer de los delitos cometidos por militares.
Además, establece la obligación para que el Ministerio Público Militar ordene a la Policía Ministerial Militar brindar protección a las víctimas de delito, ofendidos, testigos, jueces, magistrados y demás sujetos que se encuentren en riesgo.
El Presidente plantea la implementación de denuncias anónimas para generar confianza en la población.
Sin embargo, sólo servirán para que la Policía Militar recabe información, confirme los datos y, hasta después, interponga una denuncia.
"Dicha medida permitirá contrarrestar la inhibición en la presentación de denuncias", explica Calderón en la propuesta que también establece, por ley, el uso del fax y el correo electrónico para la formulación de denuncias.
El paquete de modificaciones contempla la creación de los jueces de Ejecución de Sanciones, para garantizar los derechos de los militares sujetos a proceso.
También plantea que la Policía Ministerial Militar -que sustituye a la Policía Judicial Militar-, ejerza funciones de investigación, pero como una instancia auxiliar del Ministerio Público. Las facultades incluyen la realización de cateos, previa autorización de un juez militar o federal.
La iniciativa modifica los códigos de Justicia militar, Penal federal y Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Por otra parte, el Presidente propuso también al Senado una reforma para crear la figura de jueces de Ejecución de Sentencias, que velarán por los derechos y garantías de los militares procesados, como si se tratara de una especie de "Ombudsman" castrense.
A detalle
El planteamiento puesto sobre la mesa ayer por el Presidente Felipe Calderón:
· Excluye de la jurisdicción militar los delitos de Desaparición Forzada, Tortura y Violación.
· Otorga competencia a los jueces penales para conocer de esos delitos cometidos por militares.
· Los elementos de las fuerzas armadas serán encerrados en cárceles militares.
· Si son juzgados por narcotráfico serán encerrados en penales de máxima seguridad.
· Permite la denuncia anónima de delitos cometidos por militares.
· Las denuncias anónimas sólo servirán para corroborar información y que la Policía militar denuncie ante el MP militar.
· Cambia la Policía Judicial Militar por la Policía Ministerial Militar.
· Formulación de denuncias por fax o correo para dar más eficiencia al sistema.
· Crea el juez de Ejecución de Sanciones Penales para defender los derechos de los sentenciados
De acuerdo con el paquete de reformas, que modifica un total de cinco ordenamientos, los elementos de las fuerzas armadas que incurran en esos crímenes serán encerrados en cárceles militares, con el objetivo proteger su vida y de que no sean corrompidos por integrantes de la delincuencia organizada que purgan condenas en los penales federales.
La única excepción aplicará con los militares que estén acusados de participar en actividades del narcotráfico, ya que en ese caso tendrán que ser recluidos en penales de máxima seguridad.
En la exposición de motivos el titular del Ejecutivo propone que el delito de desaparición forzada prescriba hasta los 35 años.
Los elementos de las tropas castrenses o funcionarios públicos que sean juzgados y sentenciados por ese delito no tendrán acceso al indulto, amnistía o beneficio preliberacional alguno.
Calderón plantea que este crimen sea castigado con una sanción de entre 20 y 50 años de cárcel, cuando se trate de un funcionario público.
La pena disminuirá a entre 10 y 25 años, cuando la desaparición sea cometida por un civil.
"Se considera que los delitos objeto de esta reforma bajo ninguna circunstancia justifican la intervención de la jurisdicción militar, pues dichos delitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense", afirma Calderón en el documento en el que propone modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La reforma contempla otorgar nuevas facultades a los jueces penales para conocer de los delitos cometidos por militares.
Además, establece la obligación para que el Ministerio Público Militar ordene a la Policía Ministerial Militar brindar protección a las víctimas de delito, ofendidos, testigos, jueces, magistrados y demás sujetos que se encuentren en riesgo.
El Presidente plantea la implementación de denuncias anónimas para generar confianza en la población.
Sin embargo, sólo servirán para que la Policía Militar recabe información, confirme los datos y, hasta después, interponga una denuncia.
"Dicha medida permitirá contrarrestar la inhibición en la presentación de denuncias", explica Calderón en la propuesta que también establece, por ley, el uso del fax y el correo electrónico para la formulación de denuncias.
El paquete de modificaciones contempla la creación de los jueces de Ejecución de Sanciones, para garantizar los derechos de los militares sujetos a proceso.
También plantea que la Policía Ministerial Militar -que sustituye a la Policía Judicial Militar-, ejerza funciones de investigación, pero como una instancia auxiliar del Ministerio Público. Las facultades incluyen la realización de cateos, previa autorización de un juez militar o federal.
La iniciativa modifica los códigos de Justicia militar, Penal federal y Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Por otra parte, el Presidente propuso también al Senado una reforma para crear la figura de jueces de Ejecución de Sentencias, que velarán por los derechos y garantías de los militares procesados, como si se tratara de una especie de "Ombudsman" castrense.
A detalle
El planteamiento puesto sobre la mesa ayer por el Presidente Felipe Calderón:
· Excluye de la jurisdicción militar los delitos de Desaparición Forzada, Tortura y Violación.
· Otorga competencia a los jueces penales para conocer de esos delitos cometidos por militares.
· Los elementos de las fuerzas armadas serán encerrados en cárceles militares.
· Si son juzgados por narcotráfico serán encerrados en penales de máxima seguridad.
· Permite la denuncia anónima de delitos cometidos por militares.
· Las denuncias anónimas sólo servirán para corroborar información y que la Policía militar denuncie ante el MP militar.
· Cambia la Policía Judicial Militar por la Policía Ministerial Militar.
· Formulación de denuncias por fax o correo para dar más eficiencia al sistema.
· Crea el juez de Ejecución de Sanciones Penales para defender los derechos de los sentenciados
Claudia Guerrero, Reforma, 19 de octubre.
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