La organización internacional de garantías individuales Human Rights Watch (HRW) afirmó que el Congreso mexicano “debe modificar sustancialmente” la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar que envió el presidente Felipe Calderón, por considerar que “no resolverá la actual falta de responsabilidad por los abusos contra civiles cometidos por miembros del Ejército”.
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló en un comunicado que “las autoridades civiles necesitan ser capaces de investigar y procesar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados, no sólo unas cuantas”, ya que de esta forma “sólo se perpeturaría la impunidad de esos abusos”.
La iniciativa del Ejecutivo –subrayó– sigue dejando a la justicia castrense la facultad de determinar cuáles casos pueden ser transferidos al ámbito civil, y la posibilidad de controlar evidencia clave.
Al limitar el número de delitos a sólo tres –violación, tortura y desaparición forzada–, la propuesta presidencial estaría violando la legislación internacional, según la cual el crimen es continuo mientras el paradero y la suerte de la víctima se desconozca.
Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control tanto ejecutivo como judicial de sus tropas –afirmó HRW–, el escrutinio público sobre sus investigaciones judiciales es prácticamente imposible, y las víctimas y sus familiares no tienen oportunidad de acceder a recursos de defensa.
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló en un comunicado que “las autoridades civiles necesitan ser capaces de investigar y procesar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados, no sólo unas cuantas”, ya que de esta forma “sólo se perpeturaría la impunidad de esos abusos”.
La iniciativa del Ejecutivo –subrayó– sigue dejando a la justicia castrense la facultad de determinar cuáles casos pueden ser transferidos al ámbito civil, y la posibilidad de controlar evidencia clave.
Al limitar el número de delitos a sólo tres –violación, tortura y desaparición forzada–, la propuesta presidencial estaría violando la legislación internacional, según la cual el crimen es continuo mientras el paradero y la suerte de la víctima se desconozca.
Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control tanto ejecutivo como judicial de sus tropas –afirmó HRW–, el escrutinio público sobre sus investigaciones judiciales es prácticamente imposible, y las víctimas y sus familiares no tienen oportunidad de acceder a recursos de defensa.
La Jornada, 22 de octubre.
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