La representación del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos destacó la voluntad del gobierno mexicano para acatar sentencias de organismos internacionales, pero consideró necesario ampliar el alcance de la reforma al Código de Justicia Militar.
"La ruta ahora abierta para armonizar el Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de protección de derechos humanos plantea retos evidentes dada la insuficiencia -entre otras- del muy limitado catálogo de exclusiones que se incorpora en la iniciativa", indicó en un comunicado.
Llamó al Congreso mexicano a garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles.
En tanto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que la iniciativa de Calderón resulta muy limitada respecto a las exigencias de los organismos internacionales hacia México.
"La propuesta deja en manos de los propios militares, quienes se han resistido sistemáticamente a enviar casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles a los tribunales ordinarios, aspectos clave que determinarán la existencia y la efectividad de los juicios por parte de autoridades civiles en estos casos", indicó en entrevista.
"Según la propuesta, las Fuerzas Armadas tienen la última palabra sobre cuándo declinarán competencia en este tipo de casos y las actuaciones militares durante la investigación preliminar militar tendrán validez probatoria ante los tribunales ordinarios".
Cuestionó además el que no se consideren las ejecuciones extrajudiciales en la lista de delitos a excluir del fuero militar.
A su vez, Maureen Meyer, encargada del programa México de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), calificó de positiva la iniciativa pero coincidió en que se queda corta.
"Las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por militares merecen una reforma integral al código militar para que sus casos sean juzgados por cortes civiles", señaló en entrevista.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que lßa iniciativa presentada al Senado sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que se investigan las denuncias sobre abusos de las Fuerzas Armadas.
"La organización insta a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", remarcó.
Justificación
La reforma en materia de fuero militar no considera el delito de homicidio porque la justicia castrense tiene los suficientes elementos para sancionarlo, sostuvo ayer Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
"La justicia militar cuenta con los elementos para poder llevar ante la propia justicia y poder sancionar a los responsables de ese delito", indicó en rueda de prensa.
El estándar de justicia militar, subrayó, funciona plenamente.
Ajuste parcial
La reforma al Código de Justicia Militar propuesta esta semana por el Ejecutivo federal plantea que:
- Los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura cometidos por militares en agravio de civiles serán competencia de los tribunales del fuero federal.
- El Ministerio Público Militar deberá desglosar la averiguación previa correspondiente cuando identifique la probable comisión de esos delitos, detallando las actuaciones realizadas, y remitirla al Ministerio Público de la Federación.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas sujetos a prisión preventiva por esos delitos deberán permanecer en cárceles militares.
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