El presidente Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa de reformas en materia de fuero militar, para que los integrantes del Ejército que cometan los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura sean investigados por denuncias anónimas y juzgados por tribunales civiles, con sanciones de hasta 50 años en prisiones militares y multas que pueden llegar al medio millón de pesos.
La iniciativa prevé que el delito de desaparición forzada no podrá prescribir antes de 35 años, por lo que el caso Rosendo Radilla ya no recibiría este tratamiento, toda vez que ocurrió en 1974. Para este delito no procederá la amnistía, el indulto ni los beneficios preliberacionales ni sustitutivo alguno.
En el texto de 48 cuartillas, el presidente Calderón abre la posibilidad de que los militares sean sujetos de averiguaciones previas a cargo del Ministerio Público Militar, que podrá auxiliarse de la nueva Policía Ministerial Militar para investigar denuncias anónimas, que lleguen por fax o a través de correo electrónico, contra los efectivos castrenses o navales.
Se crea la figura de los jueces de sentencia, cuya función será revisar los casos en que se pueden modificar o reducir las penas, con lo que podrán salir de la cárcel antes.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, esta iniciativa atiende la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, “sin que vulnere el bien esencial que protege la jurisdicción militar: la disciplina de las fuerzas armadas, pilar del funcionamiento de dichas instituciones”.
La iniciativa llegó al Senado cuatro horas después de que Calderón la entregara en propia mano a los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Convergencia que acudieron a Palacio Nacional.
Llegó acompañada del “impacto económico” enviado por la Secretaría de Hacienda, que estimó un costo de 72 millones 730,084 pesos, para la implementación de cuatro Juzgados de Ejecución de Sentencias.
De acuerdo con el priista Manlio Fabio Beltrones en la reunión con el presidente “nosotros hablamos sobre la pertinencia de cuidar mucho a las fuerzas armadas, protegerlas en este momento en el que se encuentran coadyuvando y apoyando a las fuerzas civiles para rescatar la seguridad pública. Nos interesa mucho que perciban del Congreso en su conjunto, y del Senado, nuestro reconocimiento a su trabajo”.
Se determina que los militares compurguen su pena en cárceles militares, para evitar se contaminen con el crimen organizado; asimismo, la Policía Ministerial deberá proteger a testigos, jueces y víctimas en el proceso.
Para incentivar la presentación de denuncias contra militares, se permitirá que la sociedad haga denuncias anónimas. Los civiles que cometan desaparición forzada serán encarcelados hasta por 25 años.
Sistema sólido e independiente
••• El fortalecimiento del estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia “sólo serán posible si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente”, afirmó Gabriela Knaul, relatora de la ONU, al término de su visita a México.
Knaul, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, realizó una misión de investigación del 1 al 15 de octubre en México. En un comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la experta consideró que la reforma de 2008 al sistema de justicia penal puede constituir un gran avance para mejorar la procuración, el acceso y la administración de la justicia en el país. “Esta reforma contiene importantes elementos para garantizar los derechos de todas las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal”, expuso. (México • Notimex)
México • Angélica Mercado y Lorena López, Milenio, 19 de octubre.
La iniciativa prevé que el delito de desaparición forzada no podrá prescribir antes de 35 años, por lo que el caso Rosendo Radilla ya no recibiría este tratamiento, toda vez que ocurrió en 1974. Para este delito no procederá la amnistía, el indulto ni los beneficios preliberacionales ni sustitutivo alguno.
En el texto de 48 cuartillas, el presidente Calderón abre la posibilidad de que los militares sean sujetos de averiguaciones previas a cargo del Ministerio Público Militar, que podrá auxiliarse de la nueva Policía Ministerial Militar para investigar denuncias anónimas, que lleguen por fax o a través de correo electrónico, contra los efectivos castrenses o navales.
Se crea la figura de los jueces de sentencia, cuya función será revisar los casos en que se pueden modificar o reducir las penas, con lo que podrán salir de la cárcel antes.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, esta iniciativa atiende la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, “sin que vulnere el bien esencial que protege la jurisdicción militar: la disciplina de las fuerzas armadas, pilar del funcionamiento de dichas instituciones”.
La iniciativa llegó al Senado cuatro horas después de que Calderón la entregara en propia mano a los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Convergencia que acudieron a Palacio Nacional.
Llegó acompañada del “impacto económico” enviado por la Secretaría de Hacienda, que estimó un costo de 72 millones 730,084 pesos, para la implementación de cuatro Juzgados de Ejecución de Sentencias.
De acuerdo con el priista Manlio Fabio Beltrones en la reunión con el presidente “nosotros hablamos sobre la pertinencia de cuidar mucho a las fuerzas armadas, protegerlas en este momento en el que se encuentran coadyuvando y apoyando a las fuerzas civiles para rescatar la seguridad pública. Nos interesa mucho que perciban del Congreso en su conjunto, y del Senado, nuestro reconocimiento a su trabajo”.
Se determina que los militares compurguen su pena en cárceles militares, para evitar se contaminen con el crimen organizado; asimismo, la Policía Ministerial deberá proteger a testigos, jueces y víctimas en el proceso.
Para incentivar la presentación de denuncias contra militares, se permitirá que la sociedad haga denuncias anónimas. Los civiles que cometan desaparición forzada serán encarcelados hasta por 25 años.
Sistema sólido e independiente
••• El fortalecimiento del estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia “sólo serán posible si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente”, afirmó Gabriela Knaul, relatora de la ONU, al término de su visita a México.
Knaul, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, realizó una misión de investigación del 1 al 15 de octubre en México. En un comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la experta consideró que la reforma de 2008 al sistema de justicia penal puede constituir un gran avance para mejorar la procuración, el acceso y la administración de la justicia en el país. “Esta reforma contiene importantes elementos para garantizar los derechos de todas las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal”, expuso. (México • Notimex)
México • Angélica Mercado y Lorena López, Milenio, 19 de octubre.
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