Presidencia y SCT presionaron, pero no pudieron impedir decisión de la SCJN

Entre presiones del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero suspendió por tiempo indefinido el decreto presidencial para concretar la transición a la televisión digital antes de 2015.

Esto, al admitir dos controversias constitucionales interpuestas por las Cámaras de Diputados y de Senadores en contra del referido decreto, anunciado por Felipe Calderón durante su último informe de gobierno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de septiembre.

Con esta decisión quedan “congeladas” todas las acciones emprendidas por el gobierno federal para consumar el llamado “apagón analógico”.

De acuerdo con testimonios en la SCJN, antes de acordar la admisión de los juicios y la suspensión, comitivas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, encabezada por Miguel Alessio Robles, y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, dirigida por Gerardo Sánchez Henkel, visitaron a la ministra Sánchez Cordero en su oficina con la idea de convencerla de la legalidad del proceso y frenar su resolución.

Tanto la Consejería Jurídica como la SCT señalaron a la ministra instructora que era la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y no los legisladores la que, en su caso, debía reclamar por una supuesta invasión de atribuciones por parte del Presidente de la República, argumento utilizado por las dos Cámaras en la presentación de las controversias.

En su resolución, Sánchez Cordero —quien se menciona para ocupar la presidencia de la Corte y del Poder Judicial tras la gestión de Guillermo Ortiz Mayagoitia— afirmó que suspender el decreto no afecta a la sociedad, que recibirá como hasta ahora el servicio de los concesionarios de televisión analógica.

Tampoco, aclaró, daña la seguridad o economía del país, porque se mantienen intactas las condiciones de operación de los permisionarios.

Sobre la admisión de los juicios, la ministra argumentó en entrevista que, como órganos de representación popular, las cámaras de Senadores y Diputados sí están legitimados para interponer esta clase de recursos, además de que encontró elementos para considerar que, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, sí es procedente analizar si el Ejecutivo se excedió o invadió atribuciones exclusivas de la Cofetel.

En torno a la suspensión del decreto, dijo: “Se tomó el acuerdo para que no quedara sin materia la controversia y poder resolver el fondo del asunto, lo que no podía ocurrir si seguía vigente”.

Señaló que su decisión se dio a la luz sólo del marco constitucional, porque la Corte no puede resolver asuntos considerando aspectos políticos, económicos, electorales ni de ningún otro tipo.

“No nos vamos a meter en si estas situaciones perjudican a unos o benefician a otros”.

Al ser cuestionada sobre las impugnaciones anunciadas por el gobierno federal y la SCT, respondió: “Tienen todo el derecho y los recursos de reclamación al alcance contra el auto de admisión y en contra de la suspensión, ya será un órgano colegiado el que decida si estuve o no en lo correcto”.

Sí alertó que las previsibles apelaciones podrían retardar el proceso en la Corte, el cual comprende la presentación de un proyecto ante el pleno, para su discusión entre todos los ministros que lo conforman y el anuncio de un dictamen unánime o mayoritario.

La resolución de estos casos en el alto tribunal suele llevar de uno a dos años.

En la demanda, además del Ejecutivo y de la Cofetel, también se cita a las secretarías de Hacienda, de Economía y de Educación Pública, integrantes de la comisión intersecretarial para la transición a la TV digital.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 22 de octubre.