En su última resolución sobre el tema de telecomunicaciones, en noviembre del año pasado, el Alto Tribunal avaló la autonomía de la Cofetel para adoptar acuerdos y lineamientos en torno al espectro radioeléctrico, sin interferencia del Ejecutivo.
La postura se derivó de una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo federal y del secretario de Comunicaciones y Transportes, demandando la invalidez del Reglamento Interior de la SCT.
Este dictamen le sirvió a la ministra Olga Sánchez Cordero para justificar esta semana la admisión de los recursos —en los que se acusa a Felipe Calderón de invadir atribuciones de la Cofetel— y la suspensión de los efectos del decreto anunciado por el presidente durante su Cuarto Informe de Gobierno.
La sentencia de noviembre dejó atrás lo resuelto en junio de 2007 durante la discusión en la Corte de la llamada Ley Televisa (acción de inconstitucionalidad 26/2006), en la cual los ministros analizaron la fracción 16 del artículo 9 A de la Ley Federal de Telecomunicaciones e interpretaron que las facultades del órgano desconcentrado Cofetel, como integrante y dependiente de la administración pública federal, no eran ajenas al ámbito de atribuciones del titular de la SCT ni al del Ejecutivo.
Sin embargo, en el ya referido fallo de noviembre de 2009, la Corte retiró al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar concesiones y permisos en materia de radio y televisión.
Además, le anuló la atribución de tener el control de la asignación de frecuencias de radiodifusión y de aprobar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el cual señala con base en estándares nacionales e internacionales cómo debe utilizarse el espectro radioeléctrico en nuestro país para brindar servicios de radiocomunicaciones.
El Ejecutivo, dictaminó la SCJN, “no puede aprobar los programas sobre bandas del espectro radioeléctrico, para usos determinados y de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión, lo que le compete en exclusiva a la Cofetel”.
Con base en estos antecedentes, la ministra Sánchez Cordero deberá presentar dos proyectos ante el pleno para recoger la postura de cada uno de los integrantes y resolver así el asunto en definitiva.
Antes, tendrán que resolverse las impugnaciones contra la admisión de los juicios y la suspensión del decreto ya anunciadas por la SCT.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 24 de octubre.
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