La salida de Grupo Televisa de la alianza con Nextel para operar un bloque de 30 Megahertz (MHz) no cambia en nada los compromisos ofrecidos de inversión y nuevos servicios móviles, ni significa una violación en las bases de licitación, afirmó Gerardo Sánchez Henkel, titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Señaló que en términos del título de concesión, la única repercusión que tiene es que Nextel, la empresas concesionaria, tendrá que presentar un aviso a la SCT de la conformación de la nueva estructura accionaria, pero las obligaciones previstas en el título permanecen intactas.
"En este modelo de título de concesión específicamente, se señala que tratándose de la red (de espectro), el concesionario se obliga a dar aviso a la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) de cualquier modificación a la composición accionaria o a los derechos que permiten el ejercicio del control de los accionistas del concesionario y, en su caso, de la filial; está específicamente previsto (el cambio de conformación accionaria) en el título y lo único que tiene que hacer el consorcio Nextel es darnos un aviso", detalló.
Gonzalo Martínez Pous, miembro del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), coincidió en que no hay ningún tema de tipo jurídico.
"Quien acreditó la capacidad financiera, la capacidad operativa, el que tenía experiencia, pasa a ser el único en esta empresa creada para la licitación", dijo.
Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel México, manifestó que a pesar de la salida de Televisa, la empresa telefónica mantenía sus planes de inversión por 19 mil millones de pesos para los próximos 5 años, para desplegar su nueva red de servicios de tercera generación (3G), como internet móvil de alta velocidad, para iniciar operaciones en los próximos 12 a 18 meses.
Sin embargo, para Grupo Iusacell se trata de un proceso ilegal, porque la concesión fue asignada a un grupo de inversionistas que ya no existe.
"La autoridad (SCT) debe iniciar una investigación al respecto y dar una resolución porque se trata de un bien de la nación y para beneficio de los mexicanos, y ellos (Nextel-Televisa) participaron como un solo grupo de inversionistas, con todo y su plan de negocios acreditaron su solvencia financiera, vamos a impugnar esta acción", advirtió Francisco Borrego, director jurídico de Grupo Iusacell.
Agregó que en nada cambia su determinación por impedir que Nextel, sola o acompañada, opere la concesión que obtuvo en un proceso al que considera amañado.
El efecto sobre Nextel
Aunque el rumor de la ruptura les pegó a las acciones de Nextel y Televisa en Nueva York, la consumación de la separación sólo tuvo efectos negativos menores.
Señaló que en términos del título de concesión, la única repercusión que tiene es que Nextel, la empresas concesionaria, tendrá que presentar un aviso a la SCT de la conformación de la nueva estructura accionaria, pero las obligaciones previstas en el título permanecen intactas.
"En este modelo de título de concesión específicamente, se señala que tratándose de la red (de espectro), el concesionario se obliga a dar aviso a la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) de cualquier modificación a la composición accionaria o a los derechos que permiten el ejercicio del control de los accionistas del concesionario y, en su caso, de la filial; está específicamente previsto (el cambio de conformación accionaria) en el título y lo único que tiene que hacer el consorcio Nextel es darnos un aviso", detalló.
Gonzalo Martínez Pous, miembro del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), coincidió en que no hay ningún tema de tipo jurídico.
"Quien acreditó la capacidad financiera, la capacidad operativa, el que tenía experiencia, pasa a ser el único en esta empresa creada para la licitación", dijo.
Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel México, manifestó que a pesar de la salida de Televisa, la empresa telefónica mantenía sus planes de inversión por 19 mil millones de pesos para los próximos 5 años, para desplegar su nueva red de servicios de tercera generación (3G), como internet móvil de alta velocidad, para iniciar operaciones en los próximos 12 a 18 meses.
Sin embargo, para Grupo Iusacell se trata de un proceso ilegal, porque la concesión fue asignada a un grupo de inversionistas que ya no existe.
"La autoridad (SCT) debe iniciar una investigación al respecto y dar una resolución porque se trata de un bien de la nación y para beneficio de los mexicanos, y ellos (Nextel-Televisa) participaron como un solo grupo de inversionistas, con todo y su plan de negocios acreditaron su solvencia financiera, vamos a impugnar esta acción", advirtió Francisco Borrego, director jurídico de Grupo Iusacell.
Agregó que en nada cambia su determinación por impedir que Nextel, sola o acompañada, opere la concesión que obtuvo en un proceso al que considera amañado.
El efecto sobre Nextel
Aunque el rumor de la ruptura les pegó a las acciones de Nextel y Televisa en Nueva York, la consumación de la separación sólo tuvo efectos negativos menores.
Reforma, 19 de octubre.
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