El Senado de la República dio entrada a la iniciativa presidencial que reforma el fuero militar para que los elementos de las Fuerzas Armadas acusados de desaparición forzada, tortura y violación sean juzgados por autoridades civiles.
De acuerdo a la propuesta que envió el mandatario, para su análisis y eventual aprobación, la implementación de las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar tendría un impacto presupuestario de 72 millones 730 mil 804 pesos.
Senadores del PRI, PAN y PRD determinaron que es importante que el Ejecutivo haya enviado a la Cámara alta esta iniciativa, la cual se comprometieron a revisar con sumo cuidado.
El líder del PRD, Carlos Navarrete, señaló que la iniciativa contempla algunas cosas, pero faltan otras para estar a tono con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha decretado una resolución que para México es de carácter obligatorio.
“Vamos a estudiar con detalle esta resolución de la Comisión Interamericana y compararla con la iniciativa presidencial para determinar si quedó corta o no quedó corta. Se ha iniciado el análisis y espero que en poco tiempo tengamos un proyecto de dictamen.
Según la iniciativa, los militares procesados y sentenciados por los ilícitos señalados serán recluidos en prisiones militares para salvaguardar su integridad física y evitar que sean persuadidos a participar con el crimen organizado.
También habrá penas de 20 a 50 años de prisión a los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada de personas, y de 10 a 15 años a los particulares que lo hagan por orden o consentimiento de servidores públicos.
De igual manera aumenta hasta un plazo de 35 años la prescripción de la acción de pena en el delito de desaparición forzada, para evitar que el responsable evada la justicia y no quede impune su acción.
El senador del PRI, Jesús Murillo Karam confió en que haya tiempo para discutir la propuesta del Presidente en torno a reformar el fuero militar. “Nos lo hemos dado en otras ocasiones, esperemos que nos de también en esta.
“La iniciativa que envió el Presidente en materia de fuero militar responde a resoluciones que han tomado tribunales internacionales. En algunos casos tienen que ver con las fuerzas armadas de México y me refiero al caso (Rosendo) Radilla”, señaló por su parte el coordinador del PAN, José González Morfín.
Además, opinó que la propuesta del Ejecutivo tiene tres supuestos que están considerados en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: desaparición forzada, violaciones a derechos humanos y tortura.
“Esos son los casos que la iniciativa estará -como todas- sujeta a la discusión y modificación en su proceso de dictaminación en el Senado de la República.
Para coordinador del PT, Ricardo Monreal Ávila, la propuesta está incompleta, debido a que sólo contempla tres delitos: desaparición de personas, tortura y violación. “Falta el de homicidio, de lesiones y otros más”.
De acuerdo a la propuesta que envió el mandatario, para su análisis y eventual aprobación, la implementación de las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar tendría un impacto presupuestario de 72 millones 730 mil 804 pesos.
Senadores del PRI, PAN y PRD determinaron que es importante que el Ejecutivo haya enviado a la Cámara alta esta iniciativa, la cual se comprometieron a revisar con sumo cuidado.
El líder del PRD, Carlos Navarrete, señaló que la iniciativa contempla algunas cosas, pero faltan otras para estar a tono con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha decretado una resolución que para México es de carácter obligatorio.
“Vamos a estudiar con detalle esta resolución de la Comisión Interamericana y compararla con la iniciativa presidencial para determinar si quedó corta o no quedó corta. Se ha iniciado el análisis y espero que en poco tiempo tengamos un proyecto de dictamen.
Según la iniciativa, los militares procesados y sentenciados por los ilícitos señalados serán recluidos en prisiones militares para salvaguardar su integridad física y evitar que sean persuadidos a participar con el crimen organizado.
También habrá penas de 20 a 50 años de prisión a los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada de personas, y de 10 a 15 años a los particulares que lo hagan por orden o consentimiento de servidores públicos.
De igual manera aumenta hasta un plazo de 35 años la prescripción de la acción de pena en el delito de desaparición forzada, para evitar que el responsable evada la justicia y no quede impune su acción.
El senador del PRI, Jesús Murillo Karam confió en que haya tiempo para discutir la propuesta del Presidente en torno a reformar el fuero militar. “Nos lo hemos dado en otras ocasiones, esperemos que nos de también en esta.
“La iniciativa que envió el Presidente en materia de fuero militar responde a resoluciones que han tomado tribunales internacionales. En algunos casos tienen que ver con las fuerzas armadas de México y me refiero al caso (Rosendo) Radilla”, señaló por su parte el coordinador del PAN, José González Morfín.
Además, opinó que la propuesta del Ejecutivo tiene tres supuestos que están considerados en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: desaparición forzada, violaciones a derechos humanos y tortura.
“Esos son los casos que la iniciativa estará -como todas- sujeta a la discusión y modificación en su proceso de dictaminación en el Senado de la República.
Para coordinador del PT, Ricardo Monreal Ávila, la propuesta está incompleta, debido a que sólo contempla tres delitos: desaparición de personas, tortura y violación. “Falta el de homicidio, de lesiones y otros más”.
Alejandro Páez, La Crónica, 20 de octubre.
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