La iniciativa de ley para modificar el fuero militar en México presentada por el presidente Felipe Calderón, “no pondría fin a la impunidad actual de los abusos militares”, además de limitar a tres delitos los casos que podría ser enviados a tribunales civiles, la propuesta viola el derecho internacional al pretender fijar un plazo para la prescripción de la desaparición forzada, sostuvo la organización Human Rights Watch.
Ante la propuesta que entregó el Ejecutivo el lunes pasado al Senado de la República, HRW pidió a los legisladores mexicanos que modifiquen sustancialmente su “defectuoso” contenido y mejoren la propuesta, pues “las autoridades civiles deben ser capaces de enjuiciar todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”.
Para el organismo, la propuesta de Calderón “reconocería a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos deben remitirse a los tribunales ordinarios y permitiría que los agentes del Ministerio Público militar tengan control sobre pruebas clave”.
Sistema parcial
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado se sumó así a las críticas de diversos organismos nacionales e internacionales contra la iniciativa de reforma, pues sólo considera que la desaparición forzada, la violación y la tortura sean investigados y enjuiciados por autoridades civiles.
Anoche, la Secretaría de Gobernación dijo que la reforma enviada al Congreso no pretende eliminar la jurisdicción militar, sino modernizarla.
Agregó que los cambios buscan fortalecer el respeto a los derechos humanos, tanto en el ámbito militar como en el civil, protegiendo las garantías del ciudadano común ante los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, al tiempo de que se salvaguarda la dignidad y los derechos de los militares sentenciados.
Silvia Otero y Francisco Reséndiz, El Univeral, 22 de octubre.
Ante la propuesta que entregó el Ejecutivo el lunes pasado al Senado de la República, HRW pidió a los legisladores mexicanos que modifiquen sustancialmente su “defectuoso” contenido y mejoren la propuesta, pues “las autoridades civiles deben ser capaces de enjuiciar todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”.
Para el organismo, la propuesta de Calderón “reconocería a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos deben remitirse a los tribunales ordinarios y permitiría que los agentes del Ministerio Público militar tengan control sobre pruebas clave”.
Sistema parcial
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado se sumó así a las críticas de diversos organismos nacionales e internacionales contra la iniciativa de reforma, pues sólo considera que la desaparición forzada, la violación y la tortura sean investigados y enjuiciados por autoridades civiles.
Anoche, la Secretaría de Gobernación dijo que la reforma enviada al Congreso no pretende eliminar la jurisdicción militar, sino modernizarla.
Agregó que los cambios buscan fortalecer el respeto a los derechos humanos, tanto en el ámbito militar como en el civil, protegiendo las garantías del ciudadano común ante los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, al tiempo de que se salvaguarda la dignidad y los derechos de los militares sentenciados.
Silvia Otero y Francisco Reséndiz, El Univeral, 22 de octubre.
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