La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra (PT), consideró que la iniciativa se queda corta, porque insinúa que puede prescribir el delito, “y eso no se vale”. Opinó que deben quitar totalmente el fuero a los militares.
El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, adelantó que compararán la reforma de Calderón con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de saber “si se quedó corta o no”. Dijo que la analizarán a fondo y que desde ahora considera que le faltan aspectos como culpar a un militar por un homicidio.
La reforma fue turnada ayer a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera para su análisis. Los cambios a la ley propuestos por el Ejecutivo federal plantean reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción castrense los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y violación.
El senador del PRI Jesús Murillo Karam dijo que analizarán a fondo la iniciativa, con el fin de emitir una postura, mientras que el coordinador del PAN José González Morfín dijo que están abiertos a escuchar a especialistas y a representantes de la sociedad civil.
Rechazo en San Lázaro
Las bancadas del PRD y del PT en la Cámara de Diputados rechazaron la iniciativa del Ejecutivo, por considerar que todo seguirá igual, y que sólo se intenta satisfacer recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
El presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Humberto Benítez, por el contrario, aseguró que la reforma beneficia a la sociedad y a las Fuerzas Armadas, pues introduce instrumentos para impedir la impunidad de quienes cometen delitos contra particulares.
Ayer asistió a San Lázaro la indígena Inés Fernández, quien junto a Valentina Rosendo Cantú recibió la protección de la CIDH en demandas que habían sido desoídas en México, en las que acusaban a soldados de haberlas violado.
Inés Fernández afirmó que la práctica de allanamientos de morada, tortura y violación sexual ocurre de manera cotidiana de parte de soldados contra la población civil rural.
El coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas, comentó que su bancada estará en contra del proyecto del Ejecutivo, porque deja al criterio del Ministerio Público Militar la decisión de cuándo un asunto debe ser llevado a tribunales civiles. (Con información de Juan Arvizu y Andrea Merlos)
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