El presupuesto destinado a seguridad en estados y municipios es el más alto en la historia del país, con 13 mil 827 millones de pesos, destacó ayer Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
En conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, comentó que, por un lado, se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos para la puesta en marcha del mando único policial en las entidades federativas.
Por el otro, precisó, se fortaleció la capacidad de estados y municipios, al asignarles 76 mil 124 millones de pesos para el Fondo de Aportación a la Seguridad Pública (FAS), y 4 mil 303 millones de pesos al subsidio de Seguridad Pública Municipal, que representan un incremento total de 373 millones en conjunto para los dos últimos rubros.
El funcionario afirmó que el presupuesto para seguridad nacional aumenta 8.2% en términos reales, 5.35% en seguridad pública, así como 13.2% para los rubros de orden, seguridad y justicia con respecto a lo aprobado para este año.
“En materia de ejercicio presupuestal y en términos de facultades de ley, procurar mejor seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. De ahí que el gobierno federal, como refleja el presupuesto aprobado, haya promovido la dotación de recursos financieros a estados y municipios para fortalecer sus capacidades de combate a la criminalidad”, dijo Poiré.
El también vocero del gobierno federal en materia de seguridad, aseguró que la asignación aprobada para 2011 impone a los gobiernos federal, estatales y municipales “una mayor responsabilidad” para conseguir avances en el cumplimiento de las metas de la ley de seguridad pública y en el acuerdo nacional para la seguridad justicia y la legalidad.
Afirmó: “El gobierno federal subraya la necesidad de que la estrategia nacional de seguridad sea concebida e instrumentada como una política de Estado”.
Apoyo a centros de evaluación
Alejandro Poiré destacó que la política de Estado propuesta requiere de la participación proactiva de los tres órdenes de gobierno para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el apoyo de la sociedad para desarrollar acciones que fortalezcan el tejido social.
“Subrayamos la relevancia que tiene la implementación del mando único para revertir las carencias que tienen los municipios, y hacer más efectiva la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, expresó.
Dijo que ahora los gobiernos estatales y municipales habrán de acelerar los avances en sus centros de evaluación y control de confianza, así como en las unidades antisecuestros.
El objetivo de las unidades de control de confianza es sujetar a evaluación permanente al personal responsable de la prevención y sanción del delito, de los propios estados y municipios, para propiciar que sean los mejores elementos los que permanezcan en estas instituciones.
En conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, comentó que, por un lado, se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos para la puesta en marcha del mando único policial en las entidades federativas.
Por el otro, precisó, se fortaleció la capacidad de estados y municipios, al asignarles 76 mil 124 millones de pesos para el Fondo de Aportación a la Seguridad Pública (FAS), y 4 mil 303 millones de pesos al subsidio de Seguridad Pública Municipal, que representan un incremento total de 373 millones en conjunto para los dos últimos rubros.
El funcionario afirmó que el presupuesto para seguridad nacional aumenta 8.2% en términos reales, 5.35% en seguridad pública, así como 13.2% para los rubros de orden, seguridad y justicia con respecto a lo aprobado para este año.
“En materia de ejercicio presupuestal y en términos de facultades de ley, procurar mejor seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. De ahí que el gobierno federal, como refleja el presupuesto aprobado, haya promovido la dotación de recursos financieros a estados y municipios para fortalecer sus capacidades de combate a la criminalidad”, dijo Poiré.
El también vocero del gobierno federal en materia de seguridad, aseguró que la asignación aprobada para 2011 impone a los gobiernos federal, estatales y municipales “una mayor responsabilidad” para conseguir avances en el cumplimiento de las metas de la ley de seguridad pública y en el acuerdo nacional para la seguridad justicia y la legalidad.
Afirmó: “El gobierno federal subraya la necesidad de que la estrategia nacional de seguridad sea concebida e instrumentada como una política de Estado”.
Apoyo a centros de evaluación
Alejandro Poiré destacó que la política de Estado propuesta requiere de la participación proactiva de los tres órdenes de gobierno para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el apoyo de la sociedad para desarrollar acciones que fortalezcan el tejido social.
“Subrayamos la relevancia que tiene la implementación del mando único para revertir las carencias que tienen los municipios, y hacer más efectiva la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, expresó.
Dijo que ahora los gobiernos estatales y municipales habrán de acelerar los avances en sus centros de evaluación y control de confianza, así como en las unidades antisecuestros.
El objetivo de las unidades de control de confianza es sujetar a evaluación permanente al personal responsable de la prevención y sanción del delito, de los propios estados y municipios, para propiciar que sean los mejores elementos los que permanezcan en estas instituciones.
María de la Luz González, El Universal, 17 de noviembre.
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