A cinco semanas de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso, se han intensificado los cabildeos y las negociaciones entre las principales fuerzas políticas en el Senado en busca de acuerdos sobre las tres iniciativas del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública.
La que más desacuerdos suscita es la reforma constitucional para instaurar el mando policiaco único en cada entidad del país, por lo que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y otras autoridades de la dependencia se han reunido con los senadores del PAN en las últimas dos semanas para convencerlos de que avalen el proyecto.
Las iniciativas en materia de fuero militar y combate al lavado de dinero se podrían aprobar, pero con modificaciones de fondo, coincidieron el coordinador del PRD Carlos Navarrete y el priísta Jesús Murillo Karam. Quedan sólo 12 sesiones para alcanzar acuerdos.
En relación con las modificaciones a los artículos 115 y 21 de la Constitución para establecer el mando policiaco único, el senador perredista Pablo Gómez consideró que no tiene probabilidades de avalarse, porque se requiere mayoría calificada y tanto el PRI como el PAN están divididos.
La propuesta de Calderón “tiene más respaldo en el PRI, porque son los gobernadores de ese partido los que la impulsan, pues desean tener bajo su égida a los presidentes municipales de su partido y de otras formaciones políticas”, expresó.
Sobre el tema, el senador panista Ramón Galindo dijo que la pretensión del gobierno federal es que el mando único sea aprobado por ambas cámaras antes del 15 de diciembre, cuando concluirá el periodo de sesiones, pero “en la Secretaría de Gobernación tienen claro que en esos términos no puede pasar”.
Explicó que senadores del blanquiazul han sostenido diversas reuniones con funcionarios de Gobernación, en las cuales pusieron sobre la mesa sus propuestas de modificación a esa reforma. En principio, que no se reforme la Constitución, que la posibilidad de que el gobierno estatal asuma el mando de las policías municipales sea mediante un convenio y a petición expresa de los ayuntamientos.
Asimismo, que se lleve a cabo un proceso de certificación de todas las corporaciones policiacas, comenzando por la federal, por conducto de un organismo autónomo, y que se mida la evolución de los índices de criminalidad en las entidades o regiones en que se dé la unificación policiaca.
“Si hay voluntad del gobierno para aceptar esos cambios la reforma podría pasar, pero no me atrevo a aventurar que así vaya a ser”, resaltó Galindo.
Por separado, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, aseveró que los priístas han discutido con gobernadores y presidentes municipales, y difieren sobre varios puntos.
Por lo que toca a las modificaciones al Código de Justicia Militar que Calderón hizo llegar al Senado, las bancadas del PRD y del PT las consideran insuficientes, al incluir sólo la desaparición forzada, la violación y la tortura como delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas que deberán ser juzgados en tribunales civiles.
Para el petista Ricardo Monreal, la reforma de Calderón “es una simulación que no resuelve nada, por lo que debe tener cambios profundos”, entre ellos que los militares que violen derechos humanos de civiles sean juzgados por tribunales del fuero común, porque en la iniciativa del Ejecutivo una instancia castrense interviene antes para decidir si los remite a la autoridad civil.
Se sabe que Murillo Karam cabildea una propuesta en ese sentido, con el fin de crear jueces especializados en juzgar a militares.
La reforma que modifica códigos penales y leyes bancarias y financieras para combatir el lavado de dinero está también sujeta a discusión. Priístas y perredistas consideran que se deben eliminar aspectos de la misma que violan los derechos humanos. El panista Santiago Creel, quien presentó una iniciativa en la materia, dijo confiar en que se dictamine lo mejor de ambas para crear un instrumento firme que ataque las finanzas del crimen organizado.
La que más desacuerdos suscita es la reforma constitucional para instaurar el mando policiaco único en cada entidad del país, por lo que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y otras autoridades de la dependencia se han reunido con los senadores del PAN en las últimas dos semanas para convencerlos de que avalen el proyecto.
Las iniciativas en materia de fuero militar y combate al lavado de dinero se podrían aprobar, pero con modificaciones de fondo, coincidieron el coordinador del PRD Carlos Navarrete y el priísta Jesús Murillo Karam. Quedan sólo 12 sesiones para alcanzar acuerdos.
En relación con las modificaciones a los artículos 115 y 21 de la Constitución para establecer el mando policiaco único, el senador perredista Pablo Gómez consideró que no tiene probabilidades de avalarse, porque se requiere mayoría calificada y tanto el PRI como el PAN están divididos.
La propuesta de Calderón “tiene más respaldo en el PRI, porque son los gobernadores de ese partido los que la impulsan, pues desean tener bajo su égida a los presidentes municipales de su partido y de otras formaciones políticas”, expresó.
Sobre el tema, el senador panista Ramón Galindo dijo que la pretensión del gobierno federal es que el mando único sea aprobado por ambas cámaras antes del 15 de diciembre, cuando concluirá el periodo de sesiones, pero “en la Secretaría de Gobernación tienen claro que en esos términos no puede pasar”.
Explicó que senadores del blanquiazul han sostenido diversas reuniones con funcionarios de Gobernación, en las cuales pusieron sobre la mesa sus propuestas de modificación a esa reforma. En principio, que no se reforme la Constitución, que la posibilidad de que el gobierno estatal asuma el mando de las policías municipales sea mediante un convenio y a petición expresa de los ayuntamientos.
Asimismo, que se lleve a cabo un proceso de certificación de todas las corporaciones policiacas, comenzando por la federal, por conducto de un organismo autónomo, y que se mida la evolución de los índices de criminalidad en las entidades o regiones en que se dé la unificación policiaca.
“Si hay voluntad del gobierno para aceptar esos cambios la reforma podría pasar, pero no me atrevo a aventurar que así vaya a ser”, resaltó Galindo.
Por separado, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, aseveró que los priístas han discutido con gobernadores y presidentes municipales, y difieren sobre varios puntos.
Por lo que toca a las modificaciones al Código de Justicia Militar que Calderón hizo llegar al Senado, las bancadas del PRD y del PT las consideran insuficientes, al incluir sólo la desaparición forzada, la violación y la tortura como delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas que deberán ser juzgados en tribunales civiles.
Para el petista Ricardo Monreal, la reforma de Calderón “es una simulación que no resuelve nada, por lo que debe tener cambios profundos”, entre ellos que los militares que violen derechos humanos de civiles sean juzgados por tribunales del fuero común, porque en la iniciativa del Ejecutivo una instancia castrense interviene antes para decidir si los remite a la autoridad civil.
Se sabe que Murillo Karam cabildea una propuesta en ese sentido, con el fin de crear jueces especializados en juzgar a militares.
La reforma que modifica códigos penales y leyes bancarias y financieras para combatir el lavado de dinero está también sujeta a discusión. Priístas y perredistas consideran que se deben eliminar aspectos de la misma que violan los derechos humanos. El panista Santiago Creel, quien presentó una iniciativa en la materia, dijo confiar en que se dictamine lo mejor de ambas para crear un instrumento firme que ataque las finanzas del crimen organizado.
Andrea Becerril, La Jornada, 7 de noviembre.
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