A pesar de las copias “piratas” del presupuesto que circularon durante las negociaciones del paquete de egresos de la Federación, los fuertes aumentos salariales para la alta burocracia del gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Federal Electoral (IFE), así como asignaciones para iglesias y orquestas privadas, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo se mostró satisfecho con la aprobación del paquete económico para 2011.
Lo aprobado por los diputados, dijo, contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas y permite al país contar con herramientas para enfrentar los retos para crecer el año entrante, y posibilita dar otro “empujoncito” a la economía para terminar de recuperarse de la crisis mundial.
Con respecto a las remuneraciones de los altos mandos del gobierno federal expresó: “desconozco dónde se genera la confusión, pero en términos reales las percepciones son inferiores respecto de 2010”.
Sobre los aumentos a las percepciones en la SCJN y el IFE, afirmó que “es lo que cuesta la democracia”, y que magistrados y consejeros electorales respondan acertadamente a su responsabilidad y su conciencia; “son costos pequeños comparados con el provecho que dan a la sociedad”, dijo.
“Hay que entender que estamos construyendo instituciones democráticas y republicanas y esa construcción tiene sus costos. Mantener la democracia en México, y una democracia funcional y de a deveras, cuesta. Tener funcionarios en el IFE que respondan básicamente a los intereses de su conciencia y efectivamente velen por un juego democrático es muy valioso. Los sueldos que reciben son nada, comparado con los servicios que le dan a la sociedad. Igual para los ministros de la Corte. Garantizar su independencia y su autonomía pasa porque sean servidores públicos que están satisfechos con su trabajo y que no responden a ningún otro interés que el de servir a la sociedad. Creo que son costos muy pequeños comparados con el provecho que le dan a la sociedad: tener una Suprema Corte de Justicia que efectivamente imparta justicia, que efectivamente dirima controversias (es) invaluable y muy razonable. Si eso se refleja en sus salarios nosotros no le vemos mayor problema”, destacó a una pregunta sobre los salarios superiores a 200 mil pesos mensuales.
Sobre los servidores públicos afirmó que desde 2003 “sus sueldos han caído cerca de 40 por ciento. Pero ésa es una política del gobierno federal y nosotros respetamos las políticas tanto de la Corte como de los organismos constitucionales autónomos, y consideramos que es apropiada”.
Respecto de la supuesta desaparición de algunas prestaciones para servidores públicos que se habría propuesto durante las negociaciones del paquete económico, Cordero Arroyo dijo desconocer el asunto y explicó: “hay muchas versiones, si me permiten la expresión, medio piratas de decretos que circulan días antes de la aprobación del presupuesto, pero el decreto, el válido, el oficial, es el que está en poder la Comisión de Presupuesto, y en ese decreto que nosotros conocimos, que compartió la Comisión de Presupuesto con nosotros, en ningún momento vi que estuvieran desapareciendo prestaciones a los servidores públicos”.
Satisfacción total
Tras declararse “satisfecho” por el paquete económico, al que calificó de “responsable”, el titular de la Secretaría de Hacienda eludió que lo obtenido pueda ser motivo de “premio” tanto para él como para alguno de sus colaboradores, en el sentido de ocupar puestos más altos en la administración pública federal.
También destacó los puntos más importantes del presupuesto de egresos: el gasto público será de 3 billones 438 mil 896 millones de pesos, superior 4.1 por ciento real al autorizado para 2010. El gasto programable, sin considerar la inversión de Pemex, es mayor en 87 mil 519 millones de pesos, 3.9 por ciento real, y se mantiene constante como porcentaje del PIB, en 16.5. Se observan incrementos al gasto para Desarrollo Social, de 2.6 por ciento; para Seguridad Nacional, de 8.2, y para Turismo, de 17.2 por ciento, respecto a 2010.
Destacan mayores recursos para educación, 5 por ciento, y de 13 para salud; para seguridad pública en los ramos de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional se autorizó un aumento de 14.7 por ciento en conjunto; a la Comisión Federal de Electricidad, por el incremento en los costos de los combustibles se le asignó 9 por ciento más para la generación eléctrica, y para la operación de Pemex, 7 por ciento.
La inversión física presupuestaria aumenta 6.5 por ciento, y la impulsada por el sector público, 6.4. Con ello, dijo el funcionario, la inversión pública impulsada durante el periodo 2007-2011 será 46.6 por ciento mayor a la observada entre 2000 y 2006.
Lo aprobado por los diputados, dijo, contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas y permite al país contar con herramientas para enfrentar los retos para crecer el año entrante, y posibilita dar otro “empujoncito” a la economía para terminar de recuperarse de la crisis mundial.
Con respecto a las remuneraciones de los altos mandos del gobierno federal expresó: “desconozco dónde se genera la confusión, pero en términos reales las percepciones son inferiores respecto de 2010”.
Sobre los aumentos a las percepciones en la SCJN y el IFE, afirmó que “es lo que cuesta la democracia”, y que magistrados y consejeros electorales respondan acertadamente a su responsabilidad y su conciencia; “son costos pequeños comparados con el provecho que dan a la sociedad”, dijo.
“Hay que entender que estamos construyendo instituciones democráticas y republicanas y esa construcción tiene sus costos. Mantener la democracia en México, y una democracia funcional y de a deveras, cuesta. Tener funcionarios en el IFE que respondan básicamente a los intereses de su conciencia y efectivamente velen por un juego democrático es muy valioso. Los sueldos que reciben son nada, comparado con los servicios que le dan a la sociedad. Igual para los ministros de la Corte. Garantizar su independencia y su autonomía pasa porque sean servidores públicos que están satisfechos con su trabajo y que no responden a ningún otro interés que el de servir a la sociedad. Creo que son costos muy pequeños comparados con el provecho que le dan a la sociedad: tener una Suprema Corte de Justicia que efectivamente imparta justicia, que efectivamente dirima controversias (es) invaluable y muy razonable. Si eso se refleja en sus salarios nosotros no le vemos mayor problema”, destacó a una pregunta sobre los salarios superiores a 200 mil pesos mensuales.
Sobre los servidores públicos afirmó que desde 2003 “sus sueldos han caído cerca de 40 por ciento. Pero ésa es una política del gobierno federal y nosotros respetamos las políticas tanto de la Corte como de los organismos constitucionales autónomos, y consideramos que es apropiada”.
Respecto de la supuesta desaparición de algunas prestaciones para servidores públicos que se habría propuesto durante las negociaciones del paquete económico, Cordero Arroyo dijo desconocer el asunto y explicó: “hay muchas versiones, si me permiten la expresión, medio piratas de decretos que circulan días antes de la aprobación del presupuesto, pero el decreto, el válido, el oficial, es el que está en poder la Comisión de Presupuesto, y en ese decreto que nosotros conocimos, que compartió la Comisión de Presupuesto con nosotros, en ningún momento vi que estuvieran desapareciendo prestaciones a los servidores públicos”.
Satisfacción total
Tras declararse “satisfecho” por el paquete económico, al que calificó de “responsable”, el titular de la Secretaría de Hacienda eludió que lo obtenido pueda ser motivo de “premio” tanto para él como para alguno de sus colaboradores, en el sentido de ocupar puestos más altos en la administración pública federal.
También destacó los puntos más importantes del presupuesto de egresos: el gasto público será de 3 billones 438 mil 896 millones de pesos, superior 4.1 por ciento real al autorizado para 2010. El gasto programable, sin considerar la inversión de Pemex, es mayor en 87 mil 519 millones de pesos, 3.9 por ciento real, y se mantiene constante como porcentaje del PIB, en 16.5. Se observan incrementos al gasto para Desarrollo Social, de 2.6 por ciento; para Seguridad Nacional, de 8.2, y para Turismo, de 17.2 por ciento, respecto a 2010.
Destacan mayores recursos para educación, 5 por ciento, y de 13 para salud; para seguridad pública en los ramos de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional se autorizó un aumento de 14.7 por ciento en conjunto; a la Comisión Federal de Electricidad, por el incremento en los costos de los combustibles se le asignó 9 por ciento más para la generación eléctrica, y para la operación de Pemex, 7 por ciento.
La inversión física presupuestaria aumenta 6.5 por ciento, y la impulsada por el sector público, 6.4. Con ello, dijo el funcionario, la inversión pública impulsada durante el periodo 2007-2011 será 46.6 por ciento mayor a la observada entre 2000 y 2006.
Víctor Cardoso, La Jornada, 17 de noviembre.
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