El cubano Regino Guerra Urquía lleva más de 10 meses privado de su libertad en diversas estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de haberse entregado de manera voluntaria a agentes de dicho organismo, por lo que se exigió a las autoridades que garanticen la no deportación del afectado y la reparación integral del daño por su reclusión injustificada.
Así lo dio a conocer Fermina Rodríguez, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC), que ha asumido la defensa legal del migrante.
Guerra, de 56 años de edad, ingresó al país a finales de enero de 2010, pero decidió entregarse a un grupo de agentes del INM el 9 de febrero para solicitar estatus de refugiado, petición que le fue negada por considerar que no reunía las condiciones.
Cinco meses después de ser recluido en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, el cubano se subió a un muro, con la amenaza de lanzarse si no recibía información precisa sobre su situación legal. Aunque fue disuadido de hacerlo, al bajar fue castigado 24 horas en una celda de confinamiento por su acto de “indisciplina”, acción por la que el CDHFMC interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pidió acompañamiento sicológico para el afectado.
Pese a haber obtenido un amparo para evitar su traslado, agentes del INM se llevaron al cubano a otra estación migratoria de San Cristóbal de las Casas, en un lapso durante el cual estuvo virtualmente desaparecido, sin contacto con sus abogados y sin tener información sobre dónde estaba.
El 30 de septiembre, la CNDH le otorgó medidas cautelares a Guerra, pero de nuevo las autoridades migratorias las ignoraron y se lo llevan a la estación de Iztapalapa –donde permanece hasta la fecha–, con el argumento de que sólo ahí podría recibir atención médica especializada.
Por otro lado, el gobierno federal minimizó los efectos de la demanda del australiano Stephen Compton, quien afirma haber sido privado ilegalmente de la libertad al permanecer cuatro meses en una estación migratoria.
Así lo dio a conocer Fermina Rodríguez, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC), que ha asumido la defensa legal del migrante.
Guerra, de 56 años de edad, ingresó al país a finales de enero de 2010, pero decidió entregarse a un grupo de agentes del INM el 9 de febrero para solicitar estatus de refugiado, petición que le fue negada por considerar que no reunía las condiciones.
Cinco meses después de ser recluido en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, el cubano se subió a un muro, con la amenaza de lanzarse si no recibía información precisa sobre su situación legal. Aunque fue disuadido de hacerlo, al bajar fue castigado 24 horas en una celda de confinamiento por su acto de “indisciplina”, acción por la que el CDHFMC interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pidió acompañamiento sicológico para el afectado.
Pese a haber obtenido un amparo para evitar su traslado, agentes del INM se llevaron al cubano a otra estación migratoria de San Cristóbal de las Casas, en un lapso durante el cual estuvo virtualmente desaparecido, sin contacto con sus abogados y sin tener información sobre dónde estaba.
El 30 de septiembre, la CNDH le otorgó medidas cautelares a Guerra, pero de nuevo las autoridades migratorias las ignoraron y se lo llevan a la estación de Iztapalapa –donde permanece hasta la fecha–, con el argumento de que sólo ahí podría recibir atención médica especializada.
Por otro lado, el gobierno federal minimizó los efectos de la demanda del australiano Stephen Compton, quien afirma haber sido privado ilegalmente de la libertad al permanecer cuatro meses en una estación migratoria.
Fernando Camacho y Fabiola Martínez, La Jornada, 18 de noviembre.
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