La Auditoría Superior de la Federación confirmó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que comenzó una auditoría excepcional a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para determinar las probables irregularidades en el otorgamiento de la licitación 21 a Televisa-Nextel.
La presidenta de la comisión, Esthela Damián Peralta (PRD), dijo que el auditor Arturo González de Aragón confirmó a los diputados que la revisión a la SCT por la licitación 21 está en marcha. “Por reserva de la información no nos puede dar detalles de la auditoría, pero los conoceremos en febrero, cuando nos entreguen el resultado de la revisión de la cuenta pública”, dijo.
Sostuvo que el tema es muy delicado, porque fue una decisión “muy oscura, plagada de mentiras e inconsistencias”, y explicó que la ASF admitió la solicitud presentada por Grupo Iusacell, y respaldada por un grupo de diputados, para investigar la forma en que la SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones intervinieron para favorecer a esas empresas.
Nextel ocultó información
En entrevista, Esthela Damián también cuestionó que Nextel haya ocultado información a sus accionistas, lo que a su vez “refleja el dolo” con que se construyó la relación del gobierno federal con Televisa y la telefónica para concederles la explotación de un segmento del espectro radioeléctrico.
También el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, insistió en que debe reponerse la licitación, “una vez que ha quedado claro el tráfico de influencias y corrupción a favor de Televisa”.
Afirmó que desde el lanzamiento de las bases de licitación, desde la SCT y Cofetel se filtró información privilegiada para favorecer a la alianza Televisa-Nextel. “Se trató de una operación sin moral, plena de irregularidades y de ilegalidad, y la decisión del Poder Judicial de otorgar la suspensión es una muestra de las inconsistencias y de los vicios en la ganga que se otorgó a ambas empresas”, afirmó en entrevista.
Sobre la demanda que Grupo Iusacell presentó contra Nextel por ocultar información a la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos y a sus inversionistas minoritarios, Encinas afirmó que la telefónica está obligada a responder ante sus socios de cualquier maniobra para que éstos no conocieran el riesgo de continuar con la entrega de los títulos de concesión.
La cámara no puede intervenir en este caso porque se trata de un asunto entre particulares, “pero está claro que Nextel engañó a sus inversionistas”, resaltó.
Por su parte, Damián Peralta lamentó la ausencia del Ejecutivo en la necesaria vigilancia a las operaciones de Nextel. “Nunca observé que el gobierno federal, la SCT y Cofetel cuidaran el patrimonio nacional, y en cambio le dieron una ganga a Televisa-Nextel por intereses de carácter político, con intención de definir el rumbo de las elecciones de 2012”, sostuvo.
La legisladora refirió que la comisión de vigilancia autorizó solicitar a la de presupuesto una ampliación del gasto de la ASF para 2011 por 180 millones de pesos, para que el ente fiscalizador cuente con mil 406 millones de pesos que le permitirán ampliar su revisión al gasto público y constituir una gerencia de auditoría a estados y municipios.
La presidenta de la comisión, Esthela Damián Peralta (PRD), dijo que el auditor Arturo González de Aragón confirmó a los diputados que la revisión a la SCT por la licitación 21 está en marcha. “Por reserva de la información no nos puede dar detalles de la auditoría, pero los conoceremos en febrero, cuando nos entreguen el resultado de la revisión de la cuenta pública”, dijo.
Sostuvo que el tema es muy delicado, porque fue una decisión “muy oscura, plagada de mentiras e inconsistencias”, y explicó que la ASF admitió la solicitud presentada por Grupo Iusacell, y respaldada por un grupo de diputados, para investigar la forma en que la SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones intervinieron para favorecer a esas empresas.
Nextel ocultó información
En entrevista, Esthela Damián también cuestionó que Nextel haya ocultado información a sus accionistas, lo que a su vez “refleja el dolo” con que se construyó la relación del gobierno federal con Televisa y la telefónica para concederles la explotación de un segmento del espectro radioeléctrico.
También el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, insistió en que debe reponerse la licitación, “una vez que ha quedado claro el tráfico de influencias y corrupción a favor de Televisa”.
Afirmó que desde el lanzamiento de las bases de licitación, desde la SCT y Cofetel se filtró información privilegiada para favorecer a la alianza Televisa-Nextel. “Se trató de una operación sin moral, plena de irregularidades y de ilegalidad, y la decisión del Poder Judicial de otorgar la suspensión es una muestra de las inconsistencias y de los vicios en la ganga que se otorgó a ambas empresas”, afirmó en entrevista.
Sobre la demanda que Grupo Iusacell presentó contra Nextel por ocultar información a la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos y a sus inversionistas minoritarios, Encinas afirmó que la telefónica está obligada a responder ante sus socios de cualquier maniobra para que éstos no conocieran el riesgo de continuar con la entrega de los títulos de concesión.
La cámara no puede intervenir en este caso porque se trata de un asunto entre particulares, “pero está claro que Nextel engañó a sus inversionistas”, resaltó.
Por su parte, Damián Peralta lamentó la ausencia del Ejecutivo en la necesaria vigilancia a las operaciones de Nextel. “Nunca observé que el gobierno federal, la SCT y Cofetel cuidaran el patrimonio nacional, y en cambio le dieron una ganga a Televisa-Nextel por intereses de carácter político, con intención de definir el rumbo de las elecciones de 2012”, sostuvo.
La legisladora refirió que la comisión de vigilancia autorizó solicitar a la de presupuesto una ampliación del gasto de la ASF para 2011 por 180 millones de pesos, para que el ente fiscalizador cuente con mil 406 millones de pesos que le permitirán ampliar su revisión al gasto público y constituir una gerencia de auditoría a estados y municipios.
Enrique Méndez, La Jornada, 9 de noviembre.
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