El Senado aprobó una reforma que fortalece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) e incrementa las multas contra la piratería, que podrían alcanzar hasta casi 4.6 millones de pesos, monto 700 por ciento superior al tope vigente.
La máxima sanción que se impondrá por cometer infracciones en la materia será de 2.29 millones de pesos, que podrá duplicarse cuando se compruebe que el infractor conocía la existencia de los derechos del titular.
Las multas se aplicarán por comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial.
También procederán por producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por derechos de autor o derechos conexos.
Será sancionado además quien ofrezca en venta, almacene, transporte o ponga en circulación obras protegidas por la ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular de los derechos.
Con la reforma se endurecen los castigos por importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita disponer de un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los mecanismos electrónicos de protección de un programa de computo.
En el dictamen, las comisiones del Senado reconocieron que, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos por México, la protección a la propiedad industrial se ha visto amenazada en la última década por la proliferación de mercancías ilegítimas.
La ley vigente, indicaron, contempla mecanismos de vigilancia y sanción, pero no tan efectivos.
"En diversos procedimientos se presentan dificultades para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones de trámite y definitivas correspondientes, específicamente cuando los presuntos infractores pretenden evadir su responsabilidad y no proporcionan domicilio para oír y recibirlas", apunta el dictamen.
La máxima sanción que se impondrá por cometer infracciones en la materia será de 2.29 millones de pesos, que podrá duplicarse cuando se compruebe que el infractor conocía la existencia de los derechos del titular.
Las multas se aplicarán por comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial.
También procederán por producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por derechos de autor o derechos conexos.
Será sancionado además quien ofrezca en venta, almacene, transporte o ponga en circulación obras protegidas por la ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular de los derechos.
Con la reforma se endurecen los castigos por importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita disponer de un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los mecanismos electrónicos de protección de un programa de computo.
En el dictamen, las comisiones del Senado reconocieron que, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos por México, la protección a la propiedad industrial se ha visto amenazada en la última década por la proliferación de mercancías ilegítimas.
La ley vigente, indicaron, contempla mecanismos de vigilancia y sanción, pero no tan efectivos.
"En diversos procedimientos se presentan dificultades para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones de trámite y definitivas correspondientes, específicamente cuando los presuntos infractores pretenden evadir su responsabilidad y no proporcionan domicilio para oír y recibirlas", apunta el dictamen.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 16 de diciembre.
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