Se otorga a la CNDH la facultad para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del gobierno federal, gobernadores, legisladores y alcaldes. También las comisiones estatales podrán presentar las denuncias penales o civiles que consideren procedentes contra dichos funcionarios y representantes populares. Además, se tendrá la competencia en asuntos laborales.
La CNDH, aseguró, mantendrá su esfuerzo por generar una mayor cultura y compromiso de todos los servidores públicos en el respeto y observancia de los derechos humanos y reafirma el cumplimiento cabal de su responsabilidad constitucional y moral en defensa de las víctimas.
México • Redacción, La Jornada, 17 de diciembre.
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