En su último informe como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Feral, el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia celebró la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la reforma sobre derechos humanos.
Ortiz Mayagoitia reveló que la mayoría de los ministros pidieron al Congreso eliminar la facultad del máximo tribunal para investigar casos de grave violación a las garantías individuales.
"En noviembre pasado se comunicó al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que la posición mayoritaria asumida por el Pleno de la Corte es a favor de la supresión de la facultad prevista en el artículo 97 de la Constitución", dijo.
La gestión de la Corte tuvo éxito. La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma Constitucional proveniente del Senado que elimina en definitiva esta facultad, que llevó a la Corte a involucrarse en años recientes en casos como la matanza de Aguas Blancas, Lydia Cacho, San Salvador Atenco y la Guardería ABC.
Los dictámenes que emitía la Corte en estas investigaciones no eran obligatorios para las autoridades, y en casos como el de Cacho y ABC, la difusión previa de proyectos de resolución de los ministros ponentes generó expectativas que luego se derrumbaron al ser rechazados por el pleno.
Ortiz también expresó su reconocimiento al Congreso por la reciente reforma constitucional para modernizar el juicio de amparo, por la que se facilitará el acceso de los ciudadanos a este recurso, aunque aún está pendiente la ley secundaria respectiva.
Al informe asistieron el presidente Felipe Calderón, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y Francisco Javier Salazar, uno de los siete vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, además de múltiples funcionarios y todos los altos mandos del Poder Judicial.
El ministro informó que la carga total de trabajo de los 670 juzgados y tribunales federales administrados por el Consejo de la Judicatura Federal superó el millón de expedientes en 2010.
"Al Poder Judicial de la Federación no le corresponde fomentar ni desalentar el litigio, esto está fuera de nuestro control, "la función del Consejo de la Judicatura es garantizar la existencia de recursos humanos y materiales".
Consideró que el rezago se ha mantenido estable, en el sentido de que cada año, los tribunales federales están dejando pendiente de sentencia para el siguiente de 20% del total de la carga.
Ortiz Mayagoitia reveló que la mayoría de los ministros pidieron al Congreso eliminar la facultad del máximo tribunal para investigar casos de grave violación a las garantías individuales.
"En noviembre pasado se comunicó al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que la posición mayoritaria asumida por el Pleno de la Corte es a favor de la supresión de la facultad prevista en el artículo 97 de la Constitución", dijo.
La gestión de la Corte tuvo éxito. La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma Constitucional proveniente del Senado que elimina en definitiva esta facultad, que llevó a la Corte a involucrarse en años recientes en casos como la matanza de Aguas Blancas, Lydia Cacho, San Salvador Atenco y la Guardería ABC.
Los dictámenes que emitía la Corte en estas investigaciones no eran obligatorios para las autoridades, y en casos como el de Cacho y ABC, la difusión previa de proyectos de resolución de los ministros ponentes generó expectativas que luego se derrumbaron al ser rechazados por el pleno.
Ortiz también expresó su reconocimiento al Congreso por la reciente reforma constitucional para modernizar el juicio de amparo, por la que se facilitará el acceso de los ciudadanos a este recurso, aunque aún está pendiente la ley secundaria respectiva.
Al informe asistieron el presidente Felipe Calderón, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y Francisco Javier Salazar, uno de los siete vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, además de múltiples funcionarios y todos los altos mandos del Poder Judicial.
El ministro informó que la carga total de trabajo de los 670 juzgados y tribunales federales administrados por el Consejo de la Judicatura Federal superó el millón de expedientes en 2010.
"Al Poder Judicial de la Federación no le corresponde fomentar ni desalentar el litigio, esto está fuera de nuestro control, "la función del Consejo de la Judicatura es garantizar la existencia de recursos humanos y materiales".
Consideró que el rezago se ha mantenido estable, en el sentido de que cada año, los tribunales federales están dejando pendiente de sentencia para el siguiente de 20% del total de la carga.
Víctor Fuentes, Reforma, 16 de diciembre.
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