JOJUTLA, Mor.— En este 2010, el Congreso mexicano se mantuvo en el debate de crear una ley federal o general para el delito de trata de personas. La conclusión final fue que no se podía quitar a los estados la responsabilidad de castigar en esa materia que incluye la explotación sexual.
México cierra este año con severas críticas a su lucha contra el tráfico de personas. El departamento de Estado norteamericano lo colocó en su informe anual dentro del paquete de naciones que no cumplen con los estándares mínimos en esa lucha. En febrero de 2010, por primera vez la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió al país para integrarlo en La Campaña Azul, que se lanzó para sensibilizar y hacer visible el delito de explotación sexual, con el lema: “El ser humano no está a la venta”. Lo hizo porque México figura entre los cinco países con mayor incidencia en este ilícito.
Pero aquí, en esta zona de tolerancia que trabaja con el aval de la Presidencia Municipal de Jojutla, en el sur de México, y en la que muchas jóvenes se prostituyen bajo el yugo de la explotación sexual, sólo fue un día más. La zona de tolerancia está en el corredor de tratantes de mujeres y de prostitución forzada, que comprende los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la ciudad de México, de acuerdo con información del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Muchas de las mujeres que son sometidas en este par de calles sin pavimentar, permanecen paradas afuera de cuartuchos o de portones que encierran privados numerados, improvisados con retazos de tela. Ellas se han prostituido también en las zonas de tolerancia de Izúcar de Matamoros y en hoteles de Puebla y Orizaba; en las calles de Tlaxcala y de La Merced, en el DF.
“Son aproximadamente 80 mujeres. La mayoría de las que llegan aquí vienen de bares, hoteles, centros nocturnos, y han sido sexoservidoras ambulantes”, dice Griselda Pérez, quien visita la zona de tolerancia cada viernes y es titular del área de Bienestar Social del municipio, encargada de regular la prostitución en Jojutla.
Cada quien tiene su propia visión. Griselda Pérez reconoce que ese lugar es mal visto por la ciudadanía, aunque sirve para mantener un buen control sanitario sobre las sexoservidoras, a quienes se les convence para que denuncien cuando son explotadas sexualmente.
En cambio, Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe —organización que calcula más de un millón y medio de mujeres y niñas explotadas— dice que las zonas de tolerancia violan los compromisos internacionales adquiridos por México, porque encajonan en distintos puntos el negocio de los explotadores.
Autoridades coludidas
“Aquí está más tranquilo, no hace tanto frío como en Córdoba (Veracruz)”, dice Lady, una ex campesina de 20 años que sería llevada a Nueva York por su captor, y que hoy se prostituye en Jojutla.
Parece niña, es bajita y muy delgada. Su historia viene de Álamo, Veracruz, donde un supuesto comerciante de ropa la envolvió cuando ella accedió a ir a su casa a hacer la limpieza de su hogar. Él le decía que había quedado viudo y que estaba enfermo, que necesitaba su ayuda. Después la atacó por el lado de la ilusión. Cuando menos lo sintió, se había enamorado. Le hizo caso y viajó con él a un hotel en Córdoba, Veracruz, donde le dijo de qué se trataba el asunto. Ella comenzó a trabajar sin respingar. Lo que más le importaba era mandarle dinero a su madre y a sus hermanitas: “Yo estuve de acuerdo, pero le dije que el dinero que ganara se lo iba a mandar a mi mamá”.
Griselda Pérez dice que las mujeres tienen miedo de denunciar cuando son explotadas sexualmente, pero hay una explicación. La diputada Rosi Orozco, que preside la Comisión Especial contra la Explotación Sexual —con un techo presupuestal de apenas 36 mil pesos mensuales— dice que esos territorios son un agujero negro, porque muchas veces la propia policía o los ministerios públicos de los pueblos son sus clientes “Es terrible, porque las víctimas se dan cuenta de que quienes las explotan tienen vínculos con la autoridad. La mayoría de la gente que promueve las zonas de tolerancia lo hace porque saca ganancia”.
A pesar de que en el informe del Departamento de Estado norteamericano de este año se dice que el gobierno federal abrió 24 líneas de investigación contra presuntos responsables de trata, Orozco afirma que ningún estado tiene una sola sentencia por ese delito. “La trata y la explotación sexual se han convertido en un grave problema que puede llegar a rebasar a la delincuencia organizada o al narco”, afirma.
México cierra este año con severas críticas a su lucha contra el tráfico de personas. El departamento de Estado norteamericano lo colocó en su informe anual dentro del paquete de naciones que no cumplen con los estándares mínimos en esa lucha. En febrero de 2010, por primera vez la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió al país para integrarlo en La Campaña Azul, que se lanzó para sensibilizar y hacer visible el delito de explotación sexual, con el lema: “El ser humano no está a la venta”. Lo hizo porque México figura entre los cinco países con mayor incidencia en este ilícito.
Pero aquí, en esta zona de tolerancia que trabaja con el aval de la Presidencia Municipal de Jojutla, en el sur de México, y en la que muchas jóvenes se prostituyen bajo el yugo de la explotación sexual, sólo fue un día más. La zona de tolerancia está en el corredor de tratantes de mujeres y de prostitución forzada, que comprende los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la ciudad de México, de acuerdo con información del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Muchas de las mujeres que son sometidas en este par de calles sin pavimentar, permanecen paradas afuera de cuartuchos o de portones que encierran privados numerados, improvisados con retazos de tela. Ellas se han prostituido también en las zonas de tolerancia de Izúcar de Matamoros y en hoteles de Puebla y Orizaba; en las calles de Tlaxcala y de La Merced, en el DF.
“Son aproximadamente 80 mujeres. La mayoría de las que llegan aquí vienen de bares, hoteles, centros nocturnos, y han sido sexoservidoras ambulantes”, dice Griselda Pérez, quien visita la zona de tolerancia cada viernes y es titular del área de Bienestar Social del municipio, encargada de regular la prostitución en Jojutla.
Cada quien tiene su propia visión. Griselda Pérez reconoce que ese lugar es mal visto por la ciudadanía, aunque sirve para mantener un buen control sanitario sobre las sexoservidoras, a quienes se les convence para que denuncien cuando son explotadas sexualmente.
En cambio, Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe —organización que calcula más de un millón y medio de mujeres y niñas explotadas— dice que las zonas de tolerancia violan los compromisos internacionales adquiridos por México, porque encajonan en distintos puntos el negocio de los explotadores.
Autoridades coludidas
“Aquí está más tranquilo, no hace tanto frío como en Córdoba (Veracruz)”, dice Lady, una ex campesina de 20 años que sería llevada a Nueva York por su captor, y que hoy se prostituye en Jojutla.
Parece niña, es bajita y muy delgada. Su historia viene de Álamo, Veracruz, donde un supuesto comerciante de ropa la envolvió cuando ella accedió a ir a su casa a hacer la limpieza de su hogar. Él le decía que había quedado viudo y que estaba enfermo, que necesitaba su ayuda. Después la atacó por el lado de la ilusión. Cuando menos lo sintió, se había enamorado. Le hizo caso y viajó con él a un hotel en Córdoba, Veracruz, donde le dijo de qué se trataba el asunto. Ella comenzó a trabajar sin respingar. Lo que más le importaba era mandarle dinero a su madre y a sus hermanitas: “Yo estuve de acuerdo, pero le dije que el dinero que ganara se lo iba a mandar a mi mamá”.
Griselda Pérez dice que las mujeres tienen miedo de denunciar cuando son explotadas sexualmente, pero hay una explicación. La diputada Rosi Orozco, que preside la Comisión Especial contra la Explotación Sexual —con un techo presupuestal de apenas 36 mil pesos mensuales— dice que esos territorios son un agujero negro, porque muchas veces la propia policía o los ministerios públicos de los pueblos son sus clientes “Es terrible, porque las víctimas se dan cuenta de que quienes las explotan tienen vínculos con la autoridad. La mayoría de la gente que promueve las zonas de tolerancia lo hace porque saca ganancia”.
A pesar de que en el informe del Departamento de Estado norteamericano de este año se dice que el gobierno federal abrió 24 líneas de investigación contra presuntos responsables de trata, Orozco afirma que ningún estado tiene una sola sentencia por ese delito. “La trata y la explotación sexual se han convertido en un grave problema que puede llegar a rebasar a la delincuencia organizada o al narco”, afirma.
Alejandro Suverza, EL Universal, 19 de diciembre.
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