ARRIAGA, Chis.- La caravana de activistas y migrantes que preveía trasladarse en tren de carga desde Arriaga, Chiapas, hasta Chahuites, Oaxaca, fue cancelada por la suspensión del servicio ferroviario, pero llegó a su meta con el apoyo del gobierno estatal.
Para las organizaciones que convocaron la protesta para exigir a los tres niveles de gobierno que actúen en contra de criminales, policías y funcionarios involucrados en el secuestro, robo y maltrato de centroamericanos, este detalle fue considerado como un boicot del gobierno federal para detener la protesta.
"Lo consultamos con días de anticipación a Gustavo Baca, director de Ferrocarriles Nacionales y Ferrocarriles del Istmo, y él no contesta. Sólo lo hizo una vez diciendo que era riesgo de nosotros. Anticipó inusualmente la máquina y la retiene ahora en Ixtepec.
"Los de migración sí hicieron el operativo para evitar que se subieran en el tren. Sí hubo boicot", acusó el padre Alejandro Solalinde.
"Hacemos esta manifestación para poner en la agenda del gobierno el tema de la migración, que los secuestran masivamente", agregó Heyman Vázquez, padre responsable de la Casa del Migrante en Arriaga.
La caravana Paso a Paso por la Paz pretendía llegar a Chahuites, Oaxaca, zona en donde se registraron dos secuestros masivos el 16 y 21 de diciembre pasados.
Fuentes de la Secretaría de Gobernación dijeron a REFORMA que no se boicoteó la marcha, y que la salida del tren fue suspendida por una decisión comercial de la empresa.
Aseguraron que incluso que el Instituto Nacional de Migración suspendió los operativos el jueves. Sin embargo, este diario constató operativos dicho día.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública federal, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, medidas cautelares a fin de que se salvaguarde la seguridad e integridad física de los integrantes de la caravana.
En respuesta, la Segob informó a través de un comunicado, que el gobierno federal estableció medidas de protección para los activistas y migrantes que participan en la caravana.
Por la tarde, ante la ausencia del tren y en un hecho inusual, autoridades del gobierno de Chiapas trasladaron en vehículos oficiales y escoltaron con policías armados a un grupo de 60 migrantes a los límites con Oaxaca, para que continuaran su viaje por el País sin riesgo de ser deportados de la entidad, que es el primer y más rígido filtro migratorio.
Los migrantes iban junto con los sacerdotes Solalinde y Vázquez y otros activistas defensores de derechos humanos.
Los activistas tenían previsto recorrer el tramo a pie, pero el gobierno del Estado ofreció llevarlos en vehículos.
La caravana fue dejada a 10 kilómetros aproximadamente de Chahuites.
Los migrantes caminaban sorprendidos. "Había oído de todo, pero de esto que pasara nunca", dijo Carlos, un guatemalteco.
Para las organizaciones que convocaron la protesta para exigir a los tres niveles de gobierno que actúen en contra de criminales, policías y funcionarios involucrados en el secuestro, robo y maltrato de centroamericanos, este detalle fue considerado como un boicot del gobierno federal para detener la protesta.
"Lo consultamos con días de anticipación a Gustavo Baca, director de Ferrocarriles Nacionales y Ferrocarriles del Istmo, y él no contesta. Sólo lo hizo una vez diciendo que era riesgo de nosotros. Anticipó inusualmente la máquina y la retiene ahora en Ixtepec.
"Los de migración sí hicieron el operativo para evitar que se subieran en el tren. Sí hubo boicot", acusó el padre Alejandro Solalinde.
"Hacemos esta manifestación para poner en la agenda del gobierno el tema de la migración, que los secuestran masivamente", agregó Heyman Vázquez, padre responsable de la Casa del Migrante en Arriaga.
La caravana Paso a Paso por la Paz pretendía llegar a Chahuites, Oaxaca, zona en donde se registraron dos secuestros masivos el 16 y 21 de diciembre pasados.
Fuentes de la Secretaría de Gobernación dijeron a REFORMA que no se boicoteó la marcha, y que la salida del tren fue suspendida por una decisión comercial de la empresa.
Aseguraron que incluso que el Instituto Nacional de Migración suspendió los operativos el jueves. Sin embargo, este diario constató operativos dicho día.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública federal, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, medidas cautelares a fin de que se salvaguarde la seguridad e integridad física de los integrantes de la caravana.
En respuesta, la Segob informó a través de un comunicado, que el gobierno federal estableció medidas de protección para los activistas y migrantes que participan en la caravana.
Por la tarde, ante la ausencia del tren y en un hecho inusual, autoridades del gobierno de Chiapas trasladaron en vehículos oficiales y escoltaron con policías armados a un grupo de 60 migrantes a los límites con Oaxaca, para que continuaran su viaje por el País sin riesgo de ser deportados de la entidad, que es el primer y más rígido filtro migratorio.
Los migrantes iban junto con los sacerdotes Solalinde y Vázquez y otros activistas defensores de derechos humanos.
Los activistas tenían previsto recorrer el tramo a pie, pero el gobierno del Estado ofreció llevarlos en vehículos.
La caravana fue dejada a 10 kilómetros aproximadamente de Chahuites.
Los migrantes caminaban sorprendidos. "Había oído de todo, pero de esto que pasara nunca", dijo Carlos, un guatemalteco.
Daniela Rea, Reforma, 8 de enero.
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