ARRIAGA, Chiapas.- Más que un mecanismo para proteger a los migrantes, los operativos de aseguramiento llevados a cabo por el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal podrían incrementar el riesgo de ser víctimas de algún delito, según denunciaron indocumentados y el padre Alejandro Solalinde.
"Lo que vemos es que cuando los aseguran, varios delincuentes que se hacen pasar por migrantes se dejan deportar con ellos para sacar información. Porque a ellos, a los delincuentes, no los detienen ni los investigan", explica el coordinador del albergue Hermanos en el camino.
Quienes han cruzado las vías una y otra vez en su intento por llegar a Estados Unidos y defensores de los derechos de los migrantes aseguran que la estrategia de protección no es lo óptima, ya que incluso incrementa el riesgo de los migrantes, no sólo porque modifican sus rutas migratorias para esquivar los retenes, sino porque se trata de aseguramientos indiscriminados que mezclan a migrantes con delincuentes.
"Hay migrantes que estarían de acuerdo con los operativos si se llevaran a cabo con mayor seguridad y se agarraran a los delincuentes. Hay personas que se dejan asegurar para identificar a las posibles víctimas y cuando son deportados se ofrecen como 'guías' en su reintento por cruzar el País, y los llevan directamente a la boca del lobo", explica Vilma Mendoza, responsable de la Agencia de Asistencia Consular de El Salvador en Arriaga.
En los últimos años, el coordinador diocesano de la Pastoral de la Movilidad Humana ha denunciado que integrantes de Los Zetas o de la Mara o cualquier otro delincuente se hace pasar por migrante, ingresa en los albergues para obtener información y posteriormente llevar a cabo los secuestros.
Esta situación se ha registrado en otros albergues como el de Tapachula, de Olga Sánchez, donde un par de coyotes se hicieron pasar por centroamericanos para ingresar y obtener información de una hondureña que iba con su hijo.
"Hemos detectado gente que no es propiamente migrante. Luego en las estación migratoria nos damos cuenta porque hace conflicto y los migrantes nos dicen que son maras, pero no podemos más que deportarlos", manifiesta un oficial de Migración de Tapachula.
Ese temor se palpa en los migrantes. En público evitan decir que estuvieron o tienen familia del otro lado, sacar sus celulares y dar los números de sus casas. Saben que deben desconfiar de quienes llevan más de una semana en un punto, de quienes con vendas en los brazos cubren sus tatuajes.
"Fui a la caseta a llamar a mi familia que está en Los Ángeles y empecé a hablar en inglés. Sentí de reojo que voltearon, así, enseguida, y vi a uno de los que vienen con nosotros y mejor me callé", cuenta un guatemalteco.
Por eso, dice, ahora son más cautelosos para juntarse en grupo. Al guatemalteco de la mente no se le borra el rostro de un joven de nariz aguileña, quien iba trepado en el tren con un grupo de 30. Todo el viaje escuchando su conversación. Cuando entraron a Medias Aguas, Veracruz, un grupo de secuestradores se dirigió directamente a ese grupo, del que capturaron a unos nueve.
El sacerdote Solalinde y la cónsul Vilma coinciden en que los operativos de aseguramiento tendrán sentido si se detiene a los delincuentes y se les inicia proceso, si se termina con la impunidad.
Lógica enredada
La lógica de la seguridad para personas indocumentadas se enreda en un problema de conceptos. ¿Cómo va el Gobierno a proteger a personas que están fuera de la legalidad? Es la justificación que le han dado las autoridades federales al padre Alejandro Solalinde y que se traducen en los operativos.
"El Gobierno federal dice que no pueden acompañarlos (en su tránsito por México) porque es un delito, ellos son ilegales y si los escoltan o acompañan, justifican la migración indocumentada y esto no es posible porque está fuera de la ley", explica.
Actualmente, ni la Policía Federal, los marinos o los militares han establecido mecanismos de protección específicos para la protección de los indocumentados, ni siquiera después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, que puso en el escenario mundial las violaciones a sus derechos en el territorio nacional.
"Tardamos más en asegurarlos que en ellos regresar, pero es lo único que podemos hacer para que estén a salvo de los secuestros", externó un oficial de INM, parte del equipo que llegó a la ciudad de Arriaga, proveniente de Tapachula, a realizar los operativos migratorios.
"Lo que vemos es que cuando los aseguran, varios delincuentes que se hacen pasar por migrantes se dejan deportar con ellos para sacar información. Porque a ellos, a los delincuentes, no los detienen ni los investigan", explica el coordinador del albergue Hermanos en el camino.
Quienes han cruzado las vías una y otra vez en su intento por llegar a Estados Unidos y defensores de los derechos de los migrantes aseguran que la estrategia de protección no es lo óptima, ya que incluso incrementa el riesgo de los migrantes, no sólo porque modifican sus rutas migratorias para esquivar los retenes, sino porque se trata de aseguramientos indiscriminados que mezclan a migrantes con delincuentes.
"Hay migrantes que estarían de acuerdo con los operativos si se llevaran a cabo con mayor seguridad y se agarraran a los delincuentes. Hay personas que se dejan asegurar para identificar a las posibles víctimas y cuando son deportados se ofrecen como 'guías' en su reintento por cruzar el País, y los llevan directamente a la boca del lobo", explica Vilma Mendoza, responsable de la Agencia de Asistencia Consular de El Salvador en Arriaga.
En los últimos años, el coordinador diocesano de la Pastoral de la Movilidad Humana ha denunciado que integrantes de Los Zetas o de la Mara o cualquier otro delincuente se hace pasar por migrante, ingresa en los albergues para obtener información y posteriormente llevar a cabo los secuestros.
Esta situación se ha registrado en otros albergues como el de Tapachula, de Olga Sánchez, donde un par de coyotes se hicieron pasar por centroamericanos para ingresar y obtener información de una hondureña que iba con su hijo.
"Hemos detectado gente que no es propiamente migrante. Luego en las estación migratoria nos damos cuenta porque hace conflicto y los migrantes nos dicen que son maras, pero no podemos más que deportarlos", manifiesta un oficial de Migración de Tapachula.
Ese temor se palpa en los migrantes. En público evitan decir que estuvieron o tienen familia del otro lado, sacar sus celulares y dar los números de sus casas. Saben que deben desconfiar de quienes llevan más de una semana en un punto, de quienes con vendas en los brazos cubren sus tatuajes.
"Fui a la caseta a llamar a mi familia que está en Los Ángeles y empecé a hablar en inglés. Sentí de reojo que voltearon, así, enseguida, y vi a uno de los que vienen con nosotros y mejor me callé", cuenta un guatemalteco.
Por eso, dice, ahora son más cautelosos para juntarse en grupo. Al guatemalteco de la mente no se le borra el rostro de un joven de nariz aguileña, quien iba trepado en el tren con un grupo de 30. Todo el viaje escuchando su conversación. Cuando entraron a Medias Aguas, Veracruz, un grupo de secuestradores se dirigió directamente a ese grupo, del que capturaron a unos nueve.
El sacerdote Solalinde y la cónsul Vilma coinciden en que los operativos de aseguramiento tendrán sentido si se detiene a los delincuentes y se les inicia proceso, si se termina con la impunidad.
Lógica enredada
La lógica de la seguridad para personas indocumentadas se enreda en un problema de conceptos. ¿Cómo va el Gobierno a proteger a personas que están fuera de la legalidad? Es la justificación que le han dado las autoridades federales al padre Alejandro Solalinde y que se traducen en los operativos.
"El Gobierno federal dice que no pueden acompañarlos (en su tránsito por México) porque es un delito, ellos son ilegales y si los escoltan o acompañan, justifican la migración indocumentada y esto no es posible porque está fuera de la ley", explica.
Actualmente, ni la Policía Federal, los marinos o los militares han establecido mecanismos de protección específicos para la protección de los indocumentados, ni siquiera después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, que puso en el escenario mundial las violaciones a sus derechos en el territorio nacional.
"Tardamos más en asegurarlos que en ellos regresar, pero es lo único que podemos hacer para que estén a salvo de los secuestros", externó un oficial de INM, parte del equipo que llegó a la ciudad de Arriaga, proveniente de Tapachula, a realizar los operativos migratorios.
Enrique Lomas, Reforma, 10 de enero.
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