La Habana, 12 de enero. Una empresa mixta cubana-venezolana tenderá este mes el cable submarino de fibra óptica de mil 630 kilómetros, que unirá a los dos países para elevar su capacidad de conexión informática, reportó la Agencia de Información Nacional (AIN).
La empresa Telecomunicaciones Gran Caribe SA (60 por ciento venezolana, 40 por ciento cubana), está invirtiendo en la obra 70 millones de dólares, que tendrá una vida útil de 25 años y estará funcionando en julio próximo.
El tendido empezará entre el 18 y el 20 de enero en la localidad de Camurí, cercana al puerto de La Guaira, en el norte de Venezuela, y concluirá en febrero en la playa Siboney, 14 kilómetros al este de Santiago de Cuba, en el extremo oriental, informó la AIN.
Según el pronóstico oficial, para Cuba el cable será una gran autopista de entrada y salida de datos, voz e imagen, con una capacidad de 640 gigabytes, equivalente a 3 mil veces la conectividad actual de la isla con el exterior.
El diario oficial Granma informó este miércoles que un buque francés zarpó del puerto de Calais, en dirección a Venezuela, cargando el cable Alba-1, el equipo para su instalación y un robot submarino para monitorear las operaciones. La ejecución técnica está a cargo de la empresa franco-china Alcatel Shanghai Bell.
En Santiago de Cuba también funcionará un centro de mantenimiento técnico, con personal local entrenado en Francia, según señaló la AIN. El cable tendrá también una salida hacia la localidad de Ocho Ríos, Jamaica, para conectar a ese país y potencialmente a otros más del Caribe.
Cuba no puede aprovechar otras líneas de fibra óptica en la zona, por las limitaciones que le impone el bloqueo estadunidense. La AIN precisó que la isla mantendrá su actual conectividad por satélite, pero reducirá costos.
El cable no modificará la política actual de restricciones al acceso individual de los cubanos a Internet, según informes oficiales.
El gobierno cubano ofrece el servicio a instituciones públicas o a particulares autorizados expresamente, pero estima que no puede abrir el mercado de inmediato por la falta de una infraestructura interna suficiente para responder a la demanda.
La empresa Telecomunicaciones Gran Caribe SA (60 por ciento venezolana, 40 por ciento cubana), está invirtiendo en la obra 70 millones de dólares, que tendrá una vida útil de 25 años y estará funcionando en julio próximo.
El tendido empezará entre el 18 y el 20 de enero en la localidad de Camurí, cercana al puerto de La Guaira, en el norte de Venezuela, y concluirá en febrero en la playa Siboney, 14 kilómetros al este de Santiago de Cuba, en el extremo oriental, informó la AIN.
Según el pronóstico oficial, para Cuba el cable será una gran autopista de entrada y salida de datos, voz e imagen, con una capacidad de 640 gigabytes, equivalente a 3 mil veces la conectividad actual de la isla con el exterior.
El diario oficial Granma informó este miércoles que un buque francés zarpó del puerto de Calais, en dirección a Venezuela, cargando el cable Alba-1, el equipo para su instalación y un robot submarino para monitorear las operaciones. La ejecución técnica está a cargo de la empresa franco-china Alcatel Shanghai Bell.
En Santiago de Cuba también funcionará un centro de mantenimiento técnico, con personal local entrenado en Francia, según señaló la AIN. El cable tendrá también una salida hacia la localidad de Ocho Ríos, Jamaica, para conectar a ese país y potencialmente a otros más del Caribe.
Cuba no puede aprovechar otras líneas de fibra óptica en la zona, por las limitaciones que le impone el bloqueo estadunidense. La AIN precisó que la isla mantendrá su actual conectividad por satélite, pero reducirá costos.
El cable no modificará la política actual de restricciones al acceso individual de los cubanos a Internet, según informes oficiales.
El gobierno cubano ofrece el servicio a instituciones públicas o a particulares autorizados expresamente, pero estima que no puede abrir el mercado de inmediato por la falta de una infraestructura interna suficiente para responder a la demanda.
Gerardo Arreola, La Jornada, 13 de enero.
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