Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el secuestro de 10 mil migrantes en México —en un lapso de seis meses— se basan en testimonios, en cada acta de fe pública que se integró en más de 2 mil 500 visitas a albergues, estaciones migratorias o puntos de reunión de indocumentados e informes oficiales, por lo que “es un despropósito” cuestionarlas cuando se debería trabajar para poner fin a este fenómeno.
Fernando Batista Jiménez, quinto visitador del organismo, en entrevista con EL UNIVERSAL expuso así la metodología que se empleó para recabar la información de víctimas y testigos de este delito, por lo que confió en que el gobierno federal sea sensible al tema y rectifique su posición, luego de que Salvador Beltrán del Río, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que las cifras de la CNDH “están fuera de la realidad”.
Después de que el ombudsman nacional Raúl Plascencia reveló que de abril a septiembre de 2010 hubo 214 secuestros masivos de indocumentados, el comisionado del INM sostuvo categórico que las cifras no son reales “no coinciden con los números que tenemos”.
Al respecto, Batista Jiménez consideró que “parece que no deberíamos estar discutiendo la metodología, y sí la forma de cómo implementar política pública y ponerle remedio a esta circunstancia”, sobre todo cuando en un informe que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2010, el gobierno de México aceptó que carecía de un método para conocer la dimensión del secuestro de migrantes en el país.
“Esto lo dijo en julio, ¿se ha trabajado en ello?, y encima se cuestiona la metodología de la CNDH, me parece un despropósito”, señaló el visitador.
Dan voz a víctimas
Batista Jiménez detalló que las cifras presentadas por el ombudsman “no son de la CNDH son de los testimonios de los migrantes, les estamos dando voz a los secuestrados, a las víctimas, a los testigos, las cifras son las que se recaban de nuestro trabajo de campo” y por cada actuación que realiza el personal de la visitaduría inicia un acta circunstanciada de fe pública; los datos se complementaron además con informes oficiales de las procuradurías de justicia estatal.
Los datos y quejas “las recabamos en contacto directo con las víctimas” y tan sólo en 2010 se realizaron mil 559 visitas a estaciones migratorias, 201 visitas a lugares con alta concentración de migrantes como terminales aéreas, de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión. Otros testimonios se recabaron en estaciones del INM, en 510 visitas a casas o albergues para migrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana en diversos puntos del país, además de 312 visitas a lugares de tránsito de indocumentados como plazas públicas o vías de trenes.
El quinto visitador cuestionó que si las autoridades “basan sus datos sólo en las víctimas que han presentado denuncia, obviamente las cifras son menores, cuando muchos no quieren denunciar y es delicado querer tomar esto como parámetro”.
El informe que presentará la CNDH sobre el tema es más que cifras, contiene una evaluación de políticas públicas, pues hasta el momento no ha habido una articulación de acciones en los tres órdenes de gobierno, así como posibles soluciones.
Fernando Batista Jiménez, quinto visitador del organismo, en entrevista con EL UNIVERSAL expuso así la metodología que se empleó para recabar la información de víctimas y testigos de este delito, por lo que confió en que el gobierno federal sea sensible al tema y rectifique su posición, luego de que Salvador Beltrán del Río, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que las cifras de la CNDH “están fuera de la realidad”.
Después de que el ombudsman nacional Raúl Plascencia reveló que de abril a septiembre de 2010 hubo 214 secuestros masivos de indocumentados, el comisionado del INM sostuvo categórico que las cifras no son reales “no coinciden con los números que tenemos”.
Al respecto, Batista Jiménez consideró que “parece que no deberíamos estar discutiendo la metodología, y sí la forma de cómo implementar política pública y ponerle remedio a esta circunstancia”, sobre todo cuando en un informe que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2010, el gobierno de México aceptó que carecía de un método para conocer la dimensión del secuestro de migrantes en el país.
“Esto lo dijo en julio, ¿se ha trabajado en ello?, y encima se cuestiona la metodología de la CNDH, me parece un despropósito”, señaló el visitador.
Dan voz a víctimas
Batista Jiménez detalló que las cifras presentadas por el ombudsman “no son de la CNDH son de los testimonios de los migrantes, les estamos dando voz a los secuestrados, a las víctimas, a los testigos, las cifras son las que se recaban de nuestro trabajo de campo” y por cada actuación que realiza el personal de la visitaduría inicia un acta circunstanciada de fe pública; los datos se complementaron además con informes oficiales de las procuradurías de justicia estatal.
Los datos y quejas “las recabamos en contacto directo con las víctimas” y tan sólo en 2010 se realizaron mil 559 visitas a estaciones migratorias, 201 visitas a lugares con alta concentración de migrantes como terminales aéreas, de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión. Otros testimonios se recabaron en estaciones del INM, en 510 visitas a casas o albergues para migrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana en diversos puntos del país, además de 312 visitas a lugares de tránsito de indocumentados como plazas públicas o vías de trenes.
El quinto visitador cuestionó que si las autoridades “basan sus datos sólo en las víctimas que han presentado denuncia, obviamente las cifras son menores, cuando muchos no quieren denunciar y es delicado querer tomar esto como parámetro”.
El informe que presentará la CNDH sobre el tema es más que cifras, contiene una evaluación de políticas públicas, pues hasta el momento no ha habido una articulación de acciones en los tres órdenes de gobierno, así como posibles soluciones.
Silvia Otero, El Universal, 8 de enero.
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