La Habana, 24 de enero. La investigación judicial de la muerte de decenas de internos del Hospital Siquiátrico de La Habana, hace un año, reveló que entre los pacientes había desnutrición y anemia, a pesar de que el centro recibía más comida de la requerida.
Los medios informativos locales reportaron hoy que el juicio concluyó el sábado pasado, después de seis días de audiencias en una sala penal del tribunal provincial de esta ciudad, que aún debe dictar sentencia. La fiscalía pidió penas de hasta 14 años de prisión para los acusados, entre los que está el director del hospital en el momento de la tragedia, Wilfredo Castillo Donate.
La fiscalía sostuvo que el hospital recibía una dotación de alimentos para 2 mil 458 camas, pero sólo estaban ocupadas en promedio mil 484. “No se justificaba el cuadro encontrado en la evaluación clínica realizada, que revela signos positivos de desnutrición y un elevado número de diagnósticos de anemia y niveles deficientes de vitaminas”.
Según el reporte oficial, la fiscalía comprobó “problemas estructurales” y “áreas desprotegidas” en la instalación. Familiares de las víctimas afirman que había dormitorios a los que les faltaban ventanas y puertas completas.
La fiscalía acusó a los procesados de malversar alimentos y ropa y de haberse quedado sin prestar el auxilio material y médico que necesitaban los enfermos durante la temporada invernal, en particular en el frente frío del 9 de enero de 2010.
También culpó a los directivos de abandonar sus funciones y de delegar la jefatura de guardias a personal de bajo rango. Familiares de los fallecidos se enteraron de la muerte masiva a partir del 12 de enero.
La información oficial omitió precisar si antes de esos hechos se realizaron inspecciones o auditorías al hospital. Seis meses después de las muertes fue remplazado el ministro de Salud Pública, José Ramón Balaguer.
El texto publicado en el diario oficial Granma y leído por radio y televisión, tampoco citó los alegatos de los acusados. Sólo dijo que los defensores expusieron sus argumentos, así como “consideraciones de carácter técnico”.
La nota igualmente evitó precisar el número de procesados y de víctimas. Entre los primeros ubicó a cuatro subdirectores, la dietista principal y personal administrativo, además de Castillo. El activista opositor Elizardo Sánchez, citando a familiares de los fallecidos, indicó que eran 15 los acusados.
El primer comunicado oficial sobre el caso, en enero de 2010, reportó 26 muertes. Pero allegados de las víctimas estimaron que podían ser más, tomando en cuenta que algunos enfermos fueron trasladados graves a otros hospitales.
Los medios informativos locales reportaron hoy que el juicio concluyó el sábado pasado, después de seis días de audiencias en una sala penal del tribunal provincial de esta ciudad, que aún debe dictar sentencia. La fiscalía pidió penas de hasta 14 años de prisión para los acusados, entre los que está el director del hospital en el momento de la tragedia, Wilfredo Castillo Donate.
La fiscalía sostuvo que el hospital recibía una dotación de alimentos para 2 mil 458 camas, pero sólo estaban ocupadas en promedio mil 484. “No se justificaba el cuadro encontrado en la evaluación clínica realizada, que revela signos positivos de desnutrición y un elevado número de diagnósticos de anemia y niveles deficientes de vitaminas”.
Según el reporte oficial, la fiscalía comprobó “problemas estructurales” y “áreas desprotegidas” en la instalación. Familiares de las víctimas afirman que había dormitorios a los que les faltaban ventanas y puertas completas.
La fiscalía acusó a los procesados de malversar alimentos y ropa y de haberse quedado sin prestar el auxilio material y médico que necesitaban los enfermos durante la temporada invernal, en particular en el frente frío del 9 de enero de 2010.
También culpó a los directivos de abandonar sus funciones y de delegar la jefatura de guardias a personal de bajo rango. Familiares de los fallecidos se enteraron de la muerte masiva a partir del 12 de enero.
La información oficial omitió precisar si antes de esos hechos se realizaron inspecciones o auditorías al hospital. Seis meses después de las muertes fue remplazado el ministro de Salud Pública, José Ramón Balaguer.
El texto publicado en el diario oficial Granma y leído por radio y televisión, tampoco citó los alegatos de los acusados. Sólo dijo que los defensores expusieron sus argumentos, así como “consideraciones de carácter técnico”.
La nota igualmente evitó precisar el número de procesados y de víctimas. Entre los primeros ubicó a cuatro subdirectores, la dietista principal y personal administrativo, además de Castillo. El activista opositor Elizardo Sánchez, citando a familiares de los fallecidos, indicó que eran 15 los acusados.
El primer comunicado oficial sobre el caso, en enero de 2010, reportó 26 muertes. Pero allegados de las víctimas estimaron que podían ser más, tomando en cuenta que algunos enfermos fueron trasladados graves a otros hospitales.
Gerardo Arreola, La Jornada, 25 de enero.
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