México y Honduras acuerdan proteger a indocumentados

Los gobiernos de México y Honduras realizarán investigaciones financieras conjuntas para detectar las transacciones del crimen organizado con los recursos que obtienen de la extorsión y secuestro de migrantes, así como de la trata y tráfico de personas, como parte de una estrategia de seguridad binacional que busca desarticular a estas redes que operan en la región.

Este es uno de los acuerdos a los que llegaron las delegaciones que participaron en la Reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Honduras, que incluyen intercambio de información para indagar las denuncias de delitos cometidos contra migrantes en ambos países, así como la elaboración de un mapa sobre las zonas de riesgo en su tránsito hacia Estados Unidos.

Rubén Beltrán Guerrero, subsecretario para América Latina y del Caribe de la Cancillería, y Alden Rivera, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, quienes encabezaron el encuentro, dieron a conocer los resultados y aseguraron que inicia una nueva etapa de colaboración en la búsqueda de protección y seguridad para los migrantes en toda la región.

Esto, después de los diferendos entre ambos países derivados del secuestro de al menos 50 migrantes en Chahuites, Oaxaca —el 16 de diciembre pasado—, por lo que Honduras, El Salvador y Guatemala exigieron al gobierno mexicano que actuara para poner un alto a los plagios de indocumentados y México les respondió que también deberían detener a las redes criminales y “enganchadores” que operan en su territorio, pues es donde se originan los delitos contra este sector vulnerable.

Después de casi cuatro horas de negociaciones a puerta cerrada en la sede de la Cancillería mexicana, las delegaciones integradas por diplomáticos y también por funcionarios de seguridad y procuración de justicia de ambos países se decidieron a tomar acciones desde el ámbito legal para combatir a las organizaciones criminales que victimizan a los migrantes.

Las medidas binacionales

En el documento final de los acuerdos destaca que México y Honduras decidieron “trabajar conjuntamente con sus unidades de Inteligencia Financiera para detectar las transacciones vinculadas con la extorsión a los migrantes, el tráfico y la trata de personas”.

El viceministro Rivera destacó que la estrategia también incluye el combate al secuestro de los migrantes, ya que “la investigación de las transacciones que a nivel financiero internacional se realizan y que en muchos casos implican el uso por parte del crimen organizado de estos recursos para la transferencia de fondos, para la transferencia de pagos, están vinculados con delitos que se cometen en toda la región”.

Roberto Romero Luna, subsecretario de Seguridad de Honduras, indicó que con estas tareas de inteligencia financiera conjunta se busca “que podamos ir a aquellas instancias que generalmente permiten la circulación de dinero de un país a otro, de manera que eso evitará que se esté aprovechando el lavado de activos, que se estén empleando recursos económicos para el pago de extorsiones e identificar quiénes están realizando estos envíos”.

Además de enfocar los esfuerzos en la desarticulación de los flujos financieros de las organizaciones que agreden a migrantes, México y Honduras analizan “suscribir un memorándum de entendimiento para el intercambio seguro de información entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General” y perfeccionar los instrumentos de asistencia jurídica y extradición de delincuentes entre ambos países.

Rivera dijo que “se pretende realizar una vinculación entre la PGR y la Fiscalía General de Honduras para atender los casos de investigación, recibir las denuncias. También vamos a compartir información a través de nuestras secretarías de Seguridad para crear una plataforma única a partir de la cual podamos tener una intervención más efectiva” en los delitos.

Se realizará un diagnóstico sobre las principales características de los flujos migratorios que cruzan por la región, por lo que se pedirá la colaboración de la Organización Internacional sobre Migraciones (OIM), para elaborar un mapa de riesgos en la región.
Silvia Otero, EL Universal, 23 de enero.

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