Avanza en Senado ley de migración

La nueva ley de migración avanzó en el Senado, al otorgársele el trámite de primera lectura. Se espera su aprobación para el próximo martes.

El ordenamiento llenaría un vacío jurídico, pues hasta el momento el país no cuenta con una ley en la materia, y se rige por la Ley General de Población.


La iniciativa fue presentada apenas el 9 de diciembre pasado y turnada a las comisiones Unidas de Población y Desarrollo, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, y cuenta con el respaldo de las principales fuerzas además de que se trabajó con el gobierno.


La ley permitirá generar el marco legal para evitar situaciones trágicas como la muerte de los 72 migrantes en Tamaulipas, reconoció el senador Humberto Andrade (PAN).


La propuesta de ley de migración se divide en ocho títulos y 21 capítulos e incluye elevar a rango de ley al Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria, y la creación de un centro de evaluación y control de confianza, con el que se obligará a sus colaboradores a cursar y aprobar programas de formación, capacitación y profesionalización para su ingreso y permanencia en el instituto, debiendo actuar invariablemente bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos de los migrantes.


En materia de protección de los derechos humanos incluye un procedimiento especial para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados, y se incluyen obligaciones específicas al DIF y al INM.


En materia de derechos fundamentales se garantizará a los migrantes, sin importar su estatus migratorio, el acceso a los servicios educativos y de salud, procuración e impartición de justicia, unidad familiar, información y al reconocimiento de su personalidad jurídica .


Además, para el caso de los niños y adolescentes, se establece la obligación de la autoridad de tomar en cuenta su edad y privilegiar su interés superior en todos los procedimientos.


Describe además los derechos y las obligaciones de los migrantes, así como la obligación del Estado de garantizar igualdad de trato a los extranjeros con respecto a las nacionales para el ejercicio de todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria.


La reforma aborda las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de las autoridades auxiliares en el tema.


“Lo anterior permite involucrar a las autoridades federales en la atención del tema migratorio y contribuye a que exista claridad sobre las funciones que cada una debe desempeñar, con lo que se espera una mejor coordinación entre ellas para hacer frente a los nuevos retos que representa el fenómeno migratorio”, señala la iniciativa.


Asimismo se establece la facultad de la Segob de formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la opinión del resto de las dependencias involucradas, de los demás Poderes de la Unión y de la sociedad civil, con el fin de tomar decisiones colegiadas.


El proyecto establece los requisitos que deben presentar extranjeros y nacionales para ingresar al país.


Se incluye también la posibilidad de que los extranjeros establecidos en el país sin la documentación adecuada, puedan regularizar su situación migratoria cuando manifiesten su intención de residir en el país, especialmente cuando acrediten un vínculo familiar.
Ricardo Gómez, EL Universal, 18 de febrero.

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