El Senado llevó a primera lectura el dictamen que crea una nueva Ley de Migración, a efecto de actualizar el marco legal que proteja los derechos humanos de los indocumentados y regule el ingreso de mexicanos al país con nuevos mecanismos de acreditación, como la cédula de identidad “o su equivalente”.
Sin embargo, la bancada del PRD manifestó que aún hay desacuerdo y presentará reservas en la discusión del próximo martes, porque no está conforme en las sanciones que se pretende aplicar a los migrantes, de hasta mil 600 días de salario mínimo, así como que la Policía Federal Preventiva asuma funciones migratorias.
El senador perredista Rubén Velázquez destacó que entre los principales puntos de la reforma destaca la despenalización para quienes presten ayuda humanitaria a los migrantes indocumentados, toda vez que hoy esta actividad era perseguida por la autoridad.
En el dictamen, que se discutirá el próximo martes, se destaca el propósito de que no exista ninguna duda de que las labores de asistencia y ayuda humanitarias a favor de los migrantes no constituyen un delito.
“Se aclara que para efectos de la actualización del tráfico de migrantes en situación irregular será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico, en dinero o en especie, cierto, actual o inminente”.
También se incorpora como conducta delictiva que cualquier servidor público auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro.
Se prevé que para ingresar al país, los mexicanos puedan acreditarse con la Cédula de Identidad Ciudadana, Cédula de Identidad Personal o su equivalente.
La reforma contempla ocho títulos y en el artículo 26 se otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda llevar a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
México • Angélica Mercado y Heliodoro Cárdenas, Milenio, 18 de febrero.
Sin embargo, la bancada del PRD manifestó que aún hay desacuerdo y presentará reservas en la discusión del próximo martes, porque no está conforme en las sanciones que se pretende aplicar a los migrantes, de hasta mil 600 días de salario mínimo, así como que la Policía Federal Preventiva asuma funciones migratorias.
El senador perredista Rubén Velázquez destacó que entre los principales puntos de la reforma destaca la despenalización para quienes presten ayuda humanitaria a los migrantes indocumentados, toda vez que hoy esta actividad era perseguida por la autoridad.
En el dictamen, que se discutirá el próximo martes, se destaca el propósito de que no exista ninguna duda de que las labores de asistencia y ayuda humanitarias a favor de los migrantes no constituyen un delito.
“Se aclara que para efectos de la actualización del tráfico de migrantes en situación irregular será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico, en dinero o en especie, cierto, actual o inminente”.
También se incorpora como conducta delictiva que cualquier servidor público auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro.
Se prevé que para ingresar al país, los mexicanos puedan acreditarse con la Cédula de Identidad Ciudadana, Cédula de Identidad Personal o su equivalente.
La reforma contempla ocho títulos y en el artículo 26 se otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda llevar a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
México • Angélica Mercado y Heliodoro Cárdenas, Milenio, 18 de febrero.
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