El Senado dio ayer el primer paso formal para la creación de la Ley de Migración que regulará el ingreso, tránsito y la estancia de extranjeros en territorio nacional.
El dictamen, que fue aprobado por los integrantes de las comisiones de Población y Desarrollo, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, establece el marco legal para la deportación y el retorno asistido de los migrantes con garantías de protección y respeto a los derechos humanos.
El ordenamiento, al que hoy se dará primera lectura en la sesión ordinaria, refuerza las facultades de la Policía Federal -que actualmente se establecen en la Ley General de Población-, para actuar en auxilio y coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) en la inspección de extranjeros.
El proyecto de ley establece los requisitos que se deben cumplir para la instalación de retenes y verificaciones migratorias en el País, en los que se deberá señalar a la autoridad responsable, los elementos que participan, el lugar y la duración de las revisiones.
La Procuraduría General de la República (PGR) deberá realizar convenios de cooperación y coordinación para mejorar la investigación y persecución de los delitos contra migrantes.
Además, será la responsable de elaborar las estadísticas sobre la criminalización del fenómeno, la impartición de justicia y la formación especializada de la Policía Federal Ministerial, agentes del Ministerio Público y oficiales ministeriales en materia de derechos humanos, de acuerdo con el dictamen.
Una vez avalada la ley, que deberá aprobarse también en la Cámara de Diputados, el Gobierno federal deberá coordinarse con estados y municipios para disuadir la emigración ilegal de mexicanos, así como para crear programas para atender los impactos de este fenómeno en las comunidades de origen.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación establecerá un sistema de puntos y cuotas para los extranjeros que soliciten la residencia permanente y permiso para trabajar antes del requisito de cuatro años.
Además de la nueva Ley, los senadores realizarán modificaciones a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, así como a las leyes contra la Delincuencia Organizada, Policía Federal, Asociaciones Religiosas y Culto Público, Inversión Extranjera y Turismo.
Dichos cambios entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la misma ley, el cual deberá expedir el Ejecutivo federal en un plazo de 85 días a partir de la publicación de la legislación en el Diario Oficial de la Federación.
El dictamen, que fue aprobado por los integrantes de las comisiones de Población y Desarrollo, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, establece el marco legal para la deportación y el retorno asistido de los migrantes con garantías de protección y respeto a los derechos humanos.
El ordenamiento, al que hoy se dará primera lectura en la sesión ordinaria, refuerza las facultades de la Policía Federal -que actualmente se establecen en la Ley General de Población-, para actuar en auxilio y coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) en la inspección de extranjeros.
El proyecto de ley establece los requisitos que se deben cumplir para la instalación de retenes y verificaciones migratorias en el País, en los que se deberá señalar a la autoridad responsable, los elementos que participan, el lugar y la duración de las revisiones.
La Procuraduría General de la República (PGR) deberá realizar convenios de cooperación y coordinación para mejorar la investigación y persecución de los delitos contra migrantes.
Además, será la responsable de elaborar las estadísticas sobre la criminalización del fenómeno, la impartición de justicia y la formación especializada de la Policía Federal Ministerial, agentes del Ministerio Público y oficiales ministeriales en materia de derechos humanos, de acuerdo con el dictamen.
Una vez avalada la ley, que deberá aprobarse también en la Cámara de Diputados, el Gobierno federal deberá coordinarse con estados y municipios para disuadir la emigración ilegal de mexicanos, así como para crear programas para atender los impactos de este fenómeno en las comunidades de origen.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación establecerá un sistema de puntos y cuotas para los extranjeros que soliciten la residencia permanente y permiso para trabajar antes del requisito de cuatro años.
Además de la nueva Ley, los senadores realizarán modificaciones a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, así como a las leyes contra la Delincuencia Organizada, Policía Federal, Asociaciones Religiosas y Culto Público, Inversión Extranjera y Turismo.
Dichos cambios entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la misma ley, el cual deberá expedir el Ejecutivo federal en un plazo de 85 días a partir de la publicación de la legislación en el Diario Oficial de la Federación.
Claudia Guerrero, Reforma, 18 de febrero.
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