Amparo contra película, ilegal

El juicio de amparo en el caso Presunto culpable no debió admitirse por tratarse de una materia civil y que debió desahogarse en los tribunales en esa materia y no en el ámbito administrativo, sostuvo el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga Rendón.

Al abordar el conflicto derivado por la cancelación de la proyección del documental Presunto culpable, Laveaga Rendón refirió que la demanda de amparo presentada por los quejosos es un ejemplo del abuso del juicio de garantías, debido a que cualquier persona puede interponer una demanda, incluso sin contar con el sustento jurídico suficiente que establece la Ley de Amparo.

En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peral ta, advirtió que este juicio en materia administrativa en realidad supone un ataque a la libertad de expresión, pues más que buscar la reparación del daño, trata de que no se difunda un proyecto cinematográfico que permite conocer las entrañas y perversión del sistema judicial mexicano.

Dijo que no se debe otorgar la suspensión definitiva en ninguno de los dos juicios de amparo, que inapropiadamente se permitió iniciar en los tribunales, ya que eso sería llevar al absurdo un caso que no da para más.

El documental es un proyecto que muestra los vicios y errores del sistema de justicia penal.

Sobre el tema, el director del Inacipe destacó que en todo caso, el juicio se debió tramitar ante un juez que revisa demandas civiles por daño moral, en las que está en juego un monto por indeminización y no la responsabilidad de una autoridad administrativa.

En opinión del maestro en Ciencias Penales no existe materia para el desahogo de un juicio en materia administrativa, ya que el único objetivo por esta vía fue suspender la exhibición del documental, mas no el pedir que se reparara el daño moral a los quejosos, en este caso familiares de la víctima que murió y que dio pie al proceso que llevó a la cárcel a José Antonio Zúñiga, un joven que ni siquiera conocía a su supuesta víctima.

Por su parte, el representante de los abogados penalistas del país, destacó que los jueces federales de primera instancia se están convirtiendo en meros observadores dentro de la administración de justicia, pues en vez de resolver con pleno conocimiento y apego a la ley, cometen fallas graves que deben resolver los tribunales de alzada, como sucedió en el caso de Presunto Responsable.

Creemos, advirtió el abogado, que debe haber mayores y mejores criterios para seleccionar y evaluar a los jueces que son nombrados por primera vez como tales, pues la falta de conocimiento, pericia y sentido de la justicia está afectando gravemente en todo el país.

Francisco Gómez, El Universal, 13 de marzo.