Busca PRI blindaje a sindicatos

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados pretende blindar a los sindicatos con su proyecto de Reforma Laboral que prevé presentar hoy y en el que busca impedir que las autoridades intervengan en la vida interna de las organizaciones de trabajadores.

En el artículo 357 relativo a los sindicatos, federaciones y confederaciones de los trabajadores se agregó un párrafo en el que se establece que no existen normas para limitar el derecho a la creación de estas agrupaciones y su ejercicio legal.

"Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal", dice el agregado al citado artículo.

En la exposición de motivos los priistas argumentan que las autoridades bajo el argumento de querer conocer la forma en que los sindicatos manejan sus finanzas quieren en realidad vulnerar la paz laboral que da la existencia de estas organizaciones.

El proyecto, que se presenta 11 meses después de la propuesta de Acción Nacional, evita el tema de transparentar los recursos que se le otorgan a las centrales obreras y sólo establece que se debe de informar cada seis meses a los agremiados.

De los cuatro artículos reformados en el capítulo de sindicatos, ninguno hace referencia a la transparencia o rendición de cuentas a las dependencias o empresas a las que pertenecen.

Además, en el artículo 388 se limita la libertad sindical de los agremiados al establecer como única opción el afiliarse al sindicato que tenga el contrato colectivo de trabajo con la empresa.

"Celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores sindicalizados de la empresa o establecimiento, no podrá dividirse éste en contratos colectivos para cada gremios", refiere la propuesta.

La iniciativa del PRI busca acotar el tiempo de los juicios laborales.

"La generación de salarios vencidos sin ningún límite en los juicios laborales, no sólo no es justicia laboral que debe depender de la celeridad del proceso a cargo del Estado, que es quien debe impartir justicia pronta y expedita, sino que ha constituido un negocio atractivo para las personas que se dedican a ello", señala.

Carole Simonnet y Armando Estrop, Reforma, 10 de marzo.

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