La nueva ley de migración, aprobada en el Senado de la República el 24 de febrero de este año, sigue criminalizando a quienes cruzan el territorio nacional en busca de llegar a Estados Unidos, y propicia la violación de sus garantías individuales básicas, advirtieron activistas de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).
En conferencia de prensa, Fabbiene Venet, miembro del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), señaló que a pesar del entusiasmo que generó dicha iniciativa de ley, “vemos con decepción que los señores senadores habían cantado victoria muy rápido”.
Algunos de los puntos del mencionado proyecto que siguen criminalizando a los migrantes, explicó el activista, son el hecho de que aún se considera el rubro de la movilidad humana sin documentos como tema de seguridad pública, en vez de verlo como un fenómeno mucho más complejo que debe ser abordado de forma integral.
Además, la ley seguiría permitiendo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y otros organismos policiacos continúen ejerciendo de facto labores de control migratorio, y por otra parte no prohíbe la realización de operativos de detención de viajeros y las llamadas “visitas domiciliarias”, que son totalmente anticonstitucionales porque violan la libertad de tránsito y se realizan con criterios netamente discriminatorios.
El documento aprobado por la Cámara de Senadores tampoco sirvió para reducir el tiempo de detención de quienes permanecen recluidos en las estaciones migratorias, quienes en muchas ocasiones pasan ahí más de un año, sin saber cuál es su situación jurídica. Por el contrario, ahora pueden estar presos por tiempo indefinido.
Por su parte, Nancy Pérez García, directora de la organización Sin Fronteras, señaló que a pesar de haberse eliminado el artículo 26 de la ley, uno de los que más desfavorecían la imagen y el estatus legal de los migrantes, hay más medidas de esa misma naturaleza.
La única instancia encargada de hacer cumplir estas disposiciones es la Secretaría de Gobernación (SG), cuando deberían estar involucradas en su diseño las autoridades de Salud (Ssa), Educación Pública (SEP) y Desarrollo Social (Sedeso), y se debería mencionar de forma explícita que los migrantes tienen el derecho –y no sólo la “posibilidad”– de tener acceso a la justicia si sufren algún abuso.
De su lado, Mario Santiago, integrante de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, advirtió que hay casos documentados de gente que lleva más de un año detenida en estaciones migratorias sin haber cometido ningún delito, lo cual los deja en el limbo legal.
Para concluir, el activista planteó que “la iniciativa está plagada de vicios que pueden ocasionar serias violaciones a los derechos humanos”, como la cláusula de supuesto retorno “asistido”, que en los hechos podría servir para expulsar a la fuerza a los migrantes, alertó.
En conferencia de prensa, Fabbiene Venet, miembro del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), señaló que a pesar del entusiasmo que generó dicha iniciativa de ley, “vemos con decepción que los señores senadores habían cantado victoria muy rápido”.
Algunos de los puntos del mencionado proyecto que siguen criminalizando a los migrantes, explicó el activista, son el hecho de que aún se considera el rubro de la movilidad humana sin documentos como tema de seguridad pública, en vez de verlo como un fenómeno mucho más complejo que debe ser abordado de forma integral.
Además, la ley seguiría permitiendo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y otros organismos policiacos continúen ejerciendo de facto labores de control migratorio, y por otra parte no prohíbe la realización de operativos de detención de viajeros y las llamadas “visitas domiciliarias”, que son totalmente anticonstitucionales porque violan la libertad de tránsito y se realizan con criterios netamente discriminatorios.
El documento aprobado por la Cámara de Senadores tampoco sirvió para reducir el tiempo de detención de quienes permanecen recluidos en las estaciones migratorias, quienes en muchas ocasiones pasan ahí más de un año, sin saber cuál es su situación jurídica. Por el contrario, ahora pueden estar presos por tiempo indefinido.
Por su parte, Nancy Pérez García, directora de la organización Sin Fronteras, señaló que a pesar de haberse eliminado el artículo 26 de la ley, uno de los que más desfavorecían la imagen y el estatus legal de los migrantes, hay más medidas de esa misma naturaleza.
La única instancia encargada de hacer cumplir estas disposiciones es la Secretaría de Gobernación (SG), cuando deberían estar involucradas en su diseño las autoridades de Salud (Ssa), Educación Pública (SEP) y Desarrollo Social (Sedeso), y se debería mencionar de forma explícita que los migrantes tienen el derecho –y no sólo la “posibilidad”– de tener acceso a la justicia si sufren algún abuso.
De su lado, Mario Santiago, integrante de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, advirtió que hay casos documentados de gente que lleva más de un año detenida en estaciones migratorias sin haber cometido ningún delito, lo cual los deja en el limbo legal.
Para concluir, el activista planteó que “la iniciativa está plagada de vicios que pueden ocasionar serias violaciones a los derechos humanos”, como la cláusula de supuesto retorno “asistido”, que en los hechos podría servir para expulsar a la fuerza a los migrantes, alertó.
Fernando Camacho Servín, La Jornada, 9 de marzo.
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