El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, que “no se pudo votar hace un año”, para sancionar como piratería lo que se consideraba infracción en materia de comercio, con objeto de fortalecer las acciones legales que permitan proteger la propiedad intelectual.
A partir de esta ley, se sanciona además a quien “produzca, reproduzca, almacene, distribuya o comercialice copias de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor”, al referir que la piratería ha significado una pérdida de 15 mil millones de pesos por la evasión al impuesto al valor agregado (IVA), de tal suerte que también se sancionará a quien fije, reproduzca, almacene, distribuya, transporte o comercialice copias de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de la propia ley.
En la legislación vigente se establece que son infracciones cuando se trata de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por el derecho de autor o por los derechos conexos.
El Partido del Trabajo planteó, en voz de Jaime Cárdenas, que si bien es atendible la defensa de los derechos de autor, “desde nuestro grupo parlamentario lo leemos de otra manera, porque aquí no se va a combatir, en los hechos, a las grandes bandas o grupos criminales que realizan o que promueven la piratería. Aquí se va a criminalizar al desempleado que como forma de vida accede a este tipo de actividades”.
Quienes defendieron las reformas advirtieron que antes de ellas la autoridad competente no podía actuar “contra aquellos que violan flagrantemente los derechos autorales de los creadores, productores, intérpretes, ejecutantes y actores de las obras cinematográficas y las audiovisuales”.
A partir de esta ley, se sanciona además a quien “produzca, reproduzca, almacene, distribuya o comercialice copias de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor”, al referir que la piratería ha significado una pérdida de 15 mil millones de pesos por la evasión al impuesto al valor agregado (IVA), de tal suerte que también se sancionará a quien fije, reproduzca, almacene, distribuya, transporte o comercialice copias de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de la propia ley.
En la legislación vigente se establece que son infracciones cuando se trata de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por el derecho de autor o por los derechos conexos.
El Partido del Trabajo planteó, en voz de Jaime Cárdenas, que si bien es atendible la defensa de los derechos de autor, “desde nuestro grupo parlamentario lo leemos de otra manera, porque aquí no se va a combatir, en los hechos, a las grandes bandas o grupos criminales que realizan o que promueven la piratería. Aquí se va a criminalizar al desempleado que como forma de vida accede a este tipo de actividades”.
Quienes defendieron las reformas advirtieron que antes de ellas la autoridad competente no podía actuar “contra aquellos que violan flagrantemente los derechos autorales de los creadores, productores, intérpretes, ejecutantes y actores de las obras cinematográficas y las audiovisuales”.
Ciro Pérez Silva y Enrique Méndez, La Jornada, 9 de marzo.
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