El gobierno mexicano consideró ayer que algunas de las más graves iniciativas inmigrantes que se analizan en entidades estadunidenses tienen el potencial de violar los derechos humanos y abrir la puerta a criterios de discriminación racial.
La embajada de México en Washington lamentó, en un comunicado, que en Estados Unidos subsista un “número preocupante de iniciativas en discusión que estigmatizan y culpan indebidamente a los migrantes de problemas sociales en Estados Unidos”, a pesar que no están asociados a ese fenómeno.
“Las más graves, de ser aprobadas y entrar en vigor, violentarían derechos humanos inalienables protegidos por disposiciones jurídicas internacionales y consagrados en la Constitución estadunidense”, deploró la sede diplomática sin aludir a ninguna iniciativa en particular.
Además “abrirían la puerta a criterios de discriminación racial en la aplicación de la ley y solamente criminalizarían el fenómeno migratorio”, remató.
El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, encabezó por ello, en Atlanta, una reunión de coordinación y planeación de los consulados en el sureste de ese país, un encuentro igual que se hizo en 2010 con las representaciones en Arizona en el marco del debate de la SB-1070.
“El objetivo fue revisar y fortalecer la estrategia que despliega el gobierno de México para defender los derechos fundamentales de nuestros nacionales frente a iniciativas estatales y locales que son contrarias a sus derechos e intereses”, señaló la embajada.
“El gobierno de México, respetuoso de los procesos legislativos en Estados Unidos, continuará atento al desarrollo de estas iniciativas en las asambleas correspondientes. En éste y todos los ámbitos”, apuntó.
La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales indicó que sólo el año pasado se promulgaron 208 leyes sobre migración, la mayoría relacionadas con identificaciones y licencias de conducir, a fin de crear nuevos requisitos, crímenes o multas.
Más recientemente, Carolina del Sur aprobó este mes una propuesta de ley de inmigración, la S-20, que permite a la policía cuestionar a cualquier persona si existe una “sospecha razonable” sobre su situación migratoria. La medida aún no es promulgada.
La embajada señaló que la estrategia mexicana incluye la colaboración con sectores de la sociedad civil de EU —empresariales, religiosos, comunitarios, académicos y líderes de opinión— que reconocen las contribuciones de los mexicanos.
México difunde información sobre los efectos de este tipo de leyes, realiza análisis jurídicos y de las acciones de litigio viables contra estas iniciativas e instrumenta un plan integral de protección a través de servicios consulares y asesoría jurídica, finalizó.
En la reunión de Atlanta participaron los cónsules de México en Atlanta, Indianápolis, Kansas City, Miami, Nueva Orleans, Orlando, Raleigh y la Sección Consular en Washington DC, entre otros diplomáticos mexicanos.
La Crónica, 15 de marzo.
La embajada de México en Washington lamentó, en un comunicado, que en Estados Unidos subsista un “número preocupante de iniciativas en discusión que estigmatizan y culpan indebidamente a los migrantes de problemas sociales en Estados Unidos”, a pesar que no están asociados a ese fenómeno.
“Las más graves, de ser aprobadas y entrar en vigor, violentarían derechos humanos inalienables protegidos por disposiciones jurídicas internacionales y consagrados en la Constitución estadunidense”, deploró la sede diplomática sin aludir a ninguna iniciativa en particular.
Además “abrirían la puerta a criterios de discriminación racial en la aplicación de la ley y solamente criminalizarían el fenómeno migratorio”, remató.
El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, encabezó por ello, en Atlanta, una reunión de coordinación y planeación de los consulados en el sureste de ese país, un encuentro igual que se hizo en 2010 con las representaciones en Arizona en el marco del debate de la SB-1070.
“El objetivo fue revisar y fortalecer la estrategia que despliega el gobierno de México para defender los derechos fundamentales de nuestros nacionales frente a iniciativas estatales y locales que son contrarias a sus derechos e intereses”, señaló la embajada.
“El gobierno de México, respetuoso de los procesos legislativos en Estados Unidos, continuará atento al desarrollo de estas iniciativas en las asambleas correspondientes. En éste y todos los ámbitos”, apuntó.
La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales indicó que sólo el año pasado se promulgaron 208 leyes sobre migración, la mayoría relacionadas con identificaciones y licencias de conducir, a fin de crear nuevos requisitos, crímenes o multas.
Más recientemente, Carolina del Sur aprobó este mes una propuesta de ley de inmigración, la S-20, que permite a la policía cuestionar a cualquier persona si existe una “sospecha razonable” sobre su situación migratoria. La medida aún no es promulgada.
La embajada señaló que la estrategia mexicana incluye la colaboración con sectores de la sociedad civil de EU —empresariales, religiosos, comunitarios, académicos y líderes de opinión— que reconocen las contribuciones de los mexicanos.
México difunde información sobre los efectos de este tipo de leyes, realiza análisis jurídicos y de las acciones de litigio viables contra estas iniciativas e instrumenta un plan integral de protección a través de servicios consulares y asesoría jurídica, finalizó.
En la reunión de Atlanta participaron los cónsules de México en Atlanta, Indianápolis, Kansas City, Miami, Nueva Orleans, Orlando, Raleigh y la Sección Consular en Washington DC, entre otros diplomáticos mexicanos.
La Crónica, 15 de marzo.
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