La Suprema Corte de Justicia, en voz de la ministra Margarita Luna Ramos, se sumó a la controversia desatada por el retiro cinematográfico de Presunto Culpable.
En un pronunciamiento de 12 cuartillas, expresó a la juez Blanca Lobo Domínguez —quien ordenó suspender la proyección de manera temporal— que el país “necesita de jueces fuertes, que en el embate de la tempestad sepan mantener el rumbo”, y le pidió no dejarse vencer por el temor, “factor utilizado para docilitar al juzgador”.
Sin embargo, Luna Ramos, quien inscribió su posición en el Día Internacional de la Mujer, aceptó que el documental “exhibe al público diversas deficiencias del sistema de procuración e impartición de justicia”, en especial en el Distrito Federal.
Dijo que el Poder Judicial Federal no tiene ningún interés en censurar la cinta, porque en nada puede ser afectado “si las deficiencias reveladas son de autoridades judiciales” capitalinas.
Solicitó a Lobo Domínguez tener presente que el papel del PJF tiene una importancia primordial, pues la sociedad demanda “eficiente y eficaz” desempeño de sus juzgadores. “El sentimiento de orgullo y pertenencia debe verse reflejado en el excelente desempeño de la función jurisdiccional, sin que esa búsqueda de la excelencia sea terreno fértil para la soberbia y la arbitrariedad… Por eso, que en el dictado de la sentencia no influya el fino soborno de la lisonja y el elogio, o la encubierta amenaza del improperio público”.
Le sugirió, en un afán de dar confiabilidad a sus decisiones, conocer a la perfección el expediente y mantener la independencia de criterio.
“El juez ha de ser imparcial… En el sitial de juzgadora que ahora ocupa, labra cotidianamente su prestigio, que forma parte del prestigio del Poder Judicial Federal, de ahí su gran responsabilidad”.
En su justificación de la nota, Luna Ramos no utilizó la palabra “defensa” a Lobo, y aclaró que su objetivo sólo es “fomentar una cultura de la legalidad”. No obstante, sí señaló que la juez “ha sido duramente tratada” y su actitud ha provocado “los más severos reproches”.
Refirió haberla conocido en la Corte hace siete años, “y siempre llevó a cabo su labor con esmero, dedicación, empeño y profesionalismo. Su nombramiento como juez (10 de febrero de 2010) obedeció a la aprobación satisfactoria de los exámenes de oposición formulados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 9 de marzo.
En un pronunciamiento de 12 cuartillas, expresó a la juez Blanca Lobo Domínguez —quien ordenó suspender la proyección de manera temporal— que el país “necesita de jueces fuertes, que en el embate de la tempestad sepan mantener el rumbo”, y le pidió no dejarse vencer por el temor, “factor utilizado para docilitar al juzgador”.
Sin embargo, Luna Ramos, quien inscribió su posición en el Día Internacional de la Mujer, aceptó que el documental “exhibe al público diversas deficiencias del sistema de procuración e impartición de justicia”, en especial en el Distrito Federal.
Dijo que el Poder Judicial Federal no tiene ningún interés en censurar la cinta, porque en nada puede ser afectado “si las deficiencias reveladas son de autoridades judiciales” capitalinas.
Solicitó a Lobo Domínguez tener presente que el papel del PJF tiene una importancia primordial, pues la sociedad demanda “eficiente y eficaz” desempeño de sus juzgadores. “El sentimiento de orgullo y pertenencia debe verse reflejado en el excelente desempeño de la función jurisdiccional, sin que esa búsqueda de la excelencia sea terreno fértil para la soberbia y la arbitrariedad… Por eso, que en el dictado de la sentencia no influya el fino soborno de la lisonja y el elogio, o la encubierta amenaza del improperio público”.
Le sugirió, en un afán de dar confiabilidad a sus decisiones, conocer a la perfección el expediente y mantener la independencia de criterio.
“El juez ha de ser imparcial… En el sitial de juzgadora que ahora ocupa, labra cotidianamente su prestigio, que forma parte del prestigio del Poder Judicial Federal, de ahí su gran responsabilidad”.
En su justificación de la nota, Luna Ramos no utilizó la palabra “defensa” a Lobo, y aclaró que su objetivo sólo es “fomentar una cultura de la legalidad”. No obstante, sí señaló que la juez “ha sido duramente tratada” y su actitud ha provocado “los más severos reproches”.
Refirió haberla conocido en la Corte hace siete años, “y siempre llevó a cabo su labor con esmero, dedicación, empeño y profesionalismo. Su nombramiento como juez (10 de febrero de 2010) obedeció a la aprobación satisfactoria de los exámenes de oposición formulados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 9 de marzo.
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