Niegan amparo definitivo contra Presunto Culpable; sigue la exhibición; Lobo Domínguez ordena difuminar la imagen de Víctor Reyes

Dos juezas federales dieron a conocer ayer su negativa a otorgar la suspensión definitiva de la proyección del documental Presunto Culpable, por lo que éste podrá seguir exhibiéndose en los cines.

Blanca Lobo Domínguez, juez 12 de Distrito en Materia Administrativa, quien había otorgado la suspensión provisional de la cinta, rechazó suspender en definitiva la exhibición del filme en el amparo que solicitó Víctor Manuel Reyes, testigo de cargo, contra José Antonio Zúñiga, protagonista del documental.

Por otra parte, Mónica Soto Bueno, juez 10 de Distrito en Materia Administrativa, se pronunció en el mismo sentido en la demanda de amparo que promovieron cinco familiares de Juan Carlos Reyes, cuyo homicidio fue atribuido a Zúñiga. En este caso, la juez negó desde un principio la suspensión provisional.

Lobo Domínguez en su fallo solicitó a la Secretaría de Gobernación, por medio del director General de Radio, Televisión y Cinematografía, ordenar difuminar la imagen de Víctor Reyes Bravo, así como proteger sus datos personales "a fin de que durante la exhibición comercial del documental Presunto Culpable se resguarde y camuflaje la identidad del quejoso, así como también para que se protejan sus datos personales, toda vez que esos derechos del quejoso también se encuentran protegidos por la Constitución", se lee en el extracto del incidente de suspensión 171/2011.

En su resolución, la juez aclaró que la disposición no constituye un acto de censura, sino una medida para equilibrar el derecho a la información de la sociedad y el del promovente del amparo a resguardar su identidad.

Estimó que de suspender en definitiva el documental se limitaría a la colectividad el derecho a la información que el mismo contiene, tal y como lo señala el artículo sexto: "El derecho a la información será garantizado por el Estado".

"Lo anterior es así porque tal disposición legal se refiere al principio según el cual el interés colectivo está por encima del particular. Si el interés de la parte quejosa para que no se ejecute el acto reclamado pugna con el de la sociedad o el Estado, debe relevarse el primero, en beneficio del segundo", dijo la juez.

Sin embargo, señaló que la misma norma constitucional establece, entre los principios y bases que debe regir el derecho a la información, la protección de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de los gobernados.

En ese sentido, y en virtud de que Víctor Reyes Bravo reclamó que su imagen no fue autorizada en dicha película, así como las molestias que le ha causado hacia su persona, temiendo inclusive por su seguridad "la suscrita —la juez— estima necesario dictar medidas cautelares para conservar la materia del juicio de amparo y evitar daños y perjuicios de imposible reparación al impetrante".

De acuerdo con los listados del Consejo de la Judicatura Federal, los fallos fueron emitidos el viernes, horas después de que se llevaron a cabo audiencias incidentales en las que comparecieron Cinépolis, Roberto Hernández, director del filme, y los quejosos. Sin embargo, las notificaciones correspondientes fueron realizadas ayer lunes.

La resolución de la juez Lobo Domínguez puede ser impugnada mediante una queja ante tribunales colegiados, tanto por la RTC y el demandante como por los productores de la cinta, los exhibidores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Denis A. García, La Crónica, 15 de marzo.