El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentará hoy su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que pretende dar más ventajas a las empresas, al instaurar los contratos de prueba, ligar el escalafón a la productividad y notificar despidos a las juntas de conciliación antes que a los empleados. El proyecto, además, impone una protección a los sindicatos.
La iniciativa propone incluir un párrafo al artículo 357 de la ley, para que “las autoridades públicas deban abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho (a constituir sindicatos) o a entorpecer su ejercicio legal”.
La protección que busca ampliar el PRI a los sindicatos considera, inclusive, que la obligación de las dirigencias de rendir informes semestrales sobre la administración del patrimonio sea a partir de los términos que establezcan los estatutos de cada organización.
Los priístas advierten que no permitirán la injerencia del gobierno “bajo el pretexto de fiscalizar la vida de los sindicatos”, porque ello vulneraría su autonomía y formas de organización interna.
Asimismo, el proyecto priísta endurece los requisitos para declarar la existencia de una huelga.
Para integrar el padrón de votación, la junta de conciliación deberá requerir al patrón la exhibición, tres días hábiles después a la notificación, de las cédulas de liquidación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, altas y bajas de los trabajadores, las nóminas y la lista de sindicalizados, incluyendo su registro federal de contribuyente y registro ante el Seguro Social.
Los sufragantes, plantea el proyecto priísta, deberán identificarse antes de emitir su voto, con documento oficial, de preferencia su credencial de elector e imprimir su huella digital en el padrón.
El voto, señala, deberá ser libre, directo y secreto, y la junta “tomará las medidas necesarias para garantizarlo así (y) en caso de que se susciten actos de presión en contra de los trabajadores para influir o violentar su decisión o cuando se les impida acudir a la votación, se solicitará el auxilio de la fuerza pública”.
En la exposición de motivos, el PRI señala que es necesario adecuar la LFT para generar mejores beneficios al capital y a los trabajadores. El PRI plantea incluir en la ley los denominados periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo de temporada, con el argumento de que los trabajadores sin experiencia deben capacitarse, desarrollar habilidades y experiencia.
“Se incluyen medidas y candados para evitar posibles abusos: que los contratos sean por escrito, que los periodos de prueba y de capacitación inicial sean improrrogables, y no puedan repetirse en relación con la misma persona”, señala.
Pero si al término de dichos contratos la empresa considera que el trabajador “no acreditó competencia”, dará por terminada la relación laboral “sin responsabilidad para el patrón”.
La iniciativa propone incluir un párrafo al artículo 357 de la ley, para que “las autoridades públicas deban abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho (a constituir sindicatos) o a entorpecer su ejercicio legal”.
La protección que busca ampliar el PRI a los sindicatos considera, inclusive, que la obligación de las dirigencias de rendir informes semestrales sobre la administración del patrimonio sea a partir de los términos que establezcan los estatutos de cada organización.
Los priístas advierten que no permitirán la injerencia del gobierno “bajo el pretexto de fiscalizar la vida de los sindicatos”, porque ello vulneraría su autonomía y formas de organización interna.
Asimismo, el proyecto priísta endurece los requisitos para declarar la existencia de una huelga.
Para integrar el padrón de votación, la junta de conciliación deberá requerir al patrón la exhibición, tres días hábiles después a la notificación, de las cédulas de liquidación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, altas y bajas de los trabajadores, las nóminas y la lista de sindicalizados, incluyendo su registro federal de contribuyente y registro ante el Seguro Social.
Los sufragantes, plantea el proyecto priísta, deberán identificarse antes de emitir su voto, con documento oficial, de preferencia su credencial de elector e imprimir su huella digital en el padrón.
El voto, señala, deberá ser libre, directo y secreto, y la junta “tomará las medidas necesarias para garantizarlo así (y) en caso de que se susciten actos de presión en contra de los trabajadores para influir o violentar su decisión o cuando se les impida acudir a la votación, se solicitará el auxilio de la fuerza pública”.
En la exposición de motivos, el PRI señala que es necesario adecuar la LFT para generar mejores beneficios al capital y a los trabajadores. El PRI plantea incluir en la ley los denominados periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo de temporada, con el argumento de que los trabajadores sin experiencia deben capacitarse, desarrollar habilidades y experiencia.
“Se incluyen medidas y candados para evitar posibles abusos: que los contratos sean por escrito, que los periodos de prueba y de capacitación inicial sean improrrogables, y no puedan repetirse en relación con la misma persona”, señala.
Pero si al término de dichos contratos la empresa considera que el trabajador “no acreditó competencia”, dará por terminada la relación laboral “sin responsabilidad para el patrón”.
Enrique Méndez y ROberto Garduño, La Jornada, 10 de marzo.
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