“No lo haremos”, esa fue la respuesta que la productora de Presunto culpable, Layda Negrete, manifestó a través de una red social ante la resolución emitida por la juez Blanca Lobo Domínguez de camuflar la imagen del testigo Víctor Daniel Bravo.
A la par de los productores, Cinépolis dio a conocer a través de un comunicado que ayer por la tarde recibió de parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el oficio a través del cual se requiere “que de forma inmediata realicen las acciones materiales y técnicas tendientes a cumplimentar lo ordenado el pasado 11 de marzo”.
Esa misma tarde, Cinépolis contestó a RTC, señalando que “dado que la juez de Distrito negó al quejoso la suspensión definitiva, la autorización de RTC para exhibir Presunto Culpable continúa vigente, por lo tanto, la exhibición del documental es válida y legal. La juez de Distrito dictó cierta ‘medida cautelar’ dirigida únicamente a RTC (no a Cinépolis), consistente en girar ciertas órdenes, en lo cual la cadena no puede substituirse, al no ser autoridad competente en materia cinematográfica.
“Y por último, la ley prohíbe a distribuidores y exhibidores modificar, alterar, mutilar, censurar o cortar las películas sin la autorización previa del titular de los derechos de autor (aún cuando se tratara de alteraciones tendientes a resguardar o camuflar la identidad o proteger los datos personales del quejoso). El oficio de RTC antes mencionado no deja sin efectos la autorización para exhibición comercial de Presunto Culpable otorgada a Cinépolis, ni ordena suspender la exhibición de la película”, se leyó en la misiva.
Por tanto, el distribuidor dio a conocer que se encuentra “analizando cuidadosamente las implicaciones y alcances de la inusual, inconsistente y, desde su perspectiva, ilegal ‘medida cautelar’ ordenada por la juez”, quien en aras de proteger las garantías individuales del testigo, ordenó camuflar su imagen y resguardar sus datos personales.
Cinépolis estudia los medios legales disponibles para combatir dicha orden, para que en el momento en que “oficialmente” se les indique proceder, tendrían frente a sí una labor titánica. Se tendría que proceder de dos formas:
La primera de ellas es manual e implica retirar de cada una de las salas las copias, a fin de pintar las escenas en las que aparece el testigo directo al negativo. La segunda sería digital e implicaría entrar en un proceso de postproducción, en el que se taparía el rostro de Víctor Daniel desde el máster digital.
Ambos procesos resultan complicados en tiempos de trabajo y muy costosos, por ello,“si me preguntas ¿técnicamente es posible hacerlo?, diría que sí, aunque para hacerlo hay varias rutas y ninguna de ellas es fácil”, dijo a ¡hey! Daniel Salazar, gerente de Atención a Medios de New Art, los laboratorios donde se postprodujo y copió el documental.
“Empezaríamos desde sacar una película del cine y cuadro por cuadro rellenar con un plumón el rostro, hasta irte pasos atrás a la postproducción y corregir digitalmente, para después imprimir un negativo. Cualquiera de las dos rutas tendría un costo muy elevado y tardaría muchísimo.”, explicó Salazar.
Por cada segundo de cinta se tienen 24 cuadros de imagen y el testigo aparece en promedio 30 minutos dentro del documental.
“Estaríamos hablando de no menos de dos semanas de trabajo, y el costo sería elevado. Una copia cuesta aproximadamente 10 mil pesos multiplícalo por 300 copias, más los procesos previos, más los procesos de filmar, demasiado”, comentó Daniel.
Si se procediera de manera digital, deberían sumarse varios costos. Una sala de postproducción cuesta 380 dólares, más el sueldo del operador, más la supervisión del fotógrafo o director del documental. De 30 minutos en los que aparece Víctor Daniel sería un aproximado de 60 mil dólares, más el costo de las copias que se distribuyen y cada una cuesta 850 dólares.
“Esta alternativa quizá es más rápida, pero sería trabajarlo en un centro de postproducción, una sola persona, el postproductor debería pintar la imagen y posteriormente se filmaría la película en un negativo nuevo y se harían nuevamente las 300 copias que se exhiben, esto tardaría unas tres semanas”, agregó.
De recibir la orden para tapar o camuflar la imagen del testigo, el distribuidor no tendría otras alternativas, pues “las copias ya están hechas y están en un medio físico”, concluyó el gerente de Atención a Medios de New Art al explicar cuáles serían los procedimientos que se pueden realizar para llevar a cabo la petición de la juez, en el caso del documental Presunto culpable.
La ley
Dentro del Artículo 6º de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos se señalan las garantías referentes a la libertad de expresión.
La norma indica que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público (…)”.
Sin embargo, la misma norma constitucional establece entre los principios y bases que deben regir el derecho a la información, la protección de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de los gobernados. Por tanto, Blanca Lobo procedió mediante una ‘medida cautelar’ a fin de respetar “las garantías del quejoso”, quien pelea no haber otorgado ningún permiso para que su imagen sea exhibida. Según el testigo, “la exhibición de Presunto culpable le ha generado molestias e incluso amenazas”, se lee en la resolución emitida el pasado lunes por la juez.
Ivett Salgado • Ciudad de México, Milenio, 16 de marzo.
A la par de los productores, Cinépolis dio a conocer a través de un comunicado que ayer por la tarde recibió de parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el oficio a través del cual se requiere “que de forma inmediata realicen las acciones materiales y técnicas tendientes a cumplimentar lo ordenado el pasado 11 de marzo”.
Esa misma tarde, Cinépolis contestó a RTC, señalando que “dado que la juez de Distrito negó al quejoso la suspensión definitiva, la autorización de RTC para exhibir Presunto Culpable continúa vigente, por lo tanto, la exhibición del documental es válida y legal. La juez de Distrito dictó cierta ‘medida cautelar’ dirigida únicamente a RTC (no a Cinépolis), consistente en girar ciertas órdenes, en lo cual la cadena no puede substituirse, al no ser autoridad competente en materia cinematográfica.
“Y por último, la ley prohíbe a distribuidores y exhibidores modificar, alterar, mutilar, censurar o cortar las películas sin la autorización previa del titular de los derechos de autor (aún cuando se tratara de alteraciones tendientes a resguardar o camuflar la identidad o proteger los datos personales del quejoso). El oficio de RTC antes mencionado no deja sin efectos la autorización para exhibición comercial de Presunto Culpable otorgada a Cinépolis, ni ordena suspender la exhibición de la película”, se leyó en la misiva.
Por tanto, el distribuidor dio a conocer que se encuentra “analizando cuidadosamente las implicaciones y alcances de la inusual, inconsistente y, desde su perspectiva, ilegal ‘medida cautelar’ ordenada por la juez”, quien en aras de proteger las garantías individuales del testigo, ordenó camuflar su imagen y resguardar sus datos personales.
Cinépolis estudia los medios legales disponibles para combatir dicha orden, para que en el momento en que “oficialmente” se les indique proceder, tendrían frente a sí una labor titánica. Se tendría que proceder de dos formas:
La primera de ellas es manual e implica retirar de cada una de las salas las copias, a fin de pintar las escenas en las que aparece el testigo directo al negativo. La segunda sería digital e implicaría entrar en un proceso de postproducción, en el que se taparía el rostro de Víctor Daniel desde el máster digital.
Ambos procesos resultan complicados en tiempos de trabajo y muy costosos, por ello,“si me preguntas ¿técnicamente es posible hacerlo?, diría que sí, aunque para hacerlo hay varias rutas y ninguna de ellas es fácil”, dijo a ¡hey! Daniel Salazar, gerente de Atención a Medios de New Art, los laboratorios donde se postprodujo y copió el documental.
“Empezaríamos desde sacar una película del cine y cuadro por cuadro rellenar con un plumón el rostro, hasta irte pasos atrás a la postproducción y corregir digitalmente, para después imprimir un negativo. Cualquiera de las dos rutas tendría un costo muy elevado y tardaría muchísimo.”, explicó Salazar.
Por cada segundo de cinta se tienen 24 cuadros de imagen y el testigo aparece en promedio 30 minutos dentro del documental.
“Estaríamos hablando de no menos de dos semanas de trabajo, y el costo sería elevado. Una copia cuesta aproximadamente 10 mil pesos multiplícalo por 300 copias, más los procesos previos, más los procesos de filmar, demasiado”, comentó Daniel.
Si se procediera de manera digital, deberían sumarse varios costos. Una sala de postproducción cuesta 380 dólares, más el sueldo del operador, más la supervisión del fotógrafo o director del documental. De 30 minutos en los que aparece Víctor Daniel sería un aproximado de 60 mil dólares, más el costo de las copias que se distribuyen y cada una cuesta 850 dólares.
“Esta alternativa quizá es más rápida, pero sería trabajarlo en un centro de postproducción, una sola persona, el postproductor debería pintar la imagen y posteriormente se filmaría la película en un negativo nuevo y se harían nuevamente las 300 copias que se exhiben, esto tardaría unas tres semanas”, agregó.
De recibir la orden para tapar o camuflar la imagen del testigo, el distribuidor no tendría otras alternativas, pues “las copias ya están hechas y están en un medio físico”, concluyó el gerente de Atención a Medios de New Art al explicar cuáles serían los procedimientos que se pueden realizar para llevar a cabo la petición de la juez, en el caso del documental Presunto culpable.
La ley
Dentro del Artículo 6º de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos se señalan las garantías referentes a la libertad de expresión.
La norma indica que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público (…)”.
Sin embargo, la misma norma constitucional establece entre los principios y bases que deben regir el derecho a la información, la protección de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de los gobernados. Por tanto, Blanca Lobo procedió mediante una ‘medida cautelar’ a fin de respetar “las garantías del quejoso”, quien pelea no haber otorgado ningún permiso para que su imagen sea exhibida. Según el testigo, “la exhibición de Presunto culpable le ha generado molestias e incluso amenazas”, se lee en la resolución emitida el pasado lunes por la juez.
Ivett Salgado • Ciudad de México, Milenio, 16 de marzo.
1 comentarios:
Me parece bien que se mantengan firmes en su posición. Creo que la gente que está a cargo de esta industria tiene las cosas muy claras como para confundirse en algo semejante. Además es bueno, porque asegura a los clientes que cuando están mirando la cartelera de cine saben que no van a tener ningún problema, que als medidas de seguridad son cumplidas y que las normas básicas que debe acatar una empresa, lo son!
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