Líderes sindicales, especialistas laborales y directivos de recursos humanos coincidieron en que el marco normativo del trabajo debe modificarse para contemplar reglamentos a los servicios de subcontratación de personal u outsourcing; sin embargo, algunos consideran que la reforma laboral del PRI no cumple con garantizar los derechos de los trabajadores en este esquema.
En entrevista con MILENIO, los representantes de empresas de terciarización expresaron posturas contrarias respecto de la propuesta presentada por el PRI el pasado 10 de marzo en la Cámara de Diputados; mientras unos aseguran que se reglamentará “una realidad existente” en el mundo del trabajo, otras señalan que se legalizará una práctica contraria al Artículo 123 Constitucional, en lo que se refiere a estabilidad en el empleo.
Las empresas de outsourcing, subcontratistas o intermediarias laborales realizan la contratación directa de trabajadores, quienes a su vez prestan sus servicios a otro patrón, es decir, que el esquema laboral pasa de ser bipartita, a involucrar a un tercero.
La actual Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 15, establece que en empresas que ejecuten obras o servicios para otra, la beneficiaria será responsable solidaria de las obligaciones con los trabajadores, y éstos tendrán derecho a disfrutar de “condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria”.
Por su parte, el PRI propone incluir el artículo 15 Bis, que establece el concepto de trabajo en régimen de subcontratación y plantea que éste deberá formalizarse por escrito e incluir la manera en que se garantizarán los derechos laborales, además de que “se presumirá como doloso cuando se utilice con el fin de simular salarios y prestaciones menores o cuando las empresas prestadoras de servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil con los trabajadores”.
En 2009 se aprobó una iniciativa presentada por el actual secretario de prensa de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Patricio Flores, para modificar la Ley del Seguro Social, en la que se establecieron cambios para evitar la evasión de las cuotas obrero patronales de las empresas subcontratadoras, pero no se realizaron cambios en la LFT.
Según un análisis realizado por Patricio Flores en 2009 la evasión de contribuciones fiscales y laborales superó los 6 mil millones de pesos; mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que algunas de esas compañías omitieron pagos por mil 900 millones de pesos en ese año.
Mateo Dean, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) consideró que a pesar de que las empresas de outsourcing han experimentado un crecimiento exponencial en la última década, no existen cifras oficiales respecto del número de trabajadores bajo este esquema.
Dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no cuenta con ninguna cifra al respecto, y la única referencia son los datos ofrecidos por el INEGI, de los que destaca que en 2008 14 por ciento de los trabajadores se encontraba en este esquema; sin embargo, sólo da cuenta de los que se encuentran en el sector privado, mientras que el sector público “está inexplorado en el tema”.
Carlos Gallegos, miembro del comité jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que agrupa a las 15 empresas más importantes en el ramo, informó que el crecimiento anual de las compañías oscila entre 12 y 18 por ciento, en 2009 tenían a 110 mil trabajadores y para enero de 2011 se incrementaron hasta los 125 mil.
Según el directivo, la propuesta del PRI es positiva en tanto que regula el esquema, además de que rechazó que los trabajadores subcontratados se encuentren en una situación de desventaja respecto a los empleados de planta.
Dean opina que la subcontratación es contraria al Artículo 123 Constitucional, pues un trabajador es contratado por periodos cortos de tiempo, la empresa en donde ofrece sus servicios puede prescindir de ellos sin notificarle y sin consecuencias; y otorga mayores prestaciones y beneficios a los de planta.
Al respecto, Gallegos, enfatizó en que los empleados subcontratados cuentan con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en 30 por ciento de los casos logran obtener un contrato de planta en la empresa beneficiaria, no obstante, aceptó que no hay un promedio del tiempo que permanecen en la fuente de trabajo, el cual puede variar de acuerdo a las necesidades de producción, temporada o proyecto.
Tanto Dean como Carlos Rivera, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) coincidieron en que la subcontratación es un esquema que precariza el empleo, pues los trabajadores no pueden sindicalizarse, favorece a las grandes empresas, pues con ello evitan la contratación de planta.
Finalmente, Gallegos dio a conocer que hasta el momento no hay referencia de que exista un sindicato de trabajadores subcontratados, aunque no hay imposibilidad para que puedan asociarse.
Mariana Otero-Briz, Milenio, 21 de marzo.
En entrevista con MILENIO, los representantes de empresas de terciarización expresaron posturas contrarias respecto de la propuesta presentada por el PRI el pasado 10 de marzo en la Cámara de Diputados; mientras unos aseguran que se reglamentará “una realidad existente” en el mundo del trabajo, otras señalan que se legalizará una práctica contraria al Artículo 123 Constitucional, en lo que se refiere a estabilidad en el empleo.
Las empresas de outsourcing, subcontratistas o intermediarias laborales realizan la contratación directa de trabajadores, quienes a su vez prestan sus servicios a otro patrón, es decir, que el esquema laboral pasa de ser bipartita, a involucrar a un tercero.
La actual Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 15, establece que en empresas que ejecuten obras o servicios para otra, la beneficiaria será responsable solidaria de las obligaciones con los trabajadores, y éstos tendrán derecho a disfrutar de “condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria”.
Por su parte, el PRI propone incluir el artículo 15 Bis, que establece el concepto de trabajo en régimen de subcontratación y plantea que éste deberá formalizarse por escrito e incluir la manera en que se garantizarán los derechos laborales, además de que “se presumirá como doloso cuando se utilice con el fin de simular salarios y prestaciones menores o cuando las empresas prestadoras de servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil con los trabajadores”.
En 2009 se aprobó una iniciativa presentada por el actual secretario de prensa de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Patricio Flores, para modificar la Ley del Seguro Social, en la que se establecieron cambios para evitar la evasión de las cuotas obrero patronales de las empresas subcontratadoras, pero no se realizaron cambios en la LFT.
Según un análisis realizado por Patricio Flores en 2009 la evasión de contribuciones fiscales y laborales superó los 6 mil millones de pesos; mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que algunas de esas compañías omitieron pagos por mil 900 millones de pesos en ese año.
Mateo Dean, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) consideró que a pesar de que las empresas de outsourcing han experimentado un crecimiento exponencial en la última década, no existen cifras oficiales respecto del número de trabajadores bajo este esquema.
Dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no cuenta con ninguna cifra al respecto, y la única referencia son los datos ofrecidos por el INEGI, de los que destaca que en 2008 14 por ciento de los trabajadores se encontraba en este esquema; sin embargo, sólo da cuenta de los que se encuentran en el sector privado, mientras que el sector público “está inexplorado en el tema”.
Carlos Gallegos, miembro del comité jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que agrupa a las 15 empresas más importantes en el ramo, informó que el crecimiento anual de las compañías oscila entre 12 y 18 por ciento, en 2009 tenían a 110 mil trabajadores y para enero de 2011 se incrementaron hasta los 125 mil.
Según el directivo, la propuesta del PRI es positiva en tanto que regula el esquema, además de que rechazó que los trabajadores subcontratados se encuentren en una situación de desventaja respecto a los empleados de planta.
Dean opina que la subcontratación es contraria al Artículo 123 Constitucional, pues un trabajador es contratado por periodos cortos de tiempo, la empresa en donde ofrece sus servicios puede prescindir de ellos sin notificarle y sin consecuencias; y otorga mayores prestaciones y beneficios a los de planta.
Al respecto, Gallegos, enfatizó en que los empleados subcontratados cuentan con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en 30 por ciento de los casos logran obtener un contrato de planta en la empresa beneficiaria, no obstante, aceptó que no hay un promedio del tiempo que permanecen en la fuente de trabajo, el cual puede variar de acuerdo a las necesidades de producción, temporada o proyecto.
Tanto Dean como Carlos Rivera, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) coincidieron en que la subcontratación es un esquema que precariza el empleo, pues los trabajadores no pueden sindicalizarse, favorece a las grandes empresas, pues con ello evitan la contratación de planta.
Finalmente, Gallegos dio a conocer que hasta el momento no hay referencia de que exista un sindicato de trabajadores subcontratados, aunque no hay imposibilidad para que puedan asociarse.
Mariana Otero-Briz, Milenio, 21 de marzo.
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